Hasta 12 mil dólares pagan los africanos y asiáticos por obtener su ‘Sueño Americano’

En febrero la Unidad especial contra trata de personas de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador informó  la captura de Sedat Yavas, de 39 años, un hombre originario de Turquía a quien las autoridades acusan del delito de tráfico de personas. Este es tan solo uno de los miles de casos de coyoterismo que a diario se reportan en Centroamérica sobre migrantes de África y sur de Asia que proceden desde Ecuador.

Jorge Beltrán, periodista del diario El Salvador, señaló a diario EL TELÉGRAFO que la  fiscal de este caso informó que Sedat Yavas era el responsable de intentar llevar hacia Estados Unidos a 11 extranjeros iraquíes y sirios, algunos de los cuales portaban pasaportes falsificados de Israel.  

En contexto, desde el 2012 miles de ciudadanos de Nepal, Siria, Somalia, Etiopía, Ghana, Senegal, Uganda, deciden alejarse de las guerras, conflicto tribales, epidemias y la pobreza y migran hacia este continente en busca del ‘Sueño Americano’. Dado que solo los ciudadanos de la República Popular China, Afganistán, Bangladesh, Eritrea, Etiopía, Kenia, Nepal, Nigeria, Pakistán y Somalia requieren de visado para entrar al país, Ecuador es la mejor ruta para emprender la travesía terrestre hasta llegar a su objetivo.

“Llegan de forma legal al país, es decir contratan a empresas legales de turismo por medio de internet, compran paquetes por 4 días o semanas y se contactan con los coyoteros que los llevan por una ruta que burla el sistema de seguridad fronteriza”, detalló Wellington Boni, de la Fiscalía especializada en delincuencia nacional e internacional.   

El fiscal detalla que participó en un operativo en 2013. La investigación, que duró 3 meses, los llevó a Brasil, otro punto al que migran afroamericanos (en este caso las personas venían de Senegal).

“Aún desconocemos cuál es el objetivo de llegar a Brasil, pero hay mucha afluencia de migrantes africanos que buscan llegar al gigante sudamericano”, explicó.  

El Código Orgánico Integral Penal (COIP) de la Sección 11ª de los delitos de migración, artículo 213 de Tráfico ilícito de migrantes, dice: las personas que obtengan un beneficio económico  por la migración ilícita de personas nacionales o extranjeras, desde el territorio ecuatoriano o viceversa, serán sancionadas con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Sin embargo, este mismo reglamento, que fue aprobado en  2013 y ejecutado desde el 2014 por la Asamblea Nacional, estipula penas de hasta 26 años de cárcel para la trata de personas, de acuerdo con las circunstancias agravantes (menores de edad).

El valor de la ruta

Según las investigaciones de la fiscal Tania  Moreno, en Pichincha  cobran entre 8 y 12 mil dólares por trasladarlos en estas rutas que duran máximo 15 días y que los llevará a Estados Unidos. Este valor incluye documentos falsos que distraigan  los pases fronterizos.

Los casos son detectados a través de una red del Ministerio Público del Ecuador en conjunto con las fronteras de Colombia y Perú.

“Los casos los manejamos de forma bilateral; primero transmitimos y sondeamos informalmente la causa para posteriormente hacer el trámite correspondiente y ejecutamos la operación”, detalla la fiscal.  

En un operativo que se efectuó en el mes de enero se procesó en mayo a los coyoteros vinculados con esta estructura de redes del tráfico humano de Colombia y Ecuador.

“Se detuvo a  16 ecuatorianos y a 4 víctimas (personas que no pudieron hacer la ruta), pero sumamos un aproximado de 50 víctimas dentro de los dos meses de investigación. Las entidades colombianas también procesaron a los de la red de ese país”, detalló.

Asimismo informó que actualmente varios exfuncionarios del Registro Civil están en investigación por este caso.

“En el caso del Registro Civil, a veces es difícil determinar culpas ya que son personas que han laborado en la institución y aprovechan las claves de acceso que tenían. Claro que siempre existe un nexo dentro de la unidad, por lo que actualmente estamos estudiando este punto”, explica la fiscal.

La historia de una víctima

Abraham Sarr, un senegalés de 18 años, en un balbuceo de palabras en español e inglés contó a Prensa Latina que salió de su nación por avión a Ecuador desde hace unos 40 días y debió enfrentar los peligros naturales de la selva, donde tenía solo agua sin alimento alguno.

Asegura que viene huyendo de la situación de su país y que aspira llegar a Nueva York, donde reside su hermano, quien lo ayuda a financiar este viaje.

La ruta acostumbrada por estos migrantes incluye Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala, México y Estados Unidos, en todos los casos por vía terrestre, atravesando ilegalmente las fronteras.     

Sarr detalla que gastó unos tres mil dólares hasta el momento de ser capturado en Panamá por el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y llevado al campamento de retención ubicado en un centro misionero del pequeño poblado ubicado 230 kilómetros al este de la capital.

Frank Ábrego, director de Senafront, explicó que la misión de este organismo con los inmigrantes ilegales es socorrerlos, alimentarlos y chequearlos mediante sus huellas digitales y nuestras bases de datos para detectar cualquier persona con alerta roja internacional, como sucedió con al menos tres de ellos.

Mientras que Domingo Flores, supervisor de Migración del área, asegura que “a estas personas, además del proceso que realiza el cuerpo armado, les hacemos las pesquisas necesarias para establecer su estatus migratorio, y como son indocumentados, resulta difícil poder afirmar que el nombre y lugar de origen son exactos.

Posteriormente, se les traslada a otro centro en Panamá, desde donde les permitimos continuar su viaje”.

Según fuentes panameñas el año pasado cruzaron de forma fraudulenta 8.500 personas de diversas nacionalidades y en estos momentos ya suman casi 12 mil, explicó Ábrego.

En respuesta a preguntas de los periodistas, el oficial dijo que cada uno de ellos aproximadamente representa un gasto de $ 20 diarios para el gobierno panameño por concepto de alimentación, atención médica y transporte. (I)