Indígenas y campesinos exigen obras en Colombia

En apenas tres días de marchas y bloqueos, indígenas y campesinos   causaron caos en las áreas rurales de Colombia.

Estos sectores de la población, respaldados por organismos, comunidades y fundaciones populares,  levantaron otra vez su voz de protesta contra las políticas que implementa el gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Esta confrontación de lucha ideológica se presenta cada año y desde las áreas rurales se sigue llamando la atención para que el capitalismo no destruya el campo y las reservas indígenas, ni termine con más de 5 millones de habitantes.

En esta oportunidad, los reclamos del campesinado y las comunidades indígenas agrupadas en las llamadas Mingas, se han unido los grupos afrodescendientes y los profesores residentes en las capitales.

A la razón, ideológica también se suma una causa económica. Los acuerdos que el sector rural y el gobierno de Santos pactaron hace dos años no se han cumplido. Por eso la paciencia de los labriegos terminó.

La principal razón del descontento, aseguran los campesinos, es el modelo económico del país que para el gobierno es innegociable. De acuerdo con el vocero del Congreso de los Pueblos, Jimmy Moreno, “la esencia de la negociación está en los acuerdos de fondo porque rechazamos el modelo económico”.

Quieren un modelo más ambiental, en defensa de la vida y los derechos de los colombianos. Por eso han dejado en claro que la movilización agraria no se levantará de las carreteras mientras no se avance en los puntos del pliego central.

Sin embargo, el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, dijo que “el gobierno ha hecho un esfuerzo para cumplirle a los campesinos, no solo con los recursos en dinero, sino también en planes de desarrollo, por eso consideramos que es injusta  la celebración de las marchas”.

En realidad el conflicto es un tema de vieja data que los líderes campesinos, indígenas y afrodescendientes han puesto sobre la mesa desde hace tiempo y por el   que ya se habían rubricado acuerdos en 2014. Por eso hablan de promesas incumplidas.

“Hay 1.100 horas de diálogo y pocos minutos de cumplimiento”, lamenta Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

Arias se refiere a los puntos enmarcados en los acuerdos mínimos que inicialmente firmó el gobierno con las 13 organizaciones movilizadas, como un acto de confianza para avanzar hacia la discusión de los temas de fondo: tierra, territorio y soberanía; el modelo minero energético y la sustitución de cultivos de uso ilícito.

Las obras están paralizadas

Otro punto mínimo que no ha avanzado es el de la infraestructura rural. De acuerdo con la minga nacional, en 2014 debían ejecutarse $ 80 millones en carreteras, escuelas, acueductos, distritos de riego y otros proyectos. Sin embargo, y como lo reconoce el gobierno en un balance general, hasta ahora se destinaron solo $ 5 millones para la construccción de proyectos a través de un convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

“El listado de proyectos sí lo tiene el gobierno, pero solo en el papel. No se ha cumplido ni el 50% de los acuerdos mínimos de la minga de 2014”, resalta Moreno.

De acuerdo con Ediver Suárez, representante del Comité de integración social del Catatumbo (Cisca), los proyectos productivos no resuelven las deficiencias estructurales. “Tenemos un poco más de dos años desde que salió el Decreto 870 (8 de mayo de 2014), en el que se construyó un pliego de ocho puntos y no se ha empezado a discutir el primer punto político, entonces ¿qué es lo que le está cumpliendo el gobierno al campesinado?”, se pregunta Suárez.

Agrega que en el caso de su región, el descontento es consecuencia del abandono institucional histórico en el que ha vivido Catatumbo, una de las zonas con mayores conflictos y donde actúan los grupos insurgentes Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército  Popular de Liberación (EPL), las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y bandas paramilitares. “Acá están los campesinos que tienen una propuesta de país, que no somos el Bronx (...) Sabemos la incapacidad del Estado para cumplir las necesidades del campesinado, su respuesta es represión, militarización”, insiste.

Tierra, territorio y soberanía son las principales demandas. Las Mingas solicitan al Ejecutivo el reconocimiento y operación de las figuras jurídicas que amparan a estas comunidades en sus territorios. Es decir, territorios ancestrales para los indígenas, consejos comunitarios para los afros y zonas de reserva o territorios agroalimentarios para los campesinos. Las dos últimas están rezagadas, dicen, por falta de voluntad política. (I)