Impunidad a un año de la masacre de Tlatlaya

Es testigo clave de la Masacre de Tlatlaya, la muerte de 22 civiles durante un operativo militar el 30 de junio de 2014. Estaba ahí cuando 21 hombres fueron asesinados al igual que su hija Erika, de 15 años de edad. Vivió escondida durante un año y ahora rompe el silencio.

“Yo soy Clara Gómez González, la mamá de Erika, la menor que ejecutaron los militares el 30 de junio de 2014”, se presenta y deja de ser la testigo Julia, nombre falso con el cual relató lo ocurrido a la revista Esquire, 2 meses después de los hechos.   

En aquel momento sus palabras desmoronaron la versión oficial de un “enfrentamiento”, ahora revelan el infierno en el cual vive. “Mi vida está en riesgo de que me puedan secuestrar, me puedan hacer algo. Ahora tengo que estar siempre con escoltas. Definitivamente no puedo salir a la calle”, dice en conferencia de prensa, arropada por un grupo de reconocidas organizaciones no gubernamentales.

Desmiente que el gobierno le haya entregado dinero por “millones” y exige justicia: “Quiero que se castigue a los responsables. Que esto no se haga impune como siempre ha quedado”.

Clara Gómez González, de profesión maestra rural, es una de las 3 sobrevivientes de Tlatlaya, mujeres que esa noche fueron “incomunicadas y sometidas a tratos crueles, inhumanos y degradantes”, según denuncias del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh). Después habló con la prensa y compareció por más de 6 horas ante la Procuraduría General de la República (PGR).

Ahora da la cara para señalar más allá de los ejecutores materiales de la masacre: “Tenemos miedo a hablar, miedo a decir las cosas, miedo de que te hagan algo los militares porque siempre han cometido muchos errores, no es la primera vez”.

Orden de abatir

En Tlatlaya, los militares mexicanos tenían la orden de “abatir en la oscuridad”, según una copia de un documento interno de las Fuerzas Armadas de México difundido esta semana por el centro Prodh en conferencia de prensa.

El memorándum girado por el Campo Militar Número 22 de San Miguel Ixtapan y fechado 11 de junio de 2014 ordena: “Las tropas deberán operar de noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”.

Mario Patrón, director del centro de derechos humanos, alertó que una instrucción de esa magnitud “no se sostiene en un Estado democrático de derecho ni en el derecho internacional. Estamos viviendo un Estado de facto”. (I)