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Gobierno panameño destina $ 2,4 millones para investigar escándalo de Odebrecht

Gobierno panameño destina $ 2,4 millones para investigar escándalo de Odebrecht
08 de febrero de 2017 - 18:53 - Agencia AFP

El gobierno de Panamá concedió más de dos millones de dólares a la Fiscalía General del Estado para ampliar las investigaciones sobre la constructora brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos a cambio de contratos, informó este miércoles una fuente oficial.

El Ministerio de Economía y Finanzas trasladó una partida por 2,4 millones de dólares a la fiscalía "para reforzar las investigaciones que se adelantan" contra Odebrecht, según un comunicado del gobierno panameño.

Este dinero fue adjudicado después que la fiscalía pidiera recursos al gobierno para apoyar sus investigaciones en este escándalo internacional.

"Dada la delicadeza del caso de Odebrecht y las implicaciones del mismo", el Ministerio de Economía y Finanzas realizó las diligencias para obtener estos fondos para apoyar la investigación y "resarcir al Estado los recursos utilizados ilícitamente".

Odebrecht pagó en Panamá, entre 2010 y 2014, más de 59 millones de dólares en sobornos a cambio de contratos valorados en más de 175 millones de dólares, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Por este caso ha tenido que declarar Mario Martinelli, hermano del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), cuyos hijos y varios exfuncionarios también son mencionados en el expediente.

Según la fiscal jefe, Kenia Porcell, se han formulado cargos contra 17 personas por el escándalo de Odebrecht en Panamá, incluyendo a tres exfuncionarios "de alta jerarquía", ocho empresarios panameños, cinco empresarios de otras nacionalidades y un funcionario de la banca privada.

Odebrecht, a la que el gobierno panameño prohibió licitar en el país, se comprometió a reintegrar el dinero entregado en comisiones.

La constructora brasileña desistió recientemente de continuar en la licitación para la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, obra estimada en 1.000 millones de dólares, y canceló un contrato hidroeléctrico en el país centroamericano. (I)

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