Expertos de la ONU instan a más de 50 países a repatriar a niños y mujeres de Siria

Relatores de la ONU expertos en Derechos Humanos dieron la voz de alarma sobre la situación de las personas en los campamentos de desplazados de Al Hol y Roj, en el noreste de Siria, e instaron a más de medio centenar de países, entre ellos España, a hacerse cargo de las mujeres y niños que están atrapados en estas zonas por su supuesta vinculación con miembros de grupos armados.

Más de 64.000 personas viven en los citados campamentos, en su mayoría mujeres y niños, en "condiciones humanitarias extremas". Los relatores aseguraron que las condiciones de "violencia, explotación, abuso y privaciones" en las que viven podrían equivaler a crímenes internacionales, susceptibles por tanto de ser castigados en órganos como el Tribunal Penal Internacional (TPI).

Los expertos, que aludieron también a que "un número indeterminado" de personas habrían fallecido por las condiciones de reclusión a la que fueron sometidos, han opinado que es momento de una acción "colectiva, sostenida e inmediata" por parte de la comunidad internacional.

En este sentido, recordaron que los países tienen la "responsabilidad" de actuar para proteger a los ciudadanos que puedan estar en situaciones extremas, "especialmente mujeres y niños". En contextos como el del noreste de Siria, añadieron, "las acciones u omisiones de los Estados pueden afectar positivamente a los Derechos Humanos de estos individuos".

Los relatores abogaron por emprender procesos de repatriación conforme al Derecho Internacional o por evitar que estos traslados puedan derivar en nuevas situaciones de abuso, promoviendo por tanto la integración y favoreciendo la atención de los traumas que hayan podido derivarse de la estancia de estas personas en territorio sirio.

Por otra parte, los expertos se sumaron a las dudas ya expresadas por la oficina de Derechos Humanos de la ONU en relación al proceso de recogida de datos llevado a cabo en los campamentos en julio de 2020, porque se trata de informaciones privadas y existen dudas sobre su uso.

Temen que este estudio, teóricamente destinado a evaluar amenazas para la seguridad, termine de estigmatizar a las familias con supuestos vínculos con el grupo terrorista Estado Islámico. Asimismo, han denunciado que los actores humanitarios hayan permanecido al margen, al igual que el personal médico. (I)