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Fallo sobre masacre es bien recibido por víctimas pero preocupa al Gobierno

La condena al Estado colombiano por un bombardeo en el que murieron 17 civiles fue acogida hoy con esperanza por las víctimas y preocupación por el Gobierno que cree que el fallo pone en entredicho las acciones de las fuerzas de seguridad.

Las posiciones fueron expresadas por una de las víctimas del bombardeo, ocurrido en 1998, al caserío de Santo Domingo, en el departamento de Arauca; el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CCAJAR), que actuó como defensor de los afectados, y el ministro colombiano de la Defensa, Juan Carlos Pinzón.

Para Alba Yaneth García, una de las 27 personas heridas en el bombardeo que también dejó 17 muertos, entre ellos seis niños, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) "le dio la razón a las víctimas y no a los victimarios".

La Corte condenó ayer al Estado colombiano por la llamada "masacre de Santo Domingo" en la que el tribunal señaló que esa situación fue resultado de un bombardeo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) en medio de un operativo militar contra guerrilleros.

Los jueces señalaron que aquellos hechos constituyeron una violación al derecho a la vida, a la integridad física y un acto contrario al Derecho Internacional Humanitario.

García agregó que ese fallo deja a las víctimas "llenas de esperanzas" al ser reconocidas como "víctimas inocentes de esa masacre".

Confió en que los actos públicos de reconocimiento de la responsabilidad los cumpla el Gobierno en el caserío del departamento de Arauca, escenario de esa acción militar.

Para García, que en la época del ataque era una adolescente, las secuelas "jamás se borrarán", y es que los traumas psicológicos la persiguen desde entonces, en especial "cada vez que escucha ruidos de helicópteros".

Pese a todo, al igual que otras de las víctimas, esta mujer ha logrado reconstruir su vida y hoy es profesora de un colegio público en Fortul, Arauca (este), donde enseña lengua castellana.

Entre los obstáculos que le ha tocado vencer está el no tener "casi un hombro" porque "voló" por una de las esquirlas que la alcanzó durante el bombardeo.

Por su lado, Jomary Ortegón, jurista del Colectivo CCAJAR y defensora de las víctimas, dijo en una rueda de prensa que la condena al Estado deja claro que este debe revisar "su estrategia de defensa en escenarios de protección de derechos humanos".

"Lo primero que deben hacer es acatar el fallo, segundo reconocimiento público, investigación, judicialización y sanción de todos los responsables, reparación a todas las víctimas, rehabilitación para las víctimas y por su puesto que estos hechos nunca vuelvan a ocurrir", dijo la letrada.

Ortegón insistió en que esta sentencia es una victoria conjunta porque la que ganó fue la justicia.

Por su parte, el ministro de Defensa de Colombia, Juan Carlos Pinzón, aseguró que la condena de la Corte pone en entredicho las acciones de las Fuerzas Militares.

"Respetamos la decisión del tribunal internacional, pero no hay duda que llama mucho la atención que mientras en Colombia hay condenas directas contra las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) por haber participado en esa situación, se quiera poner en entredicho la acción del Estado colombiano", dijo Pinzón a Caracol Radio.

Por su lado, la aviación colombiana reiteró que no lanzó bombas contra los pobladores y se mostró respetuosa del fallo de los togados.

A través de un comunicado, la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) señaló que lo que hizo en esa oportunidad fue brindar a "requerimiento del Ejército Nacional apoyo aéreo a sus tropas que en cumplimiento de su deber y combate" habían perdido nueve soldados y 12 más estaban heridos en enfrentamientos con las FARC.

Reiteró que en ningún momento esa fuerza lanzó contra la población de Santo Domingo un dispositivo "clúster ni efectuó ametrallamiento contra personas civiles".

La FAC señaló, igualmente, que respeta el fallo de la CorteIDH y que de todos modos está analizado, con su equipo jurídico, la sentencia por lo que "se abstiene de hacer consideraciones al respecto".

Añadió que la única sentencia de "responsabilidad en firme" es la de un juez de Arauca contra el fallecido Noé Suárez Rojas, alias "Grannobles", jefe del X Frente de las FARC.

Entre tanto, la Defensa Jurídica del Estado, a cargo de Adriana Guillén, señaló a la página electrónica de El Tiempo que "el fallo del caso Santo Domingo fue benigno al Estado puesto que se le reconoció el cumplimiento de sus obligaciones de investigar, establecer la verdad y reparar"

Exaltó que el fallo no ordene indemnizaciones ya que el Consejo de Estado y la Jurisdicción Contenciosa repararon a las víctimas adecuadamente, cumpliendo los parámetros convencionales.

"La Corte Interamericana no entró a debatir sobre quién o quiénes son los responsables de la masacre porque reconoció que la responsabilidad penal individual debe ser discutida y debatida internamente en la justicia colombiana, ya que la Corte no es un tribunal penal", aseguró la funcionaria. EFE

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