Dos víctimas de las guarimbas califican de "burla" la Ley de Amnistía en Venezuela

El 12 de marzo de 2014, Yendry Velásquez vio por última vez a su esposo, Ramzor Bracho (36 años). La pareja llevaba recién 3 meses de casada y el hombre trabajaba como capitán de la Guardia Nacional Bolivariana (GBN). Ese día tuvo como misión contrarrestar una guarimba -grupos presuntamente armados que actuaron en Venezuela en las presidencias de Hugo Chávez (2002) y Nicolás Maduro (2014)-. Bracho recibió varios disparos que terminaron con su vida.

A pesar de que ya han pasado 2 años, a Velásquez se le corta la voz cuando recuerda a su esposo. Toma aire y dice: “Qué se apruebe esa ley sería una burla. No podría creer que una muerte quede impune, y, al día siguiente te digan: no importa la vida que le arrancaste a una familia”. La mujer se refiere a la Ley de Amnistía, que propone en la Asamblea, el bloque mayoritario de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en oposición al gobierno de Maduro. La propuesta pasó el primer debate en el Senado venezolano. Su aprobación en el Legislativo sería inminente; la oposición cuenta con mayoría de votos (109). El presidente Maduro es el único que puede promulgar la ley.

Según Velásquez, el Comité de Víctimas de las Guarimbas agrupa a 43 familiares de fallecidos y 878 lesionados, víctimas de los desórdenes en las vías venezolanas desde febrero hasta julio de 2014. La mujer acusa de estos hechos al entonces candidato de la derecha, Henrique Capriles Radonski.

La entidad agrupa a personas sin extremidades, cuadrapléjicas, así como con lesiones psicológicas y físicas, tal es el caso de un joven de 17 años que cayó en una barricada eléctrica y lleva 37 operaciones en un intento por reconstruir su brazo. El diputado venezolano Jorge Pérez (Bloque de la Patria) califica a esa propuesta de la oposición como una “ley de amnesia”. A su criterio “se busca olvidar a las miles de personas que fallecieron a causa de la más absoluta violencia”.

Velásquez asegura que la ley no reconoce a víctimas y victimarios. “Se habla de los presos políticos y: ¿dónde quedan las víctimas de los hechos terroristas?”, cuestiona. Para la mujer el proyecto de la oposición de mayoría “no tiene que ver con derechos humanos. Es un trampolín político cuyo fin es liberar a sus políticos”.

Con la norma este proyecto de ley buscaría liberar, entre otros, a Leopoldo López, quien fue sentenciado a 13 años de prisión por los delitos de instigación pública, daños a la propiedad, incendio intencional y asociación para delinquir tras su participación en las protestas de 2014. “La amnistía solo cabe a los sentenciados; es decir a quienes se siguió el debido proceso. Pero la ley está dejando libre a personas que están recién en etapa de investigación previa”, dice Velásquez.

Problemas de delitos comunes

El legislador Pérez, de 22 años, asegura que la propuesta crea una “falsa amnistía y una muy agresiva reconciliación”. Argumenta que más de 50 delitos se integran a esa ley, cuando 40 son delitos comunes y el resto son de lesa humanidad.

Manifiesta que en el artículo 30 de esta norma se ampararían delitos como el narcotráfico, la estafa inmobiliaria y el fraude bancario. “Vemos una ley que no representa una lucha política, sino que generaría un Estado de desobediencia civil en Venezuela”. Entre los delitos que ampara esta nueva norma están el uso indebido de armas, uso de menores en la comisión de delitos, financiamiento al terrorismo, organización para hechos delictivos y terroristas, entre otros. “No es una ley para liberar figuras políticas, sino que son delincuentes disfrazados de figuras políticas, que están presos por cometer delitos”. Indica que la norma, incluso, abarcaría a poderes de otros organismos públicos. “Hay un desconocimiento total para generar un Estado de absoluta ingobernabilidad”.

Por ello, el legislador se pregunta: “¿cuántos narcotraficantes que han sido capturados en Venezuela no serán liberados con esta ley”, ya que la norma abarca los procesos desde el 1 de enero de 1999 hasta la puesta en vigencia de la ley. Pérez argumenta que en Venezuela hay “un plan, orquestado por el imperialismo, en contra de la autodeterminación de los pueblos que afectaría a Argentina, Bolivia y Ecuador”.

Yul Jabour, diputado del Bloque de la Patria, comparte ese criterio. Cree que la normativa que buscan implementar es parte de “un plan multifacético en contra de la región y en especial de la derecha, apoyada por el imperialismo, en Venezuela”.

Para Jabour, la derecha desea generar una “escalada de violencia al interior del país, que permita la confrontación y la explosión social para crear caos, conflicto e ingobernabilidad”. Piensa que el fin último es la intervención extranjera. Jabour precisa que con la norma “buscan crear el escenario y justificar acciones de carácter internacional contra nuestro país”.

Édgar Vásquez es otra víctima de las guarimbas. Fue agredido el 11 de abril de 2002, en el intento de Golpe de Estado, en contra del fallecido presidente Hugo Chávez. Según el hombre, su herida fue causada por la Policía metropolitana, que respondía órdenes del entonces alcalde de Caracas, Alfredo Peña.

Márquez rechaza la propuesta de Ley de Amnistía. Dice que sería “injusto históricamente” dejar en libertad a quienes rompieron el “hilo constitucional”. Recuerda que el 11 de abril de 2002 fallecieron 19 personas y más de 39 quedaron heridas. Luego de esos hechos crearon un comité de víctimas, que entabló un juicio durante 7 años y 3 meses, tiempo en el que lograron una sentencia en firme de 30 años de reclusión en contra de comisarios y funcionarios del grupo Fénix de la Policía Metropolitana de ese país. En el proceso legal se presentaron más de 2.500 testimonios y se realizaron 180 peritajes. “Logramos evidenciar violación de derechos humanos, masacre y concierto en la conspiración para un golpe de Estado”.

A criterio de Márquez, la ley de la oposición venezolana “bañaría de impunidad” a los familiares de fallecidos y a los heridos. Dice que no se podría hablar de “un borrón y cuenta nueva”. Los familiares de los fallecidos y heridos de 2002 y 2014 señalan que seguirán con su lucha. Viajaron a Bolivia, Uruguay, Argentina y Brasil, donde llevarán su verdad. (I)