Españoles protestan por las reformas judiciales de Rajoy
Miles de personas protestaron ayer en la capital española contra las reformas del sistema judicial impulsadas por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, a las que consideran un ataque brutal al estado de derecho.
Durante la marcha, que transcurrió entre la céntrica plaza de Cibeles y la sede del Ministerio de Justicia en Madrid, los manifestantes corearon consignas en rechazo a la ley de tasas judiciales y la proyectada privatización del Registro Civil.
El presidente del sector de Justicia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), Francisco Lama, denunció que la política emprendida por el Gobierno está privando de derechos fundamentales a los ciudadanos, como es la tutela judicial efectiva.
Los españoles tienen la impresión de que cada vez es más difícil acceder a la jurisprudencia, que se está deteriorando y lo más grave, que hay diferentes castas sociales y varas de medir, indicó Lama.
Esta protesta es en defensa del mantenimiento del servicio público de la Justicia, enfatizó Lama, quien anticipó que los sindicatos representativos del sector continuarán sus movilizaciones.
Por su parte el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, Vicente Navarro, también denunció que las leyes adoptadas de manera unilateral por el PP supondrán una limitación de derechos fundamentales a toda la ciudadanía.
Una encuesta difundida en noviembre último por el Consejo General de la Abogacía Española indicó que el 83 por ciento de los españoles está en contra del pago de las tasas para acceder a la justicia. Para las asociaciones profesionales, esos aranceles solo beneficiarán a empresas, bancos y grandes patrimonios, que podrán abonarlos, mientras que perjudicarán a las clases medias y trabajadoras.
En opinión de la coalición Izquierda Unida (IU), las tasas judiciales se enmarcan en el avance de los procesos privatizadores emprendidos por Rajoy y representan un salto cualitativo en el desmantelamiento de los servicios públicos, incluida la justicia.
