Dilma propone calificar como delito penal el ocultamiento de dinero de campaña en Brasil

En lo que es calificado el peor momento de popularidad, según las encuestas, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, exhibió ayer una propuesta frente a las protestas opositoras. Se trata de un plan anticorrupción, presentado a 2 meses y medio de haber asumido su segundo mandato.

El anuncio del paquete que endurece penas contra la corrupción se produjo luego de que el Supremo Tribunal Federal decidiera rechazar un pedido de partidos opositores para incluir a la presidenta en la investigación por el escándalo de sobornos destinados a financiar a partidos políticos en la empresa petrolera estatal Petrobras.

“Estoy segura de que todos los brasileños de bien, incluso los que no me votaron, saben que la corrupción en Brasil no fue inventada recientemente. Algunos países crean condiciones para que se investigue, otros para barrer debajo de la alfombra. Nosotros actuamos mientras otros silencian”, afirmó la mandataria en el Palacio del Planalto de Brasilia, sede del gobierno.

El paquete de medidas había sido prometido por Rousseff cuando fue reelegida en octubre pasado, pero su lanzamiento fue anticipado a raíz de las protestas que llevaron a 1,7 millones de personas a las calles el domingo pasado, muchas de las cuales reclamaban un golpe militar y una agenda de derecha, como el fin de la intervención del Estado en la economía.
“Somos un gobierno que no transige con la corrupción y tenemos el compromiso y la obligación de combatir la impunidad y corrupción...”, dijo.  

Por el escándalo en la petrolera estatal Petrobras están investigados 50 políticos que habrían recibido fondos -muchos de ellos legales- producto de los sobornos que a exdirectores corruptos de Petrobras les pagaban empresas constructoras para ganar licitaciones.

Entre los investigados denunciados por el Ministerio Público está el tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), Joao Vaccari, quien sostiene que la fuerza recibió las donaciones de campaña de acuerdo a la ley.

En el paquete anunciado por Rousseff, que debe ser aprobado por el Congreso, se califica como delito penal el ocultamiento de dinero de campaña, llamado de “Caja 2”, un clásico en la política brasileña que es sancionado apenas con multas. Otra medida es impedir que  las personas se postulen a cargos públicos si tienen en marcha procesos por delitos contra el patrimonio público. Y también, para acelerar los trámites, se reglamenta la confiscación y destino de los bienes obtenidos mediante la corrupción a fin de recuperar rápidamente el dinero robado al Estado tanto directa o indirectamente. El sector privado, el corruptor, también tendrán penas más duras en caso de que empresarios y ejecutivos atenten contra la administración pública mediante ventajas indebidas o sobornos.

La oposición, tras las marchas multitudinarias del domingo, intentó denunciar a la presidenta ante el Supremo Tribunal Federal (STF) para que sea incluida en la lista de Petrobras, ya que ella era presidenta del Consejo de Administración de la compañía en parte de la época en la cual ocurrieron los desvíos de casi 650 millones de dólares en sobornos.

El ministro de la corte Teor Zavascki rechazó de plano el pedido del opositor Partido Por el Socialismo (PPS), excomunista hoy aliado de los conservadores, pero quien quiere insistir en el asunto es el presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña y candidato derrotado por Rousseff en 2014, Aecio Neves. “Ni ella ni su gobierno han comprendido la dimensión de lo que ocurre en Brasil”, sostuvo Neves.

Rousseff logró la reelección en octubre con un 51,6% de los votos, frente al 48,3% que obtuvo el senador opositor Neves, pero el escándalo de Petrobras del que se cumplió un año el martes pasado y una economía jugando al borde de la recesión le han complicado el inicio de su segundo gobierno, que comenzó el 1 de enero.

Dos meses y medio después de haber asumido con un nuevo equipo económico, la tasa de aprobación de la mandataria cayó al 13%, un mínimo histórico de todas las gestiones de los últimos 25 años, según el Instituto Datafolha. Casi el 65% considera mala o pésima la gestión.

Desde la izquierda y los sindicatos, tradicionales respaldos del PT, las críticas apuntan a que Rousseff para hacer un ajuste fiscal redujo beneficios en el seguro de desempleo y en pensiones de los trabajadores. Desde la clase media blanca tradicional, sobre todo en el estado de Sao Paulo, el más rico del país, las críticas apuntan a la corrupción que involucra al PT y a otros partidos aliados y al reclamo para que Rousseff sea sometida a un juicio político en el Congreso.