La justicia fija una caución de $ 30.000 a dirigente peruano

Veinticinco meses en la cárcel pueden ser suficientes para que el futuro político de alguien se extinga. O no. Gregorio Santos, líder izquierdista del Departamento de Cajamarca, al norte del Perú, demostró, en ese mismo lapso, que frente a la adversidad y el aislamiento, la convicción política también se impone.

Detenido en junio de 2014, “Goyo”, como es conocido por miles de cajamarquinos, fue liberado el pasado miércoles 27 de julio, después de que la Sala Nacional Penal no hallara “argumento lógico” para extenderle por más tiempo la prisión preventiva.

A su salida de la cárcel, ubicada en la ciudad de Lima, fue recibido por cientos de simpatizantes que vitoreaban su nombre. En medio de esa algarabía, las primeras declaraciones a la prensa fueron escasas pero precisas: “el país está tomado por la dictadura del capital, yo salí para luchar y recuperar la democracia”, dijo, antes de perderse entre los abrazos y las lágrimas de sus seguidores.

No es difícil pensar que después de dos años en una celda de 8 metros cuadrados, con visitas restringidas a 2 veces por semana, y a cientos de kilómetros de la ciudad natal, el ideario político se ponga en crisis. Gregorio Santos, en cambio, parece afirmar con mayor profundidad su visión crítica frente al Estado peruano, y la relación que este trazó con el gran capital internacional.

Entre 2010 y 2014, Santos, un profesor primario integrado a la lucha política desde la juventud, ejerció la Presidencia Regional de Cajamarca, un departamento con más de un millón y medio de habitantes. Desde entonces se lo conoce por su ferviente apego al rechazo minero, siendo la mayor demostración su oposición constante al avance del Proyecto Conga, iniciativa que buscaba extraer más de 6 millones de onzas de oro de las inmediaciones lacustres cajamarquinas.

Acusado en 2014 de favorecer con al menos 11 licitaciones al empresario Wilson Vallejos, Santos fue detenido y trasladado a la capital de Perú para cumplir una prisión preventiva de 14 meses. En Perú, esta medida resguardó las investigaciones de cualquier posibilidad de distorsión y evitar, a toda costa, la fuga de los acusados. Julio Magán, jefe del INPE, institución responsable de la administración carcelaria, señaló que, desde hace algún tiempo, la prisión preventiva es utilizada de forma irresponsable por la justicia, generando distorsiones en el espíritu de la Ley y perjuicio a personas que, después del proceso jurídico correspondiente, son absueltas como inocentes. “Una Ley de venganza” dicen los seguidores de Santos para referirse a la medida, en su caso, extendida por un periodo adicional de 11 meses.

El “Presidente Goyo”, como lo llaman sus más allegados colaboradores, aseguró que esas ampliaciones no eran inocentes. Para él, las acusaciones de asociación ilícita y colusión en agravio del Estado, son una cortina de humo que carece de argumentos verídicos. La prisión, dice, es la mejor forma que quienes manejan el Estado encontraron para acallar a un crítico.

Desde la cárcel, “Goyo” se encargó de que su voz tenga visibilidad simbólica de peso. A través de una serie de videos que eran proyectados en las principales plazas de Cajamarca, y en los que Santos defendía un discurso radical en contra de la extracción y el daño ambiental, logró ser reelegido Presidente de la región, a finales de 2014.

Un 40,4% de los votos de la población así lo determinó. Preso por investigaciones pero sin sentencia, Santos fue impedido de ejercer su cargo, dejando como Presidente encargado a Porfirio Medina, quien por estos días espera en su despacho el retorno del “Presidente Goyo”, para hacerle entrega oficial de administración regional.

A sus 49 años, Santos sabe que en las luchas políticas quien se rinde está condenado al olvido. Como dirigente del Movimiento Afirmación Social (MAS) asumió que su pelea sería frontal desde cualquier trinchera. Así, y superando el año y medio de su detención, Santos decidió ser candidato a la presidencia del país en la última justa democrática.

Identificado por la militancia de izquierda como un líder indiscutible, Gregorio Santos fue una presencia incómoda en el panorama electoral reciente. No trazó ningún tipo de acercamiento al Frente Amplio, movimiento capitaneado por la cusqueña Verónika Mendoza, y al que cuestionó como a una izquierda mesurada, hecha para la negociación y la flexibilidad. Luego de los resultados de la primera vuelta electoral, en la que Mendoza ocupó un tercer lugar superada ligeramente por el actual mandatario, Pedro Pablo Kuczynski (PPK), varios análisis apuntaron a esa falta de unidad entre Santos y Mendoza como el “error” que los dejaba fuera de la carrera por el poder.

Santos sostuvo que no era responsable por los fracasos de otros, trayendo a colación su “desventaja” para hacer campaña, estando detenido, limitado de todo contacto cercano con la gente.

En la recta final de la elección tampoco brindó su apoyo a la opción que representaba Kuczynski, pues, según él, al igual que Keiko Fujimori, el actual presidente solo representaba el capital extranjero y sus intereses.

En 15 días el excandidato que intentó llegar a la Presidencia del Perú, desde la cárcel, deberá pagar una suma de $ 30.000 como caución para afrontar los juicios pendientes en libertad.

Santos dice que ese monto -que no posee- es una imposición para regresarlo a la cárcel y volver a acallarlo. Algo que sin duda el tiempo se encargará de aclarar. (I)