La Policía de Bolivia sitúa fuera del país a los exministros del Interior y de Defensa

El Ministerio Público del país andino ya anunció que solicitará a la Interpol la activación de una alerta azul para determinar la localización de los exfuncionarios.
18 de noviembre de 2020 09:45

El exministro de Gobierno boliviano Arturo Murillo y el antiguo responsable de Defensa, Fernando López, sobre lo que pesan órdenes de arresto, están fuera de Bolivia, aseguró el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera, que sitúa a ambas autoridades en el extranjero desde el pasado 9 de noviembre.

Según Aguilera, Murillo está en Panamá, como se venía especulando en los últimos días, y López se encuentra en Brasil. Ambos habrían partido inicialmente en un vuelo oficial hacia la localidad de Puerto Suárez, desde donde habrían cruzado por tierra a territorio brasileño, en concreto a Corumbá.

El mando policial explicó en una entrevista a Radio Fides que las actuales autoridades están estudiando qué actividades realizan los dos exministros en el extranjero y, a partir de estas pesquisas, se pondrán en contacto con la Fiscalía para que se efectúen "las gestiones pertinentes".

El Ministerio Público ya avanzó que pedirá a la Interpol la activación de una alerta azul para determinar la localización de Murillo y López, sobre los que pesan sendas órdenes de arresto por la presunta irregularidad en la compra de agentes químicos para las fuerzas de seguridad, en el conocido como el 'caso gases lacrimógenos'.

La Fiscalía señaló que existen en ambos casos, "elementos de convicción suficientes" sobre la comisión de delitos, así como riesgo de fuga o de obstrucción de las investigaciones. Los dos exministros, que dejaron sus cargos a principios de noviembre, están acusados de un delito de uso indebido de influencias.

Las investigaciones sobre Murillo y López parten de una denuncia presentada en junio por miembros del Movimiento al Socialismo (MAS), ahora en el Gobierno y, según la Fiscalía, los perjuicios económicos de la compra de los gases lacrimógenos podrían alcanzar los $ 2 millones. (I)