Las pequeñas Islas Marshall desafían a las potencias nucleares en Corte de La Haya

En una excursión en 1986  por las Islas Marshall, Adam Jonas Horowitz se sorprendió con el hallazgo de cocos radioactivos y  fugas en los depósitos de residuos nucleares. La expedición fue parte de un documental que mostró por primera vez el resultado directo de las 67 pruebas nucleares estadounidenses (efectuadas entre 1946 y 1958) en las que se vaporizaron los anillos coralinos y devastaron poblaciones enteras durante el periodo de Guerra Fría.

Con estas evidencias y varios testimonios de personas con secuelas radioactivas, en abril de 2014 el archipiélago del Pacífico de apenas 72.000 habitantes se atrevió a demandar en el principal órgano judicial de Naciones Unidas (la Corte Internacional de Justicia) a las principales potencias nucleares del planeta.

Las autoridades de Las Islas Marshall consideran que los países con arsenales nucleares; Estados Unidos, Corea del Norte, China, Israel, Francia, India, Pakistán, Reino Unido y Rusia no cumplieron con los términos del desarme establecidos en el Tratado de No Proliferación Nuclear (NPT de 1968).

Este caso es inédito (por el poder que representa la pequeña nación)  y vuelve a poner sobre la mesa el siempre controvertido tema del desarme nuclear.

Experimentos

Tony de Brum, exministro de Relaciones Exteriores de las Islas Marshall,  detalló ante la CIJ en La Haya su experiencia con las pruebas nucleares. “A los 9 años -en 1954-, en una pesca junto mi abuelo vi el cielo completamente rojo; a 200 kilómetros de nosotros, los científicos estadounidenses hicieron explotar una bomba de hidrógeno 1.000 veces más potente que la que devastó Hiroshima. Las consecuencias no fueron solo geológicas”.

Ron Van Riet, quien forma parte del equipo legal  de las Islas, denunció que desde entonces los habitantes del archipiélago han lidiado durante generaciones con los problemas de la radiación, que incluyen cáncer y malformaciones genéticas.

Operación Crossroads (julio de 1946) y Castle Bravo (marzo de 1954) fueron parte de estos centros de pruebas nucleares estadounidenses en el pacífico en el atolón de Bikini. Esta detonación creó en la cercana atolón de Rongelap una lluvia radiactiva y dos pulgadas (50 mm) de nieve radiactiva.

A diferencia de Bikini, este último sitio no fue evacuado hasta 1954, cuando trasladaron a sus habitantes a un centro de investigación estadounidense que determine las consecuencias radioactivas. Las autoridades americanas retornaron  en 1957 a estas personas bajo vigilancia médica.

Luego de 20 años de su primer documental, Horowitz regresó al archipiélago para filmar otro de carácter político y cultural que desveló los efectos de la Guerra Fría.

Basándose en documentos desclasificados, testimonios desoladores de los supervivientes y sorprendentes archivos que no habían visto la luz el audiovisual mostró un proyecto inhumano.

El Proyecto Secreto 4.1  fue un experimento estadounidense sobre la exposición a sobredosis de radiación –de forma deliberada- solo para comprobar los efectos de la radiación, aunque supusiese la mutilación y muerte de muchas personas.

El filme, Nuclear Save, exhibido y galardonado en diferentes festivales internacionales también fue restringido en otros países por su contenido.

Ejemplo de lucha

En 1990 el archipiélago se independizó de Estados Unidos. A pesar de seguir dependiendo en varios aspectos de la superpotencia, sus autoridades decidieron llevar su caso ante la Corte Internacional de Justicia para dar ejemplo.

En efecto, esta demanda sirvió para que el 10 de marzo la Polinesia Francesa exija compensaciones económicas a París por $ 930 millones por las pruebas nucleares.

Entre 1966 y 1996, Francia efectuó 193 detonaciones. Años más tarde -en el 2006-, un equipo de médicos de ese país estimó que los casos de cáncer aumentaron en las islas como secuelas de las pruebas nucleares.

Según el último estudio en la zona, que data de 1998, parte de este depósito de residuos contaminantes se encuentra en las entrañas del océano Pacífico, en profundidades de hasta 1.000 metros.

Yves Haupert, portavoz del órgano Legislativo del colectivo insular, mediante correo electrónico señaló que “No queremos llegar a los tribunales, lo que pretendemos es alcanzar un acuerdo sobre este difícil tema basado en dos aspectos: el impacto en el medio ambiente y las consecuencias en la salud de nuestra población”.

Los abogados señalan que hasta la fecha en atolones de Mururoa y Fangataufa o la isla de Tahití se esconden 3.200 toneladas de material radiactivo.

La defensa de los 9

El abogado de las Islas Marshall, Ron Van Riet, aclara que “este no es un caso contra EE.UU., sino contra la proliferación nuclear”.

El jurista asegura que la obligatoriedad del desarme nuclear “no la está cumpliendo ninguna de las nueve potencias” y que lamentablemente tampoco hay intención de negociar multilateralmente una disminución de los arsenales.

La lucha que mantienen junto a el exministro de Relaciones Exteriores de las Islas Marshall, Tony de Brum, es solo un caso entre muchas de naciones, casi todas subdesarrolladas, que ven amenazado su futuro y su economía por las consecuencias del calentamiento global.

Irónicamente este problema es causado por las emisiones de gases de países ricos e industrializados que son los mismos que poseen bombas nucleares.

Estas pequeñas islas enfrentan un problema de existencia si el nivel del mar sube. Si eso ocurre su territorio desaparecería.   

Por su parte, las potencias se defienden diciendo que sí han reducido su arsenal. Luego de las audiencias preliminares de las Islas Marshall, la CIJ deberá decidir si el tema entra en su jurisdicción y si los casos –presentados por separado– son admisibles. Solo cumpliendo esos dos puntos comenzarán los alegatos sobre el asunto.

De las naciones con arsenal nuclear solo Reino Unido, India y Pakistán reconocen la autoridad de la CIJ, por lo que serán los únicos países que se enfrentarán a la demanda. Las otras querellas solo se aceptarán si los estados dan luz verde al proceso.

Un vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores británico aseguró a la BBC que “sería inapropiado comentar un proceso judicial abierto”. No obstante, Reino Unido presentó una objeción preliminar, cuestionando que la CIJ tenga jurisprudencia y, de tenerla, que el caso sea admisible.

India y Pakistán no presentaron objeciones preliminares. Al no firmar el NPT, el equipo legal de las Islas Marshall deberá demostrar algo mucho más vago: que no cumplieron una obligatoriedad determinada por el Derecho Consuetudinario, que se rige por normas no escritas que se cumplen por hechos producidos reiteradamente en el tiempo en un territorio concreto, por lo que se vuelve costumbre cumplirlas.

“Es difícil establecer la costumbre. Aunque es una fuente de Derecho Internacional, el problema es demostrarla”, explica la abogada especialista en Derecho Internacional, Paz Zárate. (I)

Los pequeños países buscan  la supervivencia

En diciembre pasado, el debate fue intenso en París porque las naciones amenazadas por el calentamiento global querían que los países más ricos pagaran miles de millones de dólares para financiar la lucha contra el aumento de nivel del mar.

Hasta el momento, ninguna de las denuncias de los países afectados ha dado resultado. Las naciones industrializadas no han cambiado radicalmente sus políticas de emisión de gases que favorecen el calentamiento de la tierra (en particular, Estados Unidos) ni tampoco se han comprometido financieramente lo suficiente como para marcar un cambio.

La diferencia entre las islas Marshall y otros países es que la amenaza es real y constante. A medida que el planeta se sigue calentando se derriten más las placas de hielo de Groenlandia y la Antártida, lo que deriva indefectiblemente en la subida del nivel del mar que, según proyecciones científicas, será de entre 30 centímetros a un 1.20 metros.

Las Marshalls están solo a 1.80 metros por encima del mar, lo que las ubica en un límite complicado para su supervivencia. Algunas de las islas tienen poco más de kilómetro y medio de ancho. Bangladesh prevé que el 17% de sus territorios quede bajo el agua hacia 2050, es decir, 18 millones de personas debieran reubicarse.

Para salvar a su país, el excanciller, Tony A. deBrum, planea elevar las ciudades en casi dos metros y construir nuevos sistemas de drenaje, lo que –considera- podría extender su supervivencia por unos 20 años. (I)