La Cámara de Diputados de Brasil convirtió en ley un proyecto de 1998 que legaliza cualquier tipo de tercerización en el trabajo, allanando el camino para eliminar el vínculo entre un empleado y su empleador, razón por la cual los sindicatos convocaron a una huelga general el próximo 31 de marzo.

A partir de ahora, cualquier empresa podrá contratar empleados sin vínculo laboral ni garantías como indemnización por despido, vacaciones, extras por navidad, cesantías o negociación colectiva de salarios.

Es el mayor avance empresarial logrado sobre la legislación de 1943 y promovido por el gobierno de Michel Temer, que debe sancionar la ley, fue aprobado por fuerte presión del empresariado y con casi el 13% de desempleo en el país.

A partir de ahora, el costo de contratación de un empleado podrá reducirse 30% ya que se disminuirán las obligaciones patronales con las cajas sociales. Pero también eliminará el vínculo entre patrón y empleado, que en lugar de recibo de salario deberá presentar una factura y eso será legal en la justicia.

La base aliada del gobierno de Temer logró por 231 votos a favor y 188 en contra y 8 abstenciones convertir en ley un proyecto aprobado en 2002 en el Senado y desempolvado por el presidente de Diputados, Rodrigo Maia, del conservador Demócratas.

La nueva ley cambia radicalmente el escenario legal laboral, ya que quiebra el régimen de la Consolidación de Leyes del Trabajo (CLT) instaurado el 1 de mayo de 1943 por la presidencia de Getulio Vargas y vigente hasta ahora.

“Se está enterrando la ley laboral vigente desde 1943. Para esto fue realizado el golpe contra Dilma Rousseff, este proyecto precariza el empleo y es a pedido de las patronales”, dijo Carlos Zarattini, jefe del bloque del opositor izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).

Maia, del derechista Demócratas, defendió la propuesta al afirmar que coloca a Brasil “en línea con el mundo desarrollado, como Estados Unidos” al flexibilizar el vínculo entre empleado y empleador.

Las cargas sociales se eliminan

Hasta ahora, en Brasil regía la tercerización en actividades laterales, por ejemplo, una fábrica de zapatos mantenía por ley a sus empleados registrados, pero podía tercerizar los servicios de limpieza y vigilancia, que no son su especialidad.

Ahora, se podrá tercerizar la llamada ‘actividad-fin’, es decir toda la actividad de una fábrica podrá realizarse con autónomos, sin necesidad de pagar cargas sociales.

El proyecto, presentado en 1998 por el expresidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), fue desempolvado por Maia en las últimas semanas como una muestra de poder de la base que sostiene a Temer.

En 2002 el Senado aprobó el proyecto y nunca más avanzó. Hasta que el oficialismo hizo una maniobra y sin debate convocó a la votación. Los legisladores de izquierda y otros opositores mostraban patos inflables amarillos como forma de protesta, en alusión a que ese fue el símbolo de la campaña de la Federación de Industrias de Sao Paulo (Fiesp) para derrocar a Dilma Rousseff.

“Los patrones tendrán más facilidades para generar empleo. Brasil no puede rendirse más a las leyes laborales basadas en ideologías anacrónicas”, dijo Marcus Pestana, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), aliado de Temer.

Mientras tanto, desde la oposición surgieron las críticas a la nueva legislación. “Por eso las empresas financiaron la destitución de Dilma. El golpe fue para entregar el país a los empresarios que sostuvieron la campaña por el juicio político contra una presidenta honesta”, dijo el diputado Bohn Gass, del PT.

“Se está aniquilando la protección laboral del trabajador”, dijo la comunista Jandira Feghali.

La Central Única de Trabajadores (CUT) convocó el 31 de marzo una movilización con cese de actividades para repudiar el proyecto y pedirle a Temer que lo vete, algo poco probable.

“No reconocemos la legitimidad de esta votación, hecha en la callada de la noche, de la actual Cámara de Diputados, desmoralizada frente a la opinión pública nacional e internacional por sus atropellos a la clase trabajadora”, dijo Vagner Freitas, presidente de la CUT.

Rousseff afirmó que Brasil sufrió un nuevo golpe con la aprobación del proyecto. “Ese proyecto suprime derechos históricos conquistados por los trabajadores brasileños desde (gobierno del presidente) Getulio Vargas (1930-1945) y sepulta la legislación que consolidó las leyes laboristas (1943)”, afirmó la expresidenta en un mensaje en sus redes sociales. (I)

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El país pierde 15 mercados por carne adulterada

El ministro de Agricultura brasileño, Blairo Maggi, considera que quedó atrás lo peor del escándalo causado por una denuncia sobre el uso de sustancias no aptas para el consumo humano en productos cárnicos.

El caso puso en alerta a la población y clausuró los principales mercados importadores al revelar un escándalo de salud pública con inspectores sanitarios corrompidos por frigoríficos y negocios multimillonarios, en un país que atraviesa una crisis de credibilidad por el colosal fraude en la estatal Petrobras.

Maggi estimó que podrían perderse unos $ 1.500 millones en ventas. Hasta el momento 15 mercados cerraron sus importaciones y se intensificaron los controles a la carne brasileña.

China, Hong Kong y Chile -que juntos representaron el 40% de las exportaciones de carne roja en 2016- cerraron sus mercados. La Unión Europea (UE), Suiza, Japón, México y Sudáfrica vedaron la entrada a productos de frigoríficos bajo sospecha.

En Panamá las autoridades ordenaron retirar de los supermercados los productos cárnicos importados de Brasil. Otros, como Estados Unidos, Corea del Sur, Argentina y Arabia Saudita -principal comprador de carne de pollo brasileña- aumentaron sus controles. En un intento por minimizar los daños, Brasil entregó en Ginebra un mensaje a sus socios en la Organización Mundial del Comercio (OMC), instándolos a evitar restricciones “arbitrarias” contra sus exportaciones de carne. (I)