El departamento de Potosí concluye la señalización para llegar a Silala

La Gobernación boliviana de Potosí concluyó la señalización del sendero para llegar al manantial de Silala, de donde fluyen las aguas que pasan a territorio extranjero, por el que actualmente Bolivia y Chile mantienen una disputa ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ).

Silala es una cuenca hidrográfica de 70 kilómetros cuadrados, con alrededor de 100 manantiales activos, de los que brotan aproximadamente dos litros de agua por segundo. Ubicada en el sureste de Bolivia, a cuatro kilómetros de la frontera con Chile, este afluente es el centro de una disputa entre ambos gobiernos respecto a su denominación, naturaleza, curso y uso.

Mientras que, Bolivia afirma que es un manantial cuyas aguas fluyen al  vecino país por canales artificiales construidos en 1908, y que este país  está haciendo el “uso ilegal y abusivo” de estas aguas;  Chile asegura que se trata de un río internacional, que nace en Bolivia, cruza la frontera y desemboca en el río San Pedro de Inacaliri, en la cuenca hidrográfica del Pacífico.

Pese a que Silala recibe la visita de funcionarios, expertos en aguas, estudiantes y dirigentes sociales, son los otros atractivos de Potosí, como Salar de Uyuni, las lagunas de colores y los geysers, los que crearon la necesidad de una señalización en el sitio, donde anualmente llegan más de 30.000 turistas.

La disputa legal

En marzo, el Gobierno de Bolivia, presidido por Evo Morales, demandó a Chile ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) para que esta nación “reconozca que tiene una deuda millonaria” por el uso durante más de 100 años de las aguas.

En 1908, la Prefectura de Potosí autorizó a la empresa anglochilena The Antofagasta-Bolivia Railway Company Limited la construcción de unos canales para alimentar sus locomotoras a vapor, pero cuando la empresa cambió esta maquinaria por motores a diésel transfirió, en 1961, el uso de las aguas a Chile. Este dato es respaldado por la información pública de la Gobernación del departamento que indica que en la década de 1960 este cauce fue orientado artificialmente mediante canalizaciones, realizadas por chilenos, con el objetivo de abastecer las locomotoras del ferrocarril Arica-Oruro.

David Choquehuanca, canciller boliviano, indicó que los manantiales “han sido drenados, canalizados por obras civiles tras un permiso dado”.  

Como respuesta, Heraldo Muñoz, canciller de Chile, mostró un mapa adjunto al Tratado de 1904, que confirma al Silala como un río internacional.

Muñoz alegó que esta segunda demanda es “una utilización política de un tema el contexto que conocemos en Bolivia”; ambas naciones llevan más de 100 años discutiendo sobre el acceso al océano que Bolivia perdió a manos de Chile en la Guerra del Pacífico de 1879. Esta derrota convirtió al país andino en el único de América del Sur, además de Paraguay, en no tener salida al mar.

El Gobierno de Chile afirma que Bolivia reconoció al Silala como río internacional hasta 1997, pero ese año cambió sus argumentos.

Choquehuanca explica que en 1997 el Gobierno boliviano, de Gonzalo Sánchez de Lozada, revocó la concesión porque consideró que el agua no era utilizada para los fines que le fueron otorgados en 1908.  

Tras años de disputa fueron los actuales gobernantes Evo Morales, de Bolivia, y Michelle Bachelet, de Chile, quienes al término de sus primeros mandatos, en noviembre de 2009, rubricaron un acuerdo inicial mediante el cual Chile se comprometió a cancelar el 50% del recurso hídrico hasta la realización de un estudio por el que Bolivia buscaba el pago del 100%.

El 50%, según el Gobierno, equivalía al pago de $ 15.000 diarios. Pero esto nunca se efectuó; los dirigentes cívicos de Potosí rechazaron el entendimiento tras considerarlo insuficiente, mientras que Santiago se rehusó a concretar el pago.

Contrademanda chilena

Ante la segunda demanda en CIJ la respuesta del Gobierno chileno fue clara. Chile presentará una contrademanda para denunciar que La Paz se ha negado a cooperar en el levantamiento de la información técnica necesaria para definir los usos y beneficios de un río internacional. También puede esgrimir que Bolivia se ha negado a negociar con Chile, lo que debilitaría el alegato de La Paz en el litigio marítimo.

El abogado Rodrigo Wiesner, experto en Derecho Internacional de Aguas de uso transfronterizo, explica que: “El derecho internacional obliga a los países que tienen recursos hídricos compartidos a mantener un trabajo técnico conjunto y mutuo, con el objetivo de tener un levantamiento de información compartido, antes de regular y establecer qué le corresponde a cada Estado”. Las Naciones Unidas, remarca Weisner, impone a los estados la obligación de negociar de buena fe. El jurista no quiso referirse a la situación específica del Silala, pues participó directamente en las negociaciones del fallido preacuerdo de 2009 entre Morales y Bachelet.  

María Teresa Infante, agente de Chile en La Haya, dice que fue testigo directo de las fallidas conversaciones; como jefa de la Dirección de Fronteras y Límites entre 1997 y 2009, la abogada experta en Derecho Internacional fue responsable de los equipos técnicos chilenos que buscaron entenderse con Bolivia en el tema del Silala sin éxito.

Pacto de Bogotá

Luego de esta segunda demanda la tensión crece y a nivel interno la oposición de la derecha chilena  propone retirarse del Pacto de Bogotá. Según una encuesta de Plaza Pública Cadem (Investigación de mercado y Opinión Pública), el 62% de los chilenos respalda esta idea.

Firmado en 1948, el Pacto de Bogotá o Tratado Americano de Solución Pacífica de Controversias deriva las controversias a la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ), que es el máximo órgano de justicia de las Naciones Unidas. Su objetivo es la resolución de conflictos bilaterales sobre interpretación de tratados.

“Algún día Bolivia podría reclamar la restitución de Calama”, advirtió Ricardo Israel, analista y abogado de la Universidad de Chile y agrega el riesgo de enfrentar nuevas demandas de los países vecinos. En enero de 2014, el tribunal del CIJ modificó la frontera marítima por una demanda de Perú. Ahora analiza el requerimiento sobre la salida al mar de Bolivia, al que se suma Silala.

Por su parte, el canciller chileno acotó que aún está pendiente el “desvío unilateral” del río Lauca, en 1962, por cuya causa Bolivia rompió relaciones diplomáticas, que fueron reanudadas en 1975 para dar lugar a una negociación del tema marítimo. Al fracasar esas gestiones los nexos fueron rotos nuevamente en 1978 hasta la presente fecha.

Para otorgarles a estas demandas el peso que merecen, el presidente boliviano creó la Secretaría General de la Dirección de Defensa del Silala y los Recursos Hídricos, con René Óscar Martínez al mando. Choquehuanca señala que el objetivo es que se respeten los derechos de su nación.

“Pregunten a nuestros transportistas y verán que no se respeta el libre tránsito en la frontera”, dijo.

Por su parte, el Gobierno de Chile nombró a Manuel Hinojosa como nuevo cónsul en Bolivia para mejorar la relación. (I)