España corregirá la ley de desahucios tras sentencia de la UE

España modificará la ley de desahucios tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que decretó que esa legislación vulnera la normativa europea, informaron las autoridades de ese país.

"Lo que asumimos ya es el compromiso de que todos aquellos aspectos que el Tribunal haya declarado contrarios a la legislación europea serán corregidos", dijo el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz Gallardón.

"La doctrina del Tribunal se incorporará a la legislación española", insistió el ministro.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) sentenció este jueves que "la legislación española en causa es contraria a la normativa europea, dado que impide al juez competente declarar abusiva una cláusula o adoptar medidas preventivas para suspender el procedimiento de ejecución".

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, señaló que al momento se está estudiando el fallo y que hay algunos problemas de procedimiento que se intentarán subsanar.

"Aprovechando que ahora hay una tramitación de un real decreto ley sobre desahucios en el Congreso para mejorar la situación, procuraremos adecuarlo a lo que allí se nos pide", sostuvo.

En España hay miles de inmigrantes amenazados de desahucio por impago de sus créditos hipotecarios, víctimas de la grave crisis económica que sufre el país y por la que muchos de ellos han perdido su empleo.

El pasado enero el Defensor del Pueblo de Ecuador, Ramiro Rivadeneira, apoyó la demanda de un compatriota residente en España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en Estrasburgo, afectado por la crisis de las hipotecas.

Los ecuatorianos, principal colonia de emigrantes latinoamericanos en España, cuentan desde 2011 con un servicio de asesoramiento gratuito en sus consulados de Madrid, Barcelona, Murcia y Valencia que ha atendido a más de 6.000 ecuatorianos, según la Embajada.

El pasado 9 de marzo el presidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció que su Gobierno demandará a algunos bancos españoles por haber suscrito contratos hipotecarios supuestamente abusivos que han afectado a miles de inmigrantes ecuatorianos en España.