El futuro de Dilma está en manos de la Cámara de Diputados

Dilma Rousseff será sometida a un proceso de juicio político que puede extenderse por varios meses, incluso hasta febrero o marzo, pero quien ha dado en forma temprana su veredicto contra la exguerrillera que preside Brasil fue el mercado financiero: la Bolsa de Valores de Sao Paulo saltó casi 4% el día después de que se abriera el camino de la destitución y el dólar cayó 2%.

Por venganza debido a que el Partido de los Trabajadores de Rousseff  votó a favor de investigarlo por sus cuentas ocultas en Suiza donde habría depositado dinero de sobornos, el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, aceptó un pedido de la oposición por violación a la ley de responsabilidad fiscal en 2015.

El PT denunció “chantaje” y “golpismo” porque Cunha ha pasado todo el año amenazando con aceptar pedidos de juicio político a cambio de cobertura. Eso se terminó y el país está dividido entre Dilma y Cunha (más el opositor Aecio Neves) y el movimiento entre bambalinas del vicepresidente Michel Temer con la oposición para montar un plan B en caso de que la presidenta sea expulsada del cargo.

¿A qué deberá someterse la presidenta Dilma Rousseff para un juicio político? En primer lugar, este jueves fue leída la denuncia contra la mandataria escrita por un equipo liderado por Miguel Reale Junior, que acusa a la presidenta de ser omisa en el escándalo de Petrobras que investiga la justicia. Dilma sostiene que nunca antes se dejó investigar la corrupción en el país y es dueña del principio “duela a quién le duela, hay que investigar”.

Cunha, pese a que está manchado por casos de corrupción, ganó el respaldo de la oposición, como los partidos Demócratas y de la Social Democracia Brasileña (PSDB).

El próximo paso vendrá la próxima semana con la conformación de una comisión especial con representatividad proporcional al Congreso (dominada por el PT y sus aliados) que deberá analizar la acusación.  

Durante 30 días -y por eso se prevé eliminar el receso del verano en enero- la comisión deberá analizar argumentos acusatorios, escuchar en 10 sesiones a la defensa de la presidenta y elevar su conclusión al plenario de la Cámara de Diputados.

La Cámara de Diputados es clave porque puede evitar el llamado “golpe”. El informe de la comisión es analizado y votado. Si dos tercios de los 512 diputados aprueban el juicio político, Rousseff será llevada al “tribunal”, que es el Senado, donde se necesitan dos tercios de los votos para destituirla, un cálculo que hoy es imposible debido a los números  que maneja el Gobierno.

El titular del tribunal del Senado es el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, considerado cercano al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Si la Cámara de Diputados la envía a juicio, Rousseff deberá tomarse licencia por 180 días, en un escenario inédito para Brasil. Temer asumiría la presidencia y Cunha sería el segundo en la línea sucesoria.

Es el llamado Plan B que entre bastidores la prensa adjudica al vicepresidente Michel Temer, que es del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) al que pertenece Cunha, para formar un gobierno de coalición con parte del PSDB, como ocurrió cuando renunció Fernando Collor de Mello en 1992, antes de someterse a un juicio político por corrupción.

Como primera reacción, el gobierno y sus aliados demandaron ante la Corte Suprema declarar ilegal el pedido de juicio político por considerarlo como una maniobra política y no por una decisión técnica. (I)