Familiares de los nicaragüenses fallecidos y sobrevivientes de la llamada “Operación limpieza” (del 8 de julio de 2018), que registró 38 muertos por la represión del gobierno de Daniel Ortega, denuncian que fueron nuevamente atacados por la Policía. 

De acuerdo con su versión, ayer cuando se disponían a realizar una misa en honor a los caídos, los agentes de la Policía Nacional y grupos paramilitares rodearon la parroquia San Antonio, en Jinotepe, y los amenazaron con disolver la actividad.

La Policía de Nicaragua prohíbe desde septiembre las reuniones de personas que se oponen al presidente Ortega. Los juristas afirman que esta medida viola la Constitución.

Sin embargo, luego de la misa el centenar de familiares de las víctimas soltaron globos con los colores patrios. También, alzaron la bandera y entonaron el himno de Nicaragua, pese a que esta actividad es considerada motivo de cárcel, según disposición de Ortega.

El expreso político Rafael Acevedo detalló que fue capturado y obligado a pasar por “el camino del diablo”. Este recorrido consiste en que paramilitares forman un pasillo para golpearlo con garrotes, palos de leña u otros objetos.

Ante el acoso de los paramilitares, las madres de las víctimas insistieron en que no cometen delitos ni actos irrespetuosos a la autoridad.

Los enfrentamientos entre  Ortega y sus opositores nicaragüenses estallaron en abril de 2018. La situación empeoró con el registro mortal en cada protesta antigubernamental o en ataques armados contra diversas ciudades.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que responsabiliza al Gobierno por crímenes “de lesa humanidad”, contabiliza 326 muertos en los 15 meses de crisis. Organizaciones de  Nicaragua suman 594. El Gobierno, por su parte, solo reconoce a 200.

La Organización de los Estados Americanos puso en marcha un proceso de aplicación de la Carta Democrática Interamericana por alteración del orden constitucional, que de ejecutarse la suspendería del organismo. (I)