Juez argentino de 97 años se niega a dejar su cargo

Si Evita viviera tendría 96 años. Y sería más joven que el juez de la Corte Suprema de Justicia argentina Carlos Fayt. A sus 97 años este magistrado que asumió en 1983 resiste todo embate, críticas y presiones. Debió retirarse al cumplir 75 años, según dicta la  Constitución de 1994, pero acaba de advertir que seguirá en el cargo mientras se sienta “fuerte” y “útil” para servir al país.

Hoy Argentina vive una fuerte polémica en torno al juez Fayt y los otros tres miembros que quedan en la Corte Suprema tras el retiro del progresista Eugenio Zaffaroni a fines del 2014 cuando cumplió 75 años. Fayt se escudó en un fallo del propio tribunal para continuar como juez esgrimiendo que integraba el cuerpo desde antes de la reforma constitucional cuando el cargo no tenía límite de edad.  Y siguió de largo. Hacía tres meses que no asistía a las reuniones. Pero su firma figuraba curiosamente en una acordada que garantizaba la reelección del presidente del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, aprobada con ocho meses de anticipación de la fecha establecida para  renovar autoridades. Los dos restantes magistrados firmantes son Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

“La acordada del 21 de abril pasado incluye afirmaciones falsas referidas a la elección de autoridades de la corte. No solo fue propuesta con antelación a la  fecha prevista de fines de año (la reelección tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2016) sino que incurre además en falsedad ideológica de instrumento público”, dice a EL TELÉGRAFO el constitucionalista Eduardo Barcesat.

La resolución incluye la firma de Fayt tras la reunión del cuerpo que decidió la reelección de Lorenzetti. Pero el juez de 97 años no asistió al debate. Le hicieron llegar el fallo a su casa. Y todo en medio de una situación de crisis por el “parate” anunciado por la oposición en torno a la elección del nuevo integrante de la corte tras el retiro de Zaffaroni. El gobierno propuso al progresista Roberto Carles, pero todo el bloque opositor en el Senado advirtió que no trataría la elección de un nuevo juez del máximo tribunal hasta la asunción de un nuevo gobierno. El país decidirá a fines de octubre quién será el sucesor/a de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Barcesat dice que esta irregularidad debe ser examinada desde el poder judicial por un lado, y por la comisión de juicio político por otro. Fayt es el menos responsable de todo esto por su edad”, apunta.

La corte intentó subsanar la irregularidad el 13 de mayo. Ese día, después de una ausencia de tres meses, Fayt concurrió al tribunal en forma fatigosa y ratificó con su firma una nueva resolución que ratificaba la reelección de Lorenzetti.

“Fue una acordada posterior después de un hecho irregular.  La corte violó la ley al hacer votar a un juez que no estaba presente” la primera vez, sostuvo Barcesat.

La Corte Suprema, de la mano de Lorenzetti, ha tenido varios cortocircuitos con el gobierno, en especial con la presidenta que ha denunciado la existencia de “un partido judicial”  opositor y fustigó las demoras en fallos de la corte, aludiendo por ejemplo al del atentado contra la embajada de Israel en 1992 y una acordada que le exime al conservador diario La Nación de pagar una millonaria deuda impositiva. El gobierno incluso ha impulsado la ampliación de la corte.

Además de la salida de Zaffaroni, el año pasado la corte perdió a otros dos de sus miembros por fallecimiento: Enrique Petracchi (designado en su cargo por el expresidente Raúl Alfonsín) y Carmen Argibay (impulsada por el exmandatario Néstor Kirchner), dos de sus miembros más progresistas junto con Zaffaroni. De siete miembros, la corte pasó a tener solo cuatro. Tras la asunción de Kirchner en el 2003, el máximo tribunal se renovó con una fuerte independencia dejando atrás un cuerpo que durante los años 90 falló siempre en concordancia con el gobierno neoliberal de Carlos Menem. Pero ahora todo cambió.

“Esto es absolutamente irregular. La corte debería funcionar con un mínimo de cinco miembros. Pero la oposición se niega a sentarse a debatir el nombramiento de Carlés”, propuesto por el poder ejecutivo para reemplazar a Zaffaroni, dice Barcesat.

Desde la oposición, dirigentes políticos y constitucionalistas denunciaron un ensañamiento del gobierno contra Fayt. Álvaro Herrero, presidente del Laboratorio de Políticas Públicas (LPP), le escribió una carta a la Relatora de Independencia Judicial de la ONU, Gabriela Knaul, en la que le solicita evaluar la posibilidad de realizar una visita al país.

En su misiva afirma que es necesario adoptar medidas para evitar que prosperen los “graves hechos que amenazan seriamente a la independencia de la Corte Suprema y del Poder Judicial en general”.

Herrero expresa que “las citadas irregularidades, que incluyen desde fuertes presiones para que renuncie un juez de la Corte Suprema hasta la amenaza de ampliar dicho tribunal, han generado fuertes tensiones entre el Poder Ejecutivo nacional y el Poder Judicial”.

Pero Barcesat no duda y pide ir al fondo de la cuestión “hay que buscar criterios  de comisión de delitos en que incurrieron los cuatro miembros de la corte”. (I)