La hermana del rey de España se enfrenta a 8 años de prisión

La monarquía española se enfrenta al peor trago de su historia. Desde hoy, la infanta Cristina de Borbón y Grecia, la hija mediana de Juan Carlos I y hermana del rey Felipe VI, y su marido Iñaki Urdangarín, afrontan el juicio sobre el ‘Caso Nóos’, una trama de corrupción que salpica a 17 personalidades de la alta sociedad ibérica que supuestamente malversaron 6 millones de euros de fondos públicos entre 2005 y 2009. Y lo harán desde el banquillo de los acusados de la Audiencia de Palma de Mallorca. Jamás otros miembros de la casa real española se han visto inmersos en semejante trance, lo que explica que 600 periodistas de 90 medios de comunicación internacionales se hayan acreditado para informar de la evolución del proceso que se extenderá hasta el próximo junio.

Cristina de Borbón se enfrenta a una pena de 8 años de prisión por un delito fiscal y blanqueo de capitales. Su esposo Iñaki Urdangarín, exduque de Palma, lo tiene aún peor: la Fiscalía pide para él 19 años de cárcel como responsable directo del Instituto Nóos, una fundación sin ánimo de lucro que logró jugosos contratos privados con la inestimable ayuda de la casa real.

De hecho, cargar todas las culpas del delito sobre la espalda de su marido es hoy la única alternativa que le queda a la infanta para salir indemne de un macrojuicio por el que desfilarán 363 testigos, muchos de ellos antiguos dirigentes del gobernante PP.

En realidad, la estrategia de la defensa de Cristina de Borbón para evitarle el mal trago de dirigirse a los magistrados y de acudir a la cascada de sesiones que le aguardan hasta que el juicio quede visto para sentencia es conocida hace tiempo. Se llama “doctrina Emilio Botín”, una resolución adoptada en 2007 en base a la inhibición de la abogacía del Estado para exonerar de un delito de evasión de impuestos a quien fuera presidente del Banco de Santander. Lo mismo sucede ahora con la hermana de Felipe VI: el fiscal no observa infracción alguna en su comportamiento, sino, al contrario, la entrega desinteresada y amor apasionado hacia un esposo con intereses de fondo. Y a ello se agarran los abogados de la infanta con ardor guerrero. Sus reales firmas en infinidad de facturas falsas que aparecen en el caso fueron logradas entre engaños y galanteos, según la defensa. “Es víctima de la trama”, repite una y otra vez su equipo de letrados.

Todo podría ir a peor para los intereses de la casa real española si, como se desprende de las declaraciones del socio de Urdangarín y principal encausado, Diego Torres, las tres magistradas que juzgarán el caso leen los 500.000 documentos que aportarán y que podrían poner en dificultades incluso al rey emérito Juan Carlos I, quien abdicó tres semanas antes de que el juez concluyera la instrucción del sumario. “En ninguna de mis empresas, ni del Instituto Nóos, han encontrado facturas de clases de salsa, de viajes a Roma o safaris. Somos inocentes, pero los documentos pueden tener algo más”, advirtió con un cierto halo de misterio. Hasta el momento, las pruebas que constan en el sumario y que se han aireado a la opinión pública apuntan a gestiones realizadas desde el Palacio de la Zarzuela para conseguir que el Instituto Nóos lograra contratos millonarios con administraciones del PP por la organización de una serie de eventos que jamás se realizaron.

Mientras el reloj de arena se vacía silencioso e inclemente, Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín, el matrimonio asediado, se oculta con celo del ojo público en una vivienda de 200 metros cuadrados en Ginebra por la que pagan $ 5.000 al mes. Ella viaja dos veces a la semana a Barcelona por su trabajo al frente del departamento internacional de un poderoso banco.

Él vive casi en la clandestinidad suiza, cuidando de sus cuatro hijos. Ni una sola fotografía de la pareja ha trascendido en los últimos meses. La última imagen registrada es de octubre, durante el funeral oficiado en memoria de un primo de Juan Carlos I. Desde entonces, la nada. A partir de hoy se escucharán sus voces ante las tres magistradas que juzgan el caso. Mientras que, la monarquía española contiene la respiración y cruza los dedos. (I)

En 18 meses se debería proclamar la secesión de España

Catalanes eligen a Carles Puigdemont para que los guíe a la independencia

El agónico acuerdo de Gobierno logrado entre las dos principales fuerzas independentistas de Cataluña ha caído como una pesada losa sobre las negociaciones que mantienen PSOE y Podemos para desbancar al PP del ejecutivo español. Si la defensa del referéndum como solución a los conflictos territoriales de España realizada por Pablo Iglesias se estaban convirtiendo en un obstáculo inabordable para el socialista Pedro Sánchez, el inesperado giro catalán coloca al PSOE en una difícil tesitura. El más importante es que el desbloqueo independentista ha dado oxígeno a quienes siempre vieron en una gran coalición con el PP la única salida al desafío soberanista rubricado ayer en Barcelona. El sector centrista del socialismo español, más debilitado a medida de que el tiempo para el acuerdo en Cataluña se consumía, vuelve a tener cargado su principal argumento contra un pacto de la izquierda. Para ellos, especialmente para Susana Díaz, la archienemiga compañera de filas de Pedro Sánchez, ser fuertes en la unidad de España es el mayor servicio que el PSOE puede prestar hoy en día a la patria. Así lo reconoció ayer su portavoz, Antonio Hernando, quien en nombre de su partido mostró todo su apoyo al PP para hacer frente al “desafío independentista”.

Este guiño de los socialistas ha sido bendecido en las filas conservadoras que desde el sábado celebran el desenlace catalán como si de una fiesta nacional se tratara. Para la derecha española significa regresar al primer plano político con el implacable mensaje que siempre los ha acompañado: a ellos y solo a ellos nunca les temblará el pulso para tomar las medidas que sean necesarias con tal de evitar la ruptura de España. Incluso no sería extraño, si logran los apoyos necesarios en el Congreso, que suspendieran el autogobierno de ese territorio, un paso contemplado por la Constitución.

El vicesecretario general del PP, Fernando Martínez Maillo, agradeció ayer el apoyo del PSOE “en esta batalla”, pero añadió que quieren que ese aliento “se traslade también a un gobierno fuerte, estable y amplio liderado por Mariano Rajoy”.

Podemos, por su parte, volvió a insistir en que la solución pasa por el diálogo con el nuevo gobierno independentista en Cataluña que ya lidera Carles Puigdemont (foto), con el objetivo de consensuar un próximo referéndum sobre su destino, algo que mayoritariamente piden sus ciudadanos catalanes sean o no soberanistas. (I)