El plan de Temer incluye reducir la ayuda al 5% de brasileños pobres

Privatizaciones, una restauración conservadora en lo político y una agenda liberal económica son las propuestas del vicepresidente Michel Temer, para asumir el comando del país a partir del 11 de mayo, fecha en la cual el Senado deberá suspender por 6 meses a la presidenta Dilma Rousseff. Para ello solo se requiere una mayoría simple, con la que la oposición cuenta.

El plan de gobierno que circula entre los allegados a Temer incluye la reducción de los programas sociales al 5% más pobre de la población. Y la llegada de banqueros, sin contención política, al área económica.

El Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) que abandonó a Rousseff ahora está en alianza con la principal agrupación opositora, el partido socialdemócrata (PSDB) del expresidente Fernando Henrique Cardoso, y del candidato derrotado por Rousseff en 2010, José Serra, y de Aécio Neves, vencido en 2014.

Temer confirmó como ministro de Economía a Henrique Meirelles, quien fue presidente del Banco Central durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010). La ronda de consultas incluyó a banqueros estadounidenses de Morgan Stanley, informó a EL TELÉGRAFO una fuente que participa en el armado del nuevo gobierno en el Palacio de Jaburú, residencia del vicepresidente en Brasilia.

El exgobernador de Río de Janeiro y exministro de Dilma, Wellington Moreira Franco, hombre fuerte del PMDB, encabezará una comisión especial para llevar adelante las concesiones pendientes del gobierno de Rousseff y una nueva era de las privatizaciones en Brasil. Es un proyecto que  data de los años 90 durante el boom neoliberal del gobierno de Cardoso.

Entre los puntos más duros se encuentra el pase a las manos privadas del gerenciamiento de los hospitales públicos brasileños y el fin de los cupos raciales en las universidades. Esa era una iniciativa para compensar a la mayoría del país que históricamente quedó atrasada socialmente, producto de la herencia esclavista.

El PMDB ha participado en todos los gobiernos a cambio de apoyo legislativo. Así ha sido desde 1994 hasta la ruptura con Dilma, el mes pasado.

Por otro lado, el empresariado ha admitido, sin medias tintas, que la caída de Rousseff abrirá las billeteras de los hombres de negocios que financiaron la campaña del juicio político. “Con un gobierno Temer vamos a recuperar la confianza. Serán sacados de los cajones los proyectos de inversión”, reconoció el presidente de la Confederación Nacional de la Industria (CNI), Robson Andrade, luego de reunirse con el vicepresidente en el Palacio de Jaburú.

Por eso la alianza  que Temer busca con los derrotados en la elección de 2014 hace cada vez más evidente que el juicio político también tenía un color ideológico.

Inició la cuenta regresiva

Pero, si depende de los movimientos sociales y de los partidos de izquierda, la conquista del poder sin el voto popular no será fácil. Ayer miles de personas bloquearon las principales avenidas y accesos en las ciudades de Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre, Goiania, Curitiba, Belo Horizonte, Recife y Fortaleza.

“El objetivo de la movilización es denunciar el golpe en marcha en el país y defender los derechos sociales que están amenazados por la agenda de retrocesos presentada por Michel Temer en caso de que asuma la presidencia. No aceptaremos el golpe”, reza un comunicado del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), uno de los organizadores de las protestas.

Por eso la cuenta regresiva promete no ser un mar de rosas para Temer. Las protestas de la izquierda se acrecentarán y el vicepresidente cogobernará con su socio, el acusado de corrupción Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados y número 2 del país, quien abrió el proceso del juicio político.

Frente a eso, Dilma ha priorizado, con lo que resta de su gabinete tras la salida de los partidos conservadores, una agenda de izquierda. “Voy a resistir”, aseguró la mandataria.

“Hay varias formas de golpe -dijo Rousseff en la conferencia nacional de derechos humanos-, hay golpes con armas en las manos o con tanques. Pero hay un nuevo golpe, que se hace con las manos desnudas, rasgando la Constitución. No debemos dejar al golpe prosperar”.

Dilma recibió el respaldo del argentino Adolfo Pérez Esquivel, titular del Servicio de Paz y Justicia y Premio Nobel de la Paz 1980. El activista la visitó en el Palacio del Planalto.

“Hay un golpe blando, como llamo a los golpes de Estado encubiertos, en marcha en Brasil, como ocurrió en Honduras contra Manuel Zelaya y contra Fernando Lugo en Paraguay. Ya no se necesitan las Fuerzas Armadas, esto incluye a los medios que desacreditan a las personas para justificar cargos”, sostuvo el dirigente argentino que, como Rousseff, fue preso político.

Mientras tanto, Rousseff espera lanzar las medidas que sus aliados conservadores le impedían. En ese paquete están los planes sociales, entregar tierras a los indígenas para la reforma agraria y mantener el plan de inversiones de obra pública.

La cuenta regresiva hasta el 11 de mayo incluye las sesiones en la comisión especial de juicio político, dirigida por Antonio Anastasia, exgobernador de Minas Gerais, del PSDB de Neves, quien incurrió en los mismos mecanismos por los que se juzga a Rousseff, es decir maniobras en el presupuesto para cubrir gastos sociales.

Luego de escuchar a las partes, los senadores deberán votar en la comisión. De los 21 miembros, apenas 5 lo harán contra el juicio político. Luego, el 11 será sometido a la votación crucial en el plenario del Senado. Si es aprobado, Rousseff deberá tomarse una licencia de 6 meses hasta que el juzgamiento termine, pudiendo volver o ser condenada y destituida.

En el medio del camino, diputados y senadores oficialistas y opositores moderados entregaron al ministro jefe de asesores, Jaques Wagner, un proyecto para que Dilma convoque a elecciones anticipadas o a un plebiscito para preguntar si debe continuar el gobierno. “Ella todavía es presidenta y tiene las facultades para poder lanzar una iniciativa de este tipo”, dijo el senador opositor Randolfe Rodrigues, del partido Red Sustentabilidad (Rede), de la ambientalista Marina Silva, tercera en la elección presidencial de 2014 y favorita con Luiz Inácio Lula da Silva en un nuevo escenario electoral para 2018.

Una estrategia de Rousseff, si es suspendida del cargo por el Senado, es realizar una agenda internacional para denunciar que es víctima de un golpe parlamentario. A ella la acusan  de supuestas irregularidades contables en el presupuesto lo que no implica una violación a la Constitución y por lo que no merece ser llevada a juicio político. “El móvil de mi juicio es una venganza” del diputado Cunha, repite Rousseff, porque el legislador del PMDB autorizó el proceso luego de que la mandataria se negara a protegerlo en una comisión investigadora.

“Dilma fue ejecutada por un pelotón de fusilamiento dominado por una gavilla legislativa”, dijo Lula da Silva el pasado martes. (I)