España espera juicios de 14 tramas que implican a 500 políticos
No todos los políticos son como Pepe Mujica, que renunció a vivir en la casona de Suárez y Reyes y donaba el 90% de su salario presidencial a ayudas sociales para los necesitados. En Europa la cosa cambia. Aquí no es raro que los votantes se pregunten por el valor de su sufragio. En España, al menos, la cuestión todavía no ha encontrado respuesta pero, pese a la frescura de Podemos y otras formaciones recién nacidas, el panorama no invita al optimismo. La crisis económica incrementó las cifras de pobres hasta el nivel que había en la década del 80. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), uno de cada cinco españoles carece de los ingresos económicos básicos para enfrentarse a las necesidades de la vida y más de nueve millones de personas viven con menos de 530 euros netos al mes. Unas cifras desoladoras. Pese a la indignación generada por la caída del nivel de vida y los innumerables recortes en servicios públicos como la sanidad que le han acompañado, el motivo que más ha disparado la irritación popular es la corrupción. No es para menos. Los mismos que durante estos oscuros años han sido enviados a las filas del desempleo observaban perplejos como hasta 486 políticos de los partidos han sido imputados por corrupción en diferentes lugares del país. Hasta 14 casos esperan juicio y uno solo, el caso Malaya, tiene su veredicto tras años de maniobras orquestales en la oscuridad.
La degradación de la política humilla la democracia y en ese caldo gordo, alimentado por el uso de bienes públicos, se ha cocinado el desafecto, una ranura por la que empiezan a colarse soflamas antidemocráticas, como la de expulsar a los “sin techo” de las calles de Madrid “porque ahuyentan el turismo”, que resulta cada vez más rentable en períodos de crisis ideológica, como el actual.
Una de las personas a quien esta situación le ha alcanzado de lleno es María, baja estatura, flaca y con el rostro arrugado como una nuez. Mira con ojos de agua y habla a solas. Está sentada en el piso cerca de la Puerta del Sol con una mano flácida extendida pero sin mostrar confianza alguna en la caridad pública. Duerme en un humilde nicho hecho con cartón. A su lado hay más papelones apilados bajo la sombra de unos cipreses inmensos y de una buganvilla tan cansada que parece que cualquier día se va a descuartizar. Nació en Fuenlabrada, un pueblo del cinturón obrero de Madrid, y es tan vieja que no recuerda su edad. “Estuve trabajando en la limpieza de portales y haciendo camas. Toda la vida. En Madrid, en Múnich...”, explica. Un día perdió el piso. La echaron por la fuerza de su vivienda. Fue el banco, que pedía su dinero, pero ella ni siquiera se quejó. Tampoco lo hace ahora. Prefiere hablar del descrédito que le generan “esos políticos que callan la corrupción sobre la que acuestan” y pronostica desde la sencillez más demoledora “que al final lo pagarán”.
La lista de imputados relevantes por corrupción en España es cuantiosa. Sobre todas ellas, destacan la operación Nóos y los falsos contratos que llevan la firma de Elena de Borbón, la Gürtel y sus múltiples ramificaciones entre las que está el caso Bárcenas que destapó los supuestos cobros millonarios de dinero negro por parte de la plana mayor del PP, los fraudulentos pagos de jubilaciones a personajes vinculados al PSOE de Andalucía, la millonaria herencia no declarada por el expresidente catalán Jordi Pujol, el caso de las opacas tarjetas black que no solo implican a Rodrigo Rato, sino también a representantes de la izquierda política, y la Operación Púnica que terminó con el arresto de 51 políticos, funcionarios y empresarios pertenecientes a una trama de corrupción que en dos años adjudicó servicios públicos por el valor de 250 millones de euros a cambio de pagos y comisiones ilegales.
Un estudio reciente de la Universidad de Las Palmas cifra en 40.000 millones de euros el “coste social” de la corrupción en España aunque hay tantos casos y todos de una sofisticación tan mareante, que resulta difícil de cuantificar. El último Barómetro Global de la Corrupción, elaborado por la ONG Transparencia Internacional, revelaba también que en 51 países del mundo se considera a los partidos políticos como la institución más deshonesta. En España, los políticos obtenían una nota de 4,4 sobre 5 en la escala de corrupción. Un síntoma para una conclusión demagógica cada vez más difundida, la del “despotismo democrático”, que considera que todos los políticos son iguales.
Pese a que el ministro de Economía español, Luis de Guindos, aseguró el martes que “España no es un país estructuralmente corrupto en absoluto” y que resulta injusto “generalizar casos puntuales”, el exmagistrado Baltasar Garzón, condenado a 11 años de inhabilitación por prevaricación, considera justo lo contrario. En su opinión, la corrupción “está presente en el ámbito público y privado y el elemento permanente ha sido la impunidad”. Para Garzón, es una herencia de la dictadura franquista que la sacrosanta transición “no tomó en cuenta”. Estas afirmaciones aparecen en su último libro, “El Fango, 40 años de corrupción en España” y le están sirviendo para reforzar algunas de sus históricas “enemistades”. Sobre todo, en la trinchera del PP.
Pero, paradojas de la vida, la crisis que ha expulsado a miles de ciudadanos fuera del mundo, está actuando como despertador de las conciencias. Al menos, así lo ve Garzón. “Ha creado una indignación activa. Enfadarnos con esas prácticas ilícitas y exigir que se actúe para que eso cambie, es lo que nos ha traído la grave crisis”, asegura el exjuez que fue amenazado de muerte cuando comenzó a investigar una complicada trama como la Gürtel, en cuyo sumario aparecen los nombres de los principales líderes del partido que hoy dirige el gobierno. En los próximos meses comenzarán varios de esos complejos juicios. En octubre, el primero, la trama Gürtel, el voluminoso caso que terminó con la carrera de un juez a quien todos consideraban intocable. (I)
