Ente electoral sanciona al mandatario peruano

El presidente peruano, Ollanta Humala, enfrenta problemas con un tribunal electoral, mientras recibe ataques opositores que le imputan un supuesto plan de fuga y su vicepresidenta confirmó su ingreso a un partido ajeno al Gobierno.

El primer ministro, Pedro Cateriano, y el titular de Justicia, Aldo Vásquez, rechazaron un dictamen de un tribunal electoral de primera instancia que acusa al mandatario de intromisión electoral.

Según el Jurado Electoral Especial (JEE) que vio el caso, Humala incurrió en violación del principio de neutralidad al críticar a candidatos a la presidencia en campaña por las elecciones del 10 de abril próximo y recordar que el exgobernante Alberto Fujimori está preso por corrupción y otros crímenes.

Entre las declaraciones de Humala que el JEE presenta como evidencia está la afirmación que él hizo en diciembre de que el expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) es “un ladrón de marca mayor”.

Aunque Humala afirmó en su momento que sus expresiones se basan en que Fujimori cumple una condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad y corrupción, los fujimoristas señalaron que estaba afectando la candidatura de Keiko Fujimori, la hija del exmandatario que encabeza actualmente las preferencias electorales.

El JEE agregó que Humala también “calificó de populismo empresarial los discursos de los aspirantes al sillón presidencial” durante la reunión de ejecutivos CADE 2015, de diciembre pasado.

Cateriano señaló que el Gobierno deplora y rechaza la resolución del Jurado Electoral Especial que atribuye al mandatario una infracción que amerita sanción penal, la cual no se aplica en este caso por la inmunidad que protege al jefe de Estado.

Según el primer ministro, Humala manifestó opiniones en uso del derecho constitucional de expresión de ideas que es vulnerado por el dictamen del jurado, e incluso subrayó que el mandatario está obligado a dar a conocer todos sus puntos de vista, por lo que el dictamen del jurado debe rectificarse.

“No se puede limitar la libertad de opinión del Gobierno, ¿o acaso se pretende que en estos meses que restan de gobierno guardemos silencio y escuchemos agravios e insultos sin ejercer el legítimo derecho de defensa?”, señaló el secretario.

Indicó que, ante los ataques opositores, en días pasados pidió al Jurado Nacional de Elecciones que invoque a los opositores a abstenerse de agravios que pueden perturbar la campaña electoral. Según el titular, el Gobierno cumple la obligación de neutralidad electoral al no usar los recursos ni personal del Estado para hacer proselitismo. El ministro Vásquez ratificó lo expresado por Cateriano y dijo que su despacho analiza las acciones legales a tomar frente a la resolución adversa al presidente.

Investigaciones a esposa y familiares del gobernante

Entre tanto, el diario Correo, parte del poderoso grupo mediático opositor El Comercio, afirmó que el Ministerio de Justicia de Francia investiga supuestas cuentas y propiedades de familiares y allegados de Humala.

La pesquisa, añade la versión, fue solicitada por un fiscal que investiga a la primera dama, Nadine Heredia, por supuesto lavado de activos, derivado del manejo discrecional de presuntos fondos electorales anteriores al actual Gobierno y que, según Humala y su esposa, nada tienen que ver con recursos del Estado.

La información atizó las especulaciones desatadas por el virtual congelamiento de un tratado de extradición con Francia que el Parlamento aprobó a pedido del Gobierno y que Humala no firma para poner en vigencia por considerar que no tiene plena reciprocidad, según Cateriano.

Las conjeturas alegan que Humala proyecta escapar a Francia tras concluir su mandato, en julio próximo, y buscaría ponerse a cubierto de ser extraditado por procesos que pudieran abrirse en su contra, lo que rechaza el Ejecutivo.

En ese contexto, la vicepresidenta de la República, Marisol Espinoza, que meses atrás renunció al gobernante Partido Nacionalista por discrepancias, declaró que seguirá en el cargo, pese a haberse enrolado al grupo Alianza para el Progreso, del conservador César Acuña, y añadió que será candidata al Parlamento. (I)