La Registraduría analiza pedido de revocatoria del alcalde de Bogotá

La Registraduría Nacional del Estado Civil de Colombia analiza si existe una contradicción jurídica entre el fallo de la Corte Constitucional que ordena activar la revocatoria de mandato contra el alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, y el que emitió también en las últimas horas el Consejo de Estado. Este organismo mantuvo las medidas cautelares que solicitó el burgomaestre dentro del proceso por un contrato de recolección de basura, por el cual la Procuraduría lo sancionó e inhabilitó durante 15 años para ejercer cargos públicos, informó Caracol Radio.

Según fuentes de la Registraduría, evaluarán los aspectos jurídicos porque el fallo de la Corte Constitucional, que ordena convocar a la votación del proceso revocatorio en un plazo de 60 días, no se dio a propósito de la decisión del Consejo de Estado sino que se produjo cuando aún el alto tribunal no daba su resolución respecto de las medidas cautelares temporales a favor de Petro.

La Corte Constitucional decidió reanudar el proceso tras avalar la ponencia de la magistrada Gloria Stella Ortiz, quien indicó que se había producido un error al suspender de manera definitiva este trámite.

Según Ortiz, “no existen razones jurídicas válidas” que autoricen a la Registraduría “suspender indefinidamente o cancelar el proceso de revocatoria del mandato”.

Además, la Corte Constitucional agrega que las medidas cautelares no interfieren en el proceso democrático interno y, añade, que la revocatoria del mandato forma parte de los mecanismos democráticos de control al poder político.

La entidad precisa que este proceso aún es posible adelantarse ya que el período para el que fue elegido el mandatario finalizará el 1 de enero de 2016. Según los cálculos de la Registraduría, el costo de los comicios revocatorios sería de 40 mil millones de pesos (unos $ 15,1 millones).

Por su parte, el alcalde en su cuenta en Twitter respondió sobre la decisión de la Corte en la que manifiesta que asumirá el proceso. “Superada la fase de protección de Bogotá Humana por medidas cautelares ahora nueva prueba: asumir el proceso de refrendarla popularmente!”, dijo Petro, un exguerrillero y economista de 54 años.

El proceso

Este proceso comenzó en diciembre de 2013, cuando la Procuraduría destituyó e inhabilitó a Petro por el cambio del esquema de recolección de basura en la ciudad. Mientras el alcalde apelaba la decisión, al mismo tiempo le pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares para evitar que lo separaran del cargo, al considerar el fallo como una persecución.

En enero del año pasado la Procuraduría dejó la sanción disciplinaria en firme. Un fallo de tutela del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que había interpuesto un grupo de ciudadanos, sirvió para frenar la destitución. Esta decisión fue revocada en marzo pasado por el Consejo de Estado y a pesar de que por esos días la CIDH le otorgó las cautelares a Petro, el presidente Juan Manuel Santos no las acató y lo sacó del cargo. Luego Petro y sus abogados presentaron la demanda de nulidad, contra el fallo de la Procuraduría, ante el Consejo de Estado y solicitaron medidas cautelares, precisó el diario El Espectador.

En mayo del año pasado, el magistrado Gilberto Arenas encontró válidos sus argumentos y le otorgó el blindaje, con lo que Petro regresó al Palacio Liévano.

El Ministerio Público reaccionó y presentó recurso de súplica ante el alto tribunal para que revocara las cautelares. Finalmente, el martes los magistrados negaron la solicitud de la Procuraduría al considerar que con la destitución se estaría generando un daño irreversible, al tener en cuenta que el fallo disciplinario no demostró que la intención del alcalde fuera causar un daño a la ciudad con el cambio del esquema de recolección de basura. Ahora esto no quiere decir que se revoque el fallo de la Procuraduría -explica el diario- sino que Petro seguirá como mandatario mientras el Consejo de Estado toma una decisión de fondo frente a la demanda de nulidad.

FARC: Comisión de Paz carece de diversidad

La guerrilla comunista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) criticó ayer la “ausencia de diversidad” en la nueva Comisión Asesora para la Paz creada por el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, para apoyar las negociaciones en La Habana.

“Aunque se trata de una comisión nombrada unilateralmente por el gobierno para que lo asesore, lo que sorprende es la ausencia de diversidad en su conformación”, dijo la guerrilla en un comunicado leído a la prensa por el comandante Pablo Catatumbo, al iniciarse el ciclo 34 de las conversaciones de paz. “Inicialmente vimos con expectativa el anuncio gubernamental de crear una Comisión Asesora de Paz, entendiendo que en ella tendrían asiento todas las fuerzas interesadas en hacer aportes al empeño de terminar más de 50 años de guerra en nuestro país”, añadió Catatumbo.

Santos anunció la creación de esta comisión, conformada por políticos, empresarios y religiosos, el 10 de marzo, el mismo día que ordenó el cese de los bombardeos contra los campamentos de las FARC por un mes para impulsar el desescalamiento del conflicto armado, que ha dejado 220.000 muertos y 5,5 millones de desplazados, según cifras oficiales.