La ley de gratuidad universitaria en Chile dependerá de la economía

La reforma educacional fue todo un emblema en la campaña electoral de Michelle Bachelet. Con cambios sustantivos en la formación primaria y secundaria ya en marcha, el gran problema ha sido la reforma universitaria, que se ha transformado en todo un dolor de cabeza para el gobierno socialista.

Esta semana finalmente se presentó el proyecto que establece la gratuidad total en la educación superior. Pero lo que parecería una buena noticia para un país donde el mercado regula la mayoría de las esferas, en Chile no ha dejado contento a prácticamente ningún sector.

¿Cómo se explica esta aparente contradicción? La ley enviada al Congreso a comienzos de semana  consagra la gratuidad universitaria para el 60% de los estudiantes de más bajos recursos al final de su mandato, es decir, el año 2018. Desde esa fecha, la norma establece condicionantes macroeconómicas para lograr la gratuidad universal, sin un plazo específico.

El problema es que en su campaña Bachelet se comprometió la gratuidad total durante su gobierno y luego ha ido disminuyendo este porcentaje de 70% para el final de su mandato y el 100% para 2020, al actual escenario de 60% e incertidumbre para el futuro.

“¡La educación no se vende!” gritaron estudiantes que volvieron a las calles en protesta por la polémica ley. Al mismo tiempo y en un hecho que refleja el tenso momento que vive el país por este tema, el miércoles un grupo de manifestantes desplegó una bandera chilena gigante en la fachada del Congreso en Valparaíso con el  mensaje: “Otra democracia. Educación pública gratuita y de calidad”. El mismo eslogan de las marchas de secundarios y universitarios de 2006 y 2011. Y el “banderazo” contó con la participación de dos exdirigentes estudiantiles, hoy diputados: Giorgio Jackson y Gabriel Boric.

¿Pero por qué hay un fuerte rechazo a la reforma?. Ocurre que el proyecto de gratuidad mantiene la convivencia entre las universidades públicas y privadas, como también el sistema de créditos y becas. Es decir, no hay un cambio profundo y de raíz como la mayoría de los chilenos esperaban. El rechazo es transversal: agrupaciones de estudiantes universitarios, los rectores de los principales centros educativos, la oposición a Bachelet y también legisladores de la propia Nueva Mayoría, que apoya al Gobierno.

La desilusión y disconformidad se da porque se suponía que la reforma tributaria se hizo precisamente para financiar la reforma educativa que debía establecer que la educación para un millón de estudiantes sea sin costo. Pero el gobierno dijo que el actual escenario internacional, con el cobre a $ 2 la libra y la desaceleración económica, cambiaron los planes. La controversia se ahondó cuando le preguntaron a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, sobre cuánto costaba cubrir este sistema, respondió que no sabía.

¿A cuánto asciende la recaudación de la reforma tributaria? Son $ 8.000 millones (3% del PIB), de los cuales $ 5.500 millones (69%) están destinados a la reforma educacional y el resto para otros ítems. El problema es que ahora se calcula que la gratuidad cuesta $ 7.143 millones. En otras palabras, con lo recaudado para la reforma tributaria no alcanza.

El gobierno calcula que para establecer la cobertura gratuita el PIB debería aumentar en cerca de 1,5%, lo que equivale a $ 4.000 millones. A su vez, la recaudación fiscal debe pasar de 23% del PIB al 29%. Pero para que todo esto ocurra no hay un plazo definido y ese es el principal problema. Además, las finanzas del país crecerán a tasas de solo 2% en el corto plazo. (I)