El largo y sinuoso camino hacia un nuevo pacto constitucional en Chile

Dentro del actual escenario político de Chile,  la propuesta de la reforma constitucional, lanzada por la presidenta Bachelet el año pasado, se presenta como un desafío para las estructuras de poder constituidas. Y hablamos no solo del poder político, sino también y sobre todo el económico, del cual el primero es refractario. De tal suerte, así como es verdad que el llamado a redactar una nueva Constitución ofrece un cuadro donde  “los de abajo” pueden contar con una oportunidad de incidencia en la vida política chilena hasta ahora inédita, también lo es que  los factores de la hegemonía neoliberal implementada desde el régimen militar y dictatorial encabezada por Augusto Pinochet y mantenida durante los gobiernos de la era democrática, harán todo lo posible por imponer límites siempre y cuando no frustren cualquier tipo de iniciativa que la haga tambalear.   

Así las cosas y en aras de ofrecer al lector y lectora una panorámica lo más amplia posible del cuadro actual, nos gustaría plantear las siguientes apreciaciones en formato de claves de comprensión:

I. Todo proceso de reforma constituyente tiene en su núcleo la posibilidad de la refundación del pacto entre el Estado y la sociedad civil. Es una instancia que lleva a un nuevo diálogo entre la ciudadanía y las normas que se actualizan según el momento histórico del pueblo y que, al mismo tiempo, regula su funcionamiento. Esta relación, sin embargo es dialéctica y compleja, aunque “la voluntad general” quede plasmada en una ley. A su vez, el tipo de reforma constituyente también está dado por el grado de participación ciudadana en el proceso mismo de reforma. Aunque, no sea ahí donde se juegue la legitimidad o no de una constitución.

II. En Chile, durante el mandato de Lagos (presidente 2000-2006) se realizaron varias reformas a La Constitución pero que no implicaron la transformación de la misma, algo que, aparentemente sí se busca en esta propuesta impulsada por la presidenta Bachelet.

La Carta Magna que aún rige es la redactada por una Comisión cuyos integrantes fueron designados por el dictador Augusto Pinochet. El tiempo que estuvo sesionando en secreto dicha Comisión, fue alrededor de siete años. La Comisión quedó a cargo de Jaime Guzmán y de Mónica Madariaga (Ministra de Justicia -y prima -de Pinochet (1). Luego, se convocó a un plebiscito con el solo objetivo de garantizar la “legitimidad” del proyecto constitucional que asumió un carácter de refundacional bisagra: en un contexto de persecución política, torturas, suspensión de los partidos políticos, y todos los elementos que define un régimen democrático donde lo que primó fue un alto grado de violencia política. Entre los objetivos de esta reforma, era centrar el restablecimiento del poder presidencial anclado en la idea de una república conservadora del siglo XIX (2).

III. En la actualidad, Chile se encuentra en un momento político que asume cierta complejidad y que se expresa en diferentes aristas pero que gira en torno a un punto clave: la baja legitimidad de las instituciones y los dirigentes políticos. Clave para pensar cualquier praxis en el campo de la política y su relación con las instituciones democráticas. En este sentido, la contienda electoral en segunda vuelta, en la cual, la presidenta Bachelet gana la presidencia estuvo marcada por un dato relevante: el 58,21% 3 de los electores se abstuvo de ir a votar. Los casos de corrupción que involucran a diferentes dirigentes de algunos partidos, como así también, al entorno familiar más cercano de la presidenta; una alta movilización de algunos sectores -como el estudiantil- que marcan la agenda de la lucha que se visibiliza en las calles y que tensionan la construcción política desde el espacio público son algunas de las marcas de agua que viene atravesando toda la vida política interna de Chile.

IV. En el mes de octubre del año 2015 Bachelet, en la gestión de  su segundo mandato, asumió la voluntad política de una nueva Constitución que viene siendo reclamada por parte de la población.  Por medio de cadena nacional, dio por inaugurado el Proceso Constituyente. Además de explicar didácticamente las etapas de este proceso, fundamentó esta iniciativa reconociendo que: “La actual Constitución tuvo su origen bajo dictadura, no responde a las necesidades de nuestra época ni favorece a la democracia. Ella fue impuesta por unos pocos sobre la mayoría. Por eso nació sin legitimidad y no ha podido ser aceptada como propia por la ciudadanía (…) Es cierto que desde el retorno de la democracia le hemos introducido cambios importantes, que han atenuado su carácter autoritario, pero aún tiene mecanismos que obstaculizan el pleno ejercicio de la libertad de derechos y que no pueden ser eliminados con nuevos intentos parciales (4)”  

V. Entre las etapas primeras de este proceso se anunciaron los “Diálogos Ciudadanos” que se implementan a tres niveles: comunales, provinciales y regionales; de los cuales surgirán las “Bases Ciudadanas para una Nueva Constitución”. Este  documento llegará a manos del Poder Ejecutivo, el cual será la base para redactar el proyecto de la Nueva Constitución (5). Esta etapa cuenta con un Consejo Ciudadano de Observadores (CCO) que garantizará la imparcialidad y transparencia del proceso. Y el cual, ha modificado en parte, los temas a tratar en esta instancia, entre ellos ha cuestionado el mecanismo mismo de modificación de la constitución (6).

VI. En la encuesta realizada por Cadem en el mes de abril, se informa que el 81% de los encuestados no sabe, aún, cómo es la participación en los procesos de diálogos (7) mientras que un 17% afirma saber el procedimiento. Con lo cual, los mecanismos para garantizar una efectiva participación ciudadana, según dan cuenta este estudio de tener cierta debilidad, o bien, podría inaugurar algunas preguntas sobre  el real impacto y motivación sobre la ciudadanía alrededor de esta propuesta de transformación de la carta magna que, da cuenta que lo que sigue en juego es la configuración de la democracia como principio fundante del régimen político. El desafío en esta instancia de refundación se centrará en los niveles de participación con los correspondientes canales habilitados que puedan tener “desde abajo” la ciudadanía para poder encontrarse representados en aquello que los regulará y representará en el futuro. (I)