Dilma explicará el gasto fiscal de Brasil en 2014

La popularidad de la presidenta Dilma Rousseff continúa bajando y las  grandes corporaciones económicas, políticas y mediáticas se han aprovechado de esto para incorporar en la agenda la posibilidad de un juicio político, que destituya a la mandataria.

Una encuesta de la Confederación Nacional del Transporte y el instituto MDA le dio apenas el 7,7% de apoyo popular a la gestión de Rousseff, reelegida el año pasado y que lleva 6 meses en segundo mandato.

El estudio indica que más del 60% de los consultados por esta encuesta de la CNT, entidad dirigida por un político aliado al líder opositor Aecio Neves, está a favor de un juicio político de Rousseff por el escándalo de sobornos en la empresa estatal Petrobras. El rechazo a Rousseff llegaría al 70,7%. Un porcentaje que no se veía desde el gobierno de corte neoliberal de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

El sondeo coincide con la presentación que hoy dará el gobierno con la explicación del gasto fiscal de 2014 ante el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), órgano contralor que acusa al Ejecutivo de haber violado la Ley de Responsabilidad Fiscal al hacer asientos contables con el uso de los bancos públicos para pagar los planes sociales, una marca del gobierno del Partido de los Trabajadores (PT).

El opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), de Neves, derrotado por Rousseff el año pasado por poco más de 3 puntos de diferencia en segunda vuelta, amenazó con motorizar el juicio político por usar estas “pedaleadas fiscales”.

Desde el gobierno, Dilma le pidió a sus ministros explicar que la acción es algo común y que fue usado por los gobiernos estatales y por la gestión de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002).

“Hay que ver si existe crimen de responsabilidad y se limita al equipo económico o ella”, comentó el senador Neves, quien según las encuestas es hoy el personaje favorito para suceder a Rousseff en 2018, por encima del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), jefe político de la actual mandataria.

El otro frente jurídico que debe asumir Rousseff sobre una posible intentona destituyente es que el Tribunal Superior Electoral (TSE) deberá determinar si la campaña de la mandataria tuvo donaciones legales que provinieron de las empresas constructoras, como parte de los sobornos pagados a dirigentes de Petrobras en la última década.

El argumento del gobierno, indica el diario Folha de Sao Paulo, será que la campaña de Neves y de más de 500 políticos recibieron dinero de estas constructoras. Hoy estas compañías son el centro del escándalo que desvió, según los investigadores, $ 2.000  millones de Petrobras en la última década.

“El golpe no se concretará, la gente saldrá a las calles no a defender a Dilma, sino a la democracia”, afirmó Ciro Gomes, líder del partido aliado Pros, exgobernador del estado de Ceará y exministro de Integración Nacional. Para él, Rousseff debe relanzar su gobierno y evitar el ajuste económico y una caída mayor de popularidad, al mismo tiempo que recupera su credibilidad.

El clima político en Brasil es de alto voltaje: el juez Sergio Moro, que investiga la corrupción en Petrobras, condenó a 3 exjerarcas de la constructora Camargo Correa por haber formado cartel y corrompido funcionarios de Petrobras para obtener licitaciones. La Policía Federal, en tanto, imputó de los mismos delitos al dueño de la constructora Odebrecht, la mayor de América Latina, Marcelo Bahía Odebrecht.

La policía dejó trascender al diario O Estado de Sao Paulo (declarado oficialmente opositor) que entre los contactos de Odebrecht en su teléfono había políticos de todo el espectro, inclusive el gobernador de Sao Paulo, Geraldo Alckmin, presidenciable del PSDB para 2018.

Sin embargo, el grupo de comunicación Globo, el quinto más grande del mundo, advierte desde hace meses con vincular al expresidente Lula con el escándalo de Petrobras, pero no porque gran parte de los delitos que narraron los arrepentidos ocurrieron bajo su administración, sino porque desde 2011, ya expresidente, defendió a las empresas brasileñas en el exterior.

Lula, que dejó el gobierno con el 89% de popularidad el 31 de diciembre de 2010, es el candidato del PT para 2018. Mucha agua correrá hasta allí, sobre todo teniendo en cuenta que el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del vicepresidente Michel Temer apuesta por romper la alianza con el PT en 2018. (I)