La Fiscalía investigará patrimonio de Otto Pérez

La Fiscalía de Guatemala investigará el patrimonio de Otto Pérez Molina en busca de pruebas adicionales de que dirigía una mafia aduanera, informó el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), cuyas pesquisas anticorrupción llevaron a la caída del exmandatario y buena parte de su gobierno.

Tras pasar la noche del jueves en prisión provisional, Pérez Molina tenía previsto comparecer ayer de nuevo ante un juez que determinará si es imputado por corrupción como piden el Ministerio Público y la Cicig, ente avalado por las Naciones Unidas.

“El próximo paso es examinar la situación patrimonial del señor Otto Pérez”, dijo a un grupo de corresponsales Iván Velásquez, comisionado de la Cicig, sobre los nuevos flancos por analizar luego de que el exmandatario perdiera su inmunidad.

Velásquez aseguró que hay documentación suficiente para respaldar sus señalamientos, pero que el análisis de la información financiera podría complementar algunas de las evidencias recabadas durante meses, que incluyen unas 90.000 escuchas telefónicas y miles de documentos incautados en 17 allanamientos, que explican el modo de operar del grupo de defraudación aduanera denominado La Línea.

La Cicig es una entidad que recibe fondos de Occidente, entre ellos Estados Unidos (EE.UU.) y la Unión Europea (UE). No responde a ninguna embajada, según sus directivos, y tiene como fin apoyar las labores del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil guatemalteca, en la investigación de corrupción.

“Cuentas, propiedad de bienes, eventual presencia de testaferros. Todo lo vamos a investigar”, aseguró el exjuez colombiano, cuyo trabajo terminó con el arresto de varios altos funcionarios, incluyendo la exvicepresidenta Roxana Baldetti y el jefe del Banco Central.

Si Pérez Molina es imputado, la Cicig y la Fiscalía planean solicitar 3 meses para asegurar los cargos de asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera, pero “con la posibilidad de examinar otros frentes”, como el lavado de dinero que mencionó recientemente la fiscal Thelma Aldana.

En tanto, tras ser juramentado como presidente Alejandro Maldonado Aguirre, reveló que las personas que integrarán la terna que enviará al Congreso para que sea electo el nuevo vicepresidente son Gabriel Medrano Valenzuela, Juan Alfonso Fuentes Soria e Irma Raquel Zelaya.

El mandatario recalcó que le pedirá a los ministros  y altos funcionarios pongan su cargo a disposición y que no prejuzgará, sino que al contrario “a muchos habrá que agradecerles sus desvelos”.

3 aspirantes al sillón presidencial

El caso contra Pérez creó un clima de ebullición en la recta final de las elecciones del domingo, cuando Guatemala elegirá a sus nuevos presidente y vicepresidente, 158 diputados y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

Al frente de las encuestas figuran tres aspirantes -de 14 postulados- con posibilidades de pasar a la segunda ronda el 25 de octubre si ninguno alcanza el 50% de los votos.

Una encuesta de la empresa ProDatos, publicada el jueves por el diario Prensa Libre, situó en primer lugar a Jimmy Morales, un comediante de 46 años postulado por el derechista Frente de Convergencia Nacional, con el 25% de las preferencias.

Le siguen el abogado derechista Manuel Baldizón, 45, del partido Libertad Democrática Renovada, con el 22,9%; y la exprimera dama Sandra Torres, 59, de la socialdemócrata Unión Nacional de la Esperanza, con el 18,4%.

Para muchos guatemaltecos, las elecciones de este año son diferentes a las que se hacen cada cuatro años porque la caída de Pérez marcó un antes y un después.

“Este es un periodo histórico que vive Guatemala. Es una crisis profunda nunca antes vista en el país. Jamás habíamos pensado que algunos poderes serían tocables”, expresó la líder indígena y Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú.

Algunos observadores alertan que la renuncia de Pérez no erradica la práctica clientelista de la política guatemalteca que sustenta la corrupción.

La Unión Europea expresó su apoyo al “esfuerzo” de las autoridades electorales para garantizar “un proceso electoral transparente y ordenado”. (I)