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Fiscalía de Brasil pide prisión para aliados de Temer
El gobierno interino de Michel Temer (foto) parece a punto de estallar en Brasil. Su ajuste económico, con promesa de apertura del mercado y la reducción de regulaciones económicas se mezcla con la bomba de la Operación Lava Jato. “Los que se manifestaban contra Dilma ahora tienen vergüenza”, dijo el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La crisis de todo tipo que domina la escena brasileña se agravó luego de que el fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, pidió a la Corte Suprema la captura del presidente del Senado, Renán Calheiros, del expresidente José Sarney, del suspendido jefe de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y del senador Romero Jucá, por intentar interferir en las investigaciones en torno al escándalo de corrupción de Petrobras.
El pedido fue realizado luego de que Sarney, Calheiros y Jucá, hombres fuertes del PMDB, fueran grabados por el ‘arrepentido’ Sergio Machado, un funcionario corrupto confeso que presidió Transpetro, una subsidiaria de Petrobras.
El pedido está en manos del juez Teori Zavascki, encargado, en el Supremo Tribunal Federal, de investigar a las personas con fueros.
Esto causó conmoción a la ya escandalosa crisis brasileña, en medio del juicio político contra la suspendida presidenta Dilma Rousseff, quien argumenta que fue víctima de un golpe articulado por Temer y, entre otros, el senador Jucá.
Rousseff en su defensa en el juicio político, que le realiza el Senado, incluyó el audio de Jucá, en el cual en marzo pasado, cuando Temer aún asomaba como leal, dice claramente que habló con jueces de la corte y generales del Ejército para garantizar la marcha del juicio político y así “evitar la sangría” de la clase política tradicional frente a la recaudación ilegal de dinero hecha por el PMDB ante empresarios que tenían contratos con Petrobras. (I)
El juicio político contra Dilma se extenderá a agosto
La comisión del Senado programó el cronograma del juicio político por supuesta irresponsabilidad fiscal contra Dilma Rousseff y el pedido de prisión a aliados del gobierno interino supone un alivio contra la mandataria suspendida, que puede ser expulsada definitivamente si la oposición logra 54 votos en el Senado.
El proceso se prolongará hasta el 2 de agosto, fecha en la cual el Senado debe decidir por el inicio de las sesiones en la Cámara alta, convertida en tribunal. (I)
