La FAO  instó este jueves 20 de septiembre  a los países latinoamericanos a regular la pesca artesanal para garantizar la sostenibilidad de los recursos pesqueros y la seguridad alimentaria de la región y asegurar la protección social de las personas que se dedican a esta actividad.

"La importancia de la pesca y la acuicultura para la seguridad alimentaria y nutricional en la región hace necesarias acciones legislativas y compromisos concretos que potencien su desarrollo de forma sostenible", indicó el coordinador subregional para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura Mesoamérica (FAO), Tito Díaz.

El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) aprobó en 2017 la Ley Modelo de Pesca Artesanal o en Pequeña Escala, que es la primera ley de este tipo del mundo y constituye un marco jurídico de referencia que los países pueden utilizar como base para desarrollar sus propias políticas y leyes nacionales.

Esta ley ha servido de ejemplo a al menos seis países de la región, que ya están discutiendo normas parecidas en sus respectivos parlamentos y entre los que se encuentran Chile, Ecuador, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Guatemala, aseguró Díaz.

El coordinador subregional del organismo internacional inauguró este miércoles en el Parlatino, cuya sede permanente se encuentra en Panamá, el IV Foro Parlamentario de la Pesca y la Acuicultura en Latinoamérica, que reúne hasta mañana a cerca de 40 diputados de distintos países de la región.

La regularización de la pesca artesanal contribuirá a mejorar la protección social de los pequeños pescadores de la región, promover el empleo decente y combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, una actividad ilícita que mueve cada año en el mundo 26 millones de toneladas de productos pesqueros, con un valor de mercado de $ 23.000 millones, apuntó Díaz.

También ayudará a introducir medidas de seguridad en el sector, ya que es uno de los más peligrosos del mundo, agregó el especialista.

El organismo internacional calcula que la pesca se cobra cada año cerca de 24.000 víctimas en todo el mundo, lo que supone una tasa de 80 muertes por cada 100.000 habitantes. (I)