Exmilitares argentinos y uruguayos fueron condenados por participar en el Plan Cóndor

El Tribunal Oral Federal 1 de la Ciudad de Buenos Aires condenó hoy al exdictador Reynaldo Bignone y al coronel retirado uruguayo Manuel Cordero a 20 y 25 años de prisión por su participación en el Plan Cóndor, un sistema criminal de coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur durante los años 70 y 80.

La mayoría de los 18 acusados en este juicio, iniciado en 2013 en Buenos Aires, fueron condenados por "asociación ilícita" con sentencias que van de 8, 12, 20 y 25 años, dependiendo de los casos probados a cada uno de los exmilitares acusados. Bignone y Cordero no estuvieron presentes en la lectura del veredicto.

Los implicados, en su mayoría sentenciados por otras causas, dieron forma a un plan de secuestro, tortura y asesinato de opositores bajo los regímenes dictatoriales en Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

De 88 años, Bignone fue condenado a 20 años como autor "penalmente responsable de integrar una asociación ilícita en el marco del denominado Plan Cóndor", dijo el juez Oscar Almirante, al leer el veredicto.

Bignone fue el último presidente de facto que tuvo Argentina en la dictadura militar que entre 1976 y 1983 dejó unos 30.000 desaparecidos, según organismos humanitarios.

El ex militar uruguayo Manuel Cordero fue sentenciado como "partícipe necesario, penalmente responsable de privación de libertad en once casos", según la sentencia. Entre los casos probados contra Cordero destacó el vinculado con la desaparecida María Claudia García, nuera embarazada del poeta argentino Juan Gelman, fallecido en 2014.

La nieta de Gelman, Macarena fue entregada a una familia cómplice de la dictadura uruguaya, y recuperó en el 2000 su identidad a los 23 años.
Presente en el tribunal Macarena Gelman no ocultó su satisfacción al escuchar la condena a uno de los verdugos de su historia.

“Es un punto de partida que va a cerrar algunas heridas”, dijo a EL TELÉGRAFO la periodista y escritora argentina Stella Calloni, autora del libro “Los años del Lobo” sobre esa estructura criminal de persecución a disidentes, políticos y militantes que dejó cientos de víctimas.

La causa se inició hace 3 años y 3 meses e involucró a 22 imputados. Sin embargo, 5 de ellos murieron (como el exdictador Jorge Videla)  o fueron apartados del caso por razones de salud.

El veredicto fue impuesto por los jueces Adrián Federico Grünberg, Óscar Ricardo Amirante, Pablo Laufer y Ricardo Angel Basílico. Poco antes, los acusados tuvieron derecho a pronunciar sus palabras finales en los tribunales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

Los acusados fueron imputados por “asociación ilícita” y crímenes de lesa humanidad. El Plan Cóndor articuló la represión de las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Su piedra basal se colocó en una reunión realizada en 1975 en Chile, durante el régimen de Augusto Pinochet.

Los distintos regímenes militares coordinaron la represión a través del intercambio de inteligencia, el arresto de disidentes que huían a naciones vecinas y su repatriación para ser torturados y ejecutados. En otros casos eran asesinados en el mismo lugar de sus arrestos o fuera de Sudamérica, como ocurrió con el excanciller chileno Orlando Letelier, víctima de un atentado en Washington en 1976.

Se trató de “una asociación ilícita entre naciones, documentada y probada”, cuya “magnitud aumentó la peligrosidad y el poder de cada una de las estructuras criminales nacionales” en esos años, dijo el fiscal Pablo Ouviña.

“Las víctimas no tenían escapatoria. Una frontera es un límite, en lo geográfico y en otros ámbitos. El Plan eliminó esos límites mediante el intercambio de información y de acciones. Construyeron un marco de coordinación regional, logístico e ideológico que quedó documentado en diferentes archivos de los que nos fuimos nutriendo durante la investigación”, relató el fiscal en entrevista con la agencia oficial Telam.

Calloni se mostró esperanzada de que “los veredictos se ajustarán a la verdad. Hay una enorme seriedad y responsabilidad judicial”, apuntó.

Las penas pedidas por el ministerio público y las distintas querellas, como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), llegan hasta un máximo de 25 años. La fiscalía solicitó esa pena para el exdictador Reynaldo Benito Bignone ( jefe de la última junta militar), Santiago Omar Riveros, Rodolfo Emilio Feroglio, Humberto José Román Lobaiza y Miguel Angel Furci, acusados por el delito de asociación ilícita y como coautores mediatos de numerosas privaciones ilegítimas de libertad, entre otros crímenes. La misma pena fue pedida para el agente de la inteligencia militar uruguaya Manuel Cordero Piacentini como partícipe necesario del secuestro de 11 víctimas.

El juicio fue uno de los más extensos y complejos realizados sobre la época más dura que enfrentó la región en su historia. El proceso se desarrolló en 2 causas paralelas:  la Operación Cóndor por un lado y los crímenes en el centro clandestino de detención Automotores Orletti, donde se alojaba a detenidos de nacionalidad uruguaya, por el otro. En conjunto totalizan los casos de 174 víctimas de distintos países.

“Se entrecruzaron los datos de los archivos, por ejemplo, la fecha y lugar de un desaparecido con el responsable territorial de ese momento. Cada uno de los imputados estaba a cargo de un área o subárea”, dijo el fiscal.

La causa se inició en 1999 con denuncias de víctimas paraguayas y chilenas, pero por entonces todos los procesos sobre violaciones a los derechos humanos estaban paralizados por las llamadas leyes del perdón aprobadas bajo presión militar en el gobierno de Raúl Alfonsín. El expresidente Néstor Kirchner las derogó y posibilitó la reanudación de todos los juicios en el país austral. En Roma se sustancia un juicio similar patrocinado por víctimas del Plan Cóndor, pero solo el juicio argentino investigó la asociación ilícita de los regímenes militares.

La documentación utilizada en la causa incluyó informes del Museo de la Memoria de Paraguay, archivos de la CIA desclasificados y de los Archivos del Terror descubiertos por el premio Nobel Alternativo de la Paz y ex víctima del Cóndor, el paraguayo Martín Almada. También documentos secuestrados al agente de inteligencia de la antigua policía secreta chilena Dina Enrique Arancibia Clavel durante su arresto en Buenos Aires.

La defensa de los acusados admitió un sistema de intercambio de información sobre la “subversión”, negando un plan represivo que incluyó secuestros, torturas, atentados, traslado ilegal de prisioneros de un país al otro y asesinatos. (I)