Tras la petición de los familiares de los normalistas desaparecidos de cancelar las elecciones en el estado mexicano de Guerrero, previstas para el próximo 7 de junio, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, aseguró ayer que se celebrarán los comicios “pase lo que pase y a toda costa”.

“Tenemos una obligación colectiva como sociedad, tenemos que construir los escenarios para que las elecciones puedan llevarse a cabo, porque si no se llevan a cabo, sí vamos a tener graves problemas, como si los que hoy tenemos no fueran suficientemente graves”, aseguró Córdova al diario Milenio.

Durante su mensaje de fin de año, el consejero electoral ha querido recordar que desde 1917 no se ha cancelado un proceso en México, y que en esta ocasión tampoco se va a producir, ya que supondría un fracaso del sistema democrático. Además, considera que el retraso de la cita electoral supondría acrecentar el problema de inestabilidad que vive la región, tras la desaparición de los 42 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el pasado 26 de septiembre en el municipio de Iguala, en Guerrero.

Córdova también recordó que la legislación mexicana no prevé la cancelación de un proceso electoral, incluso aunque se haya producido la desaparición de poderes o la suspensión de derechos de la Constitución. La suspensión de unas elecciones podría generar nuevos contratiempos, según el consejero presidente del INE, quien sitúa el foco del problema en el alto nivel de impunidad que se da en la región y en la falta de rendición de cuentas de los servidores públicos.

Estas declaraciones se producen días después de que los padres de los normalistas reclamaron la cancelación del proceso electoral y de que grupos de manifestantes destruyeron y saquearon oficinas del INE de Acapulco y Chilpancingo, ambas en el estado de Guerrero.

“No podemos estar celebrando elecciones (en 2015) cuando tenemos 42 estudiantes desaparecidos que buscar”, dijo Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 jóvenes reclamados vivos, quienes entregaron un pliego petitorio a los legisladores que incluye la eliminación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Guerrero.

La demanda también hizo suya el presidente del Senado, Miguel Barbosa, quien considera que la violencia y las continuas protestas que se realizan en este estado desde hace ya más de dos meses impedirán una participación libre y democrática en los comicios. También los senadores del gubernamental Partido Revolucionario Institucional (PRI) defienden que sería adecuado cancelar el proceso electoral al argumentar que no se dan las condiciones necesarias para su celebración.

Comisión investiga violaciones

Por otra parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México creará una oficina especial que se encargará de investigar las presuntas violaciones a las garantías individuales registradas en Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre pasado, en donde perdieron la vida 6 personas –3 estudiantes entre ellos–, 17 más resultaron heridos y 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, publicó la revista Proceso.

La hipótesis del gobierno apunta que la misma policía se los entregó al cartel Guerreros Unidos, el mayor de esa zona, también con vínculos con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda.

Según la Procuraduría, los jóvenes habrían sido incinerados en un basurero de Cocula por miembros del cártel. Recientemente un laboratorio de Austria identificó los restos de Alexander Mora, pero los familiares no aceptan esta versión y reclaman vivos a los estudiantes.  

Los padres de los desaparecidos encabezaron este miércoles una protesta en el municipio de Ayutla de los Libres para exigir la salida del Ejército del estado de Guerrero, por considerar que no es garantía de seguridad para la región.

Según los manifestantes, su demanda es justificada ya que la presencia de los militares genera tensión, además de que no respetan los derechos humanos y la libertad de tránsito. Grupos civiles de autodefensa se sumaron a esta protesta contra el Estado mexicano y el gobierno de Enrique Peña Nieto.

DATOS

El 26 de septiembre, docenas de estudiantes de una escuela de magisterio de México desaparecieron tras una protesta en la ciudad de Iguala. Fueron vistos por última vez siendo arrastrados al interior de furgones policiales.

Más de 30 fosas clandestinas encontradas cerca de Iguala durante la búsqueda de los estudiantes desaparecidos.

600% aumentaron las denuncias por tortura a manos de las fuerzas armadas o la policía mexicana en la última década. Amnistía Internacional señala que el 64% de los mexicanos tiene miedo de ser torturado.