Estados Unidos anunció ayer  la suspensión de Argentina de su sistema de preferencias arancelarias a causa de un largo contencioso pendiente de resolución con dos empresas norteamericanas, que reclaman indemnizaciones por valor de $ 300 millones.

El estatuto de preferencias arancelarias (SPG) beneficia ciertas exportaciones de países pobres y en desarrollo a Estados Unidos. En el caso de Argentina esas exportaciones son del orden de $ 477 millones, informó la Oficina del Representante Comercial (USTR por sus siglas en inglés) en su comunicado.

Dos concesionarias estadounidenses que operaban en Argentina, Blueridge (electricidad) y Azurix (saneamiento de aguas), ambas con sede en Texas (sur), vieron sus contratos rescindidos y demandaron al país sudamericano ante el Centro Internacional para la Resolución de Disputas (Icsid por sus siglas en inglés) del Banco Mundial (BM).

El Icsid declaró a Argentina culpable en dos sucesivas sentencias del panel de arbitrio en 2005 y 2006, según el USTR, pero hasta ahora se niega a pagar.

Argentina aduce que las reglas del Icsid establecen que las indemnizaciones pueden ser abonadas en función de la legislación interna de cada país, como otros países miembros de ese tribunal. Pero Estados Unidos defiende a esas empresas que exigen que el pago se realice lo antes posible.

La suspensión comercial entrará en vigor 60 días después de su publicación en el Registro Federal estadounidense.
Por su parte,  la cancillería argentina  calificó  de “incomprensible y unilateral” a la decisión tomada por el gobierno estadounidense de Barack Obama.

A través de un comunicado, la cartera que conduce Héctor Timerman señaló: “El lobby ejercido por los fondos buitres para lograr esta decisión es una presión que nuestro país condena de forma contundente”.

“La Argentina lamenta el intento de obligar a nuestro país a tomar una decisión violatoria de las leyes nacionales sobre pagos de sentencias. Leyes que fueron respetadas por todos quienes obtuvieron sentencias favorables contra el

Estado argentino, incluyendo las víctimas de la dictadura que recibieron reparaciones del Estado por las violaciones a los derechos humanos sufridas durante el pasado régimen militar”, sostiene el escrito.