España aprueba ayuda a parados y aplaza reforma financiera

El Gobierno español acordó hoy prorrogar la ayuda de 400 euros mensuales a desempleados sin subsidio y anunció, a petición de la Comisión Europea, que aplaza al próximo 31 de agosto la aprobación de la reforma financiera.

Ambos asuntos fueron abordados en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros español, que decidió prorrogar seis meses la ayuda a desempleados sin cobertura para aumentar la empleabilidad e insertar en el mercado de trabajo a quienes agotaron otros subsidios.

La finalidad es que "nadie que tenga apuros para vivir se quede sin la necesaria asistencia del Estado", sostuvo ante los periodistas la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría.

Además, el Ejecutivo español incrementó la cuantía de esta ayuda hasta 450 euros para aquellos desempleados que hayan agotado la prestación por paro o el subsidio y tengan a su cargo, al menos, dos miembros de la unidad familiar, además del cónyuge o pareja de hecho.

Por el contrario y para evitar los sobrecostes por esta prórroga al tiempo que se garantiza la "equidad", no cobrarán los 400 euros los parados sin cobertura que convivan con sus padres, si estos tienen ingresos que, divididos entre todos los miembros de la familia, superan los 481 euros mensuales (75 % del salario mínimo en España).

En cuanto a la reforma financiera, el Gobierno español accedió a la petición de "una semana más" por parte de la Comisión Europea para estudiar la reforma del real decreto que adapta la legislación española a las condiciones del memorando que permite a España recibir hasta 100.000 millones para sanear la banca.

Expertos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional mantienen hoy una reunión en Madrid, en la que también participan representantes del Banco de España y el Ministerio de Economía para estudiar estos cambios normativos, entre ellos la creación de un "banco malo" que permitirá a las entidades traspasar sus activos tóxicos.

Asimismo y hasta el momento, la norma contempla la posibilidad de liquidar entidades inviables y elevar la solvencia de las entidades financieras españolas antes de finalizar el año del 8 % al 9 %.