Dudas y tensiones marcan la liberación de presos políticos en Nicaragua

- 09 de junio de 2019 - 13:00
Foto: Tomada de la cuenta de Twitter de @PresoPoliticoNi

Un ambiente de incertidumbre y tensión se vive en Nicaragua, cuando faltan sólo 9 días para que expire el plazo para que el gobierno ponga en libertad definitiva a cientos de personas arrestadas por protestar contra el gobierno de Daniel Ortega durante el último año y que la oposición denomina "presos políticos”.

El martes 18 de junio vence el período de 90 días fijado para liberar a todos los detenidos y anular sus juicios de forma definitiva, según lo acordado entre el gobierno y la opositora Alianza Cívica (AC) en una negociación que inició el 27 de febrero y permanece trancada desde hace semanas.

En su más reciente comunicado emitido el viernes 1 de junio, la Cancillería reiteró que "antes del 18 de junio serán excarceladas las personas detenidas por delitos cometidos a raíz del violento y fallido intento de golpe de Estado”, que es como el régimen denomina a la rebelión social que estalló en abril de 2018.

Sin embargo, dirigentes de la oposición temen que el gobierno no cumpla los acuerdos a cabalidad, ya que reiteradamente promete "excarcelación” y no "liberación definitiva” como se estableció en los acuerdos firmados el 20 de marzo.

De hecho, todos los reos de conciencia que han salido de prisión en los últimos tres meses fueron puestos bajo arresto domiciliario y sus juicios continúan vigentes; muchos de ellos viven bajo asedio policial frente a sus casas.

Consultada por DW, la abogada y dirigente de la Alianza Cívica, Azahálea Solís, recordó que el gobierno "asumió un compromiso con la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la liberación plena de todos los presos políticos, sin excepción”.

"Esto significa la anulación de juicios y la dignificación de sus nombres, pues ellos no cometieron delitos en tanto el gobierno partió de una premisa falsa al acusarlos de un golpe de Estado que jamás sucedió”, explicó.

"Por otro lado, sí está demostrado que el gobierno no ha asumido su responsabilidad frente a los hechos criminales ocurridos en el último año” y que dejaron 325 muertos, más de 2.000 heridos y 62.000 exiliados, agregó Solís. (I)

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