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Las familias argentinas no pueden afrontar el incremento de 400% en tarifas de luz y gas

Ciudadanos participan en una manifestación golpeando cacerolas contra el aumento de los servicios públicos de luz, gas y agua en Córdoba, Argentina.
Ciudadanos participan en una manifestación golpeando cacerolas contra el aumento de los servicios públicos de luz, gas y agua en Córdoba, Argentina.
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El aumentativo no alcanza. Llamar tarifazo al escandaloso incremento de las tarifas de luz, gas y agua corriente que autorizó el presidente Mauricio Macri a lo largo y ancho de Argentina es insuficiente. Es un “enorme tarifazo” con consecuencias nefastas en la economía y en la vida cotidiana de millones de personas. Los comercios, las grandes y pequeñas empresas, las universidades, los clubes se enfrentan a la misma disyuntiva: qué gastos recortar para poder pagar esas cuentas sin despedir personal o cerrar las puertas.

Para muchas familias de clase media, afrontar el tarifazo implica dejar de pagar una escuela privada, una medicina prepaga, la cuota mensual de un club o tachar las vacaciones de fin de año. Para las familias más pobres los incrementos directamente son impagables y acceder a la tarifa social es caer en una trampa burocrática. Sin embargo, hay una franja de la población más afectada, la que vive en la Patagonia donde las temperaturas bajo cero obligan a mantener encendida durante meses la calefacción. La región consume el 23% del total de gas, a pesar de reunir apenas un 7% de los hogares del país. El consumo elevado también está asociado a la intensa actividad turística en temporada de nieve.

En la Patagonia, los aumentos para los domicilios particulares fueron en promedio de 700% y para los comercios y la industria de 1.300%. La reacción de la población fue inmediata en las principales ciudades del sur argentino. Allí, gracias a una seguidilla de presentaciones judiciales, se logró frenar el tarifazo. Luego y a medida que llegaron las boletas con los aumentos se sumaron a la protesta los otros distritos. El descontento alcanzó tal magnitud que el Gobierno tuvo que retroceder y puso de tope un 400% de incremento. La cifra no deja de ser escalofriante, además porque los servicios que antes se pagaban cada 2 meses, ahora vencen mensualmente. Incluso para afrontarlos se permite pagar en cuotas.

El tarifazo es la consecuencia directa de la quita abrupta de los subsidios que se mantuvieron durante los tres períodos presidenciales kirchneristas como un aporte indirecto del Estado a la economía. A pesar de que muchos consideran que el aumento es para reducir la carga fiscal, se trata de una transferencia del dinero de los consumidores a las petroleras que se quedarán con las tres cuartas partes del dinero, alrededor de $ 4.000 millones. Desde el Gobierno aseguran que esa inyección de fondos derivará en inversiones que beneficiarán a la Patagonia, que es la principal zona petrolera del país. Sin embargo, hasta ahora, nada de eso ocurrió, más bien la explotación está detenida y hay amenazas de despido y recortes de salario en las plantas productoras.

La Patagonia, por ser zona desfavorable por las bajas temperaturas, tenía los subsidios más altos y, por eso, es la más perjudicada. Bariloche, el segundo centro de esquí más importante del mundo, fue la ciudad que primero se organizó contra el tarifazo. Se juntaron 30.000 firmas para detener el tarifazo en tiempo récord y se logró frenar los aumentos. Más tarde se sumó Chubut y Santa Cruz, y hoy el tarifazo quedó suspenso en el país hasta tanto se expida la Corte Suprema.

“Bariloche está a oscuras”, le dijo a EL TELÉGRAFO Coral Martinsen, una joven argentina que vive en esa ciudad y trabaja en el Cerro Catedral, al ser consultada sobre el aumento de la luz y el gas. Es que en esa localidad turística, la más visitada del sur argentino, la semana pasada llegó la nieve y se fue la luz. La ciudad quedó a oscuras durante tres días por una falla en una línea de media tensión, justo cuando la ocupación hotelera roza el 60%, ya que es visitada por miles de turistas, sobre todo de Brasil y Chile. El corte afectó el Centro de Esquí Catedral Alta Patagonia que tuvo que recurrir a sus grupos electrógenos para que funcionen los medios de elevación en las pistas. Parece una broma, pero no es. Al tarifazo se le sumó un corte del suministro que significará más pérdidas económicas para los comerciantes y las empresas que brindan servicios al turismo.

En invierno en la Cordillera de los Andes hay pocas horas de luz natural. En esta época del año, alrededor de las 19:00 ya es de noche y las zonas boscosas o en pendiente se tornan intransitables. “Estamos cuidando el gas y la luz de las velas”, resumió Ana Woelflin, quien definió el efecto del tarifazo en Bariloche como “un caos” porque “muchos hoteles tenían que cerrar si no se lograba frenar el aumento”. Además, explicó, “como aumentó la demanda, el precio de la leña se fue por las nubes”.

Ese malestar que comenzó en Bariloche se trasladó al resto del país y derivó el jueves pasado en la primera protesta en contra de Macri, apenas a 7 meses de asumir la presidencia. Bocinas, bombos, silbatos, latas, gritos, todo vino bien para protestar en cruces de avenidas y plazas a pesar de las bajas temperaturas y de la lluvia. En las redes sociales la bautizaron como “ruidazo” a la convocatoria que también movilizó a votantes del macrismo que no pueden pagar los aumentos.

También por primera vez, la oposición votó unida en el Senado contra  una medida del Gobierno. El Frente para la Victoria, el Partido Justicialista, el Peronismo Federal y el resto de los senadores opositores dejaron en soledad a Cambiemos, la única fuerza que defendió los aumentos de gas. Por 42 votos contra 13 se aprobaron sobre tablas cuatro proyectos que reclaman suspender la suba.

Una encuesta difundida el pasado fin de semana reveló que el 70,7% de los usuarios cambió de hábitos para bajar el consumo, mientras que el 81,3% opinó que si fuera presidente hubiera realizado el ajuste de manera gradual. (I)

Vicepresidente de la AMIA pide que la causa sea "prioridad de Estado"

Con la presencia del presidente Mauricio Macri (foto) y funcionarios de su gabinete, el vicepresidente de la  Asociación Mutual Israelita (AMIA), Ralph Saieg, solicitó al Gobierno Nacional que la causa por el atentado contra la mutual judía sea “prioridad de Estado”.

Saieg manifestó su “satisfacción” por las primeras decisiones del Ejecutivo, entre ellas, dejar caer el memorándum de entendimiento con Irán y el relanzamiento de la Unidad AMIA a cargo del exsenador radical Mario Cimadevilla.

Al pronunciar las palabras oficiales en la ceremonia realizada en Pasteur 633, Saieg aseguró que el memorándum “era inútil para el objetivo que perseguimos”, y que “todo lo que se debe esclarecer” está en la causa AMIA, porque “es falso que no se sabe nada”.

El vicepresidente de la mutual aseguró que la idea de que en la causa “no hay nada” es “una mentira” de quienes “no quieren decir la verdad”.

En ese tono, Saieg subrayó la pista de los ciudadanos iraníes conectados con Hezbolá y recordó las alertas rojas de pedido de captura internacional que mantiene Interpol sobre ellos.

El vicepresidente de AMIA recordó al exfiscal Alberto Nisman, al considerar que su muerte puso “en jaque la salud misma de la República”, y señaló que en su última denuncia mencionaba a Moshen Rabbani, exagregado cultural de la embajada iraní, como contacto con “elementos locales”. Esa denuncia, en la que estaba implicada la expresidenta Cristina Kirchner y otros funcionarios y militantes kirchneristas por un supuesto encubrimiento a los acusados iraníes, fue descartada por el juez federal, Daniel Rafecas.

El 18 de julio de 1992 una bomba destruyó la legación israelí en Buenos Aires. Hoy, 22 años después del atentado que dejó 85 muertos ninguna persona está arrestada y reina la impunidad.

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas difundió un comunicado en el que señala la “lentitud” e “información limitada” en el caso AMIA.
Un juicio por encubrimiento del atentado se realiza desde 2015 en Buenos Aires. Están imputados el expresidente Carlos Menem (1989-99), Rubén Beraja, exlíder de la comunidad judía; entre otros exfuncionarios.

Se acusa a Menem, Beraja y otros de desviar la investigación por soborno de un involucrado, el exespía de la policía Carlos Telleldin, para acusar en falso a un grupo de exjefes policiales como supuestos miembros de la conexión local. (I)

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