Cristina: "Quieren distraer a la población de la crisis económica"

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner está viviendo días de furia, jaqueada por allanamientos, procesos e investigaciones judiciales que atribuye a un intento oficial de tapar el ajuste impulsado por su sucesor, el mandatario neoliberal Mauricio Macri, que empujó a 1,4 millón de personas a la pobreza.

En una catarata de mensajes en las redes sociales denunció una persecución y una campaña difamatoria contra ella y exmiembros de su gobierno y dejó una advertencia: “podrán meterme presa”, pero “conmigo no” van a poder.

La reacción de la exmandataria se conoció después de una serie de allanamientos a propiedades familiares en el marco de la causa denominada Los Sauces, que investiga un presunto “lavado de dinero” atribuido a negocios ilícitos con el detenido empresario Lázaro Báez, dueño de la obra pública durante su gestión en la provincia patagónica de Santa Cruz, donde era oriundo el fallecido expresidente Néstor Kirchner. El hombre de negocios está acusado de corrupción.

“En los últimos días, el Partido Judicial, con inusitada virulencia, instado por el gobierno y con el explícito incentivo que le brindan los medios hegemónicos de comunicación, ha intensificado su campaña de persecución y difamación contra el gobierno que presidí” entre   2007 y 2015, dijo la exjefa de Estado.

Aseguró que se busca con ello “instalar en la opinión pública que el anterior gobierno durante los 12 años y medio de gestión (agregado el mandato de su marido de 2003 a 2007) tuvo como único propósito cometer delitos de manera indiscriminada”.

“Se intenta crear un nuevo tipo penal: el delito de haber pertenecido al gobierno durante el período 2003-2015” para “distraer a la población, mientras el ajuste y la debacle económica aumentan la pobreza, la desigualdad y la inseguridad de manera ya inocultable y exponencial”, dijo.

Sostuvo: “a propósito ¿alguien sabe si al presidente y su familia -todos involucrados en Panamá Papers- le allanaron sus casas, sus empresas o sus oficinas? ¿Creerán que de esta manera lograrán disciplinar la dirigencia política, sindical o social opositora? Podrán hacer mil allanamientos más. Podrán televisarlos, podrán meterme presa, su claro objetivo. Tal vez podrán con algunos, o tal vez con todos. Conmigo no. No cuenten con ello”.

Cristina Fernández está actualmente procesada por una causa que investiga la venta de “dólares futuro” en el final de su mandato y que produjo pérdidas millonarias al Estado cuando su sucesor, Mauricio Macri, devaluó el peso más del 40%. Funcionarios del gobierno se beneficiaron con la medida ya que habían comprado moneda estadounidense a futuro y ganaron grandes sumas con la devaluación. Además, la expresidenta es investigada por “lavado de dinero” y “asociación ilícita” en otras causas.

“Cristina era la jefa de la banda”, la acusó la diputada Margarita Stolbizer, del partido GEN (centroizquierda).

El “kichnerismo” enfrenta además su peor momento. El Frente para la Victoria sufrió varias escisiones y un golpe de “knock out” con el arresto del exsecretario de Obras Públicas, José López, cuando intentaba esconder $ 9 millones en un convento, en uno de los casos más obscenos de corrupción de la democracia argentina.

Los medios tradicionales acaparan sus titulares con acusaciones a la exjefa de Estado y al kirchnerismo en general- que ya sufrió la condena de dos exministros por corrupción- dejando en un segundo plano la compleja situación económica que vive el país con una caída del PIB de 0,7% en el primer trimestre del año, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Además, la inflación alcanza un 40% anual con fuertes tarifazos en los servicios públicos y el transporte y 150.000 despidos en la administración pública y el sector privado. El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) informó que la pobreza saltó a 34,1%, con un 1,4 millón de nuevos pobres.

En su extenso descargo en las redes sociales, la expresidenta acusó al juez Claudio Bonadío, que la procesó en la causa del “dólar futuro”, de obligarla a concurrir nuevamente a su juzgado “por venganza”.

El jueves pasado, “nuevamente este oscuro personaje, que cuenta naturalmente con la protección del Consejo de la Magistratura, comandado por el oficialismo y el Partido Judicial, volvió a ordenar nuevos allanamientos en la provincia de Santa Cruz, incluso en domicilios que ya fueron allanados en más de una oportunidad este último año. Todo ello, con el inequívoco propósito de que la prensa militante en el oficialismo los difunda con títulos “catástrofe”. (I)

Padres del nieto 120 sobrevivieron a la dictadura

La organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo, dedicada a la búsqueda de bebés robados en la última dictadura argentina (1976/83), presentó al nieto recuperado número 120, un caso que hasta ahora la institución no tenía registrado.

José Luis Maulín Pratto, nacido en marzo de 1977 y robado por un matrimonio vinculado con la Fuerza Aérea, logró conocer su verdadera identidad en 2009 y desde entonces mantiene una relación estrecha con sus padres biológicos, que siguen con vida.

A diferencia de la mayoría de los casos de bebés robados, los padres de José Luis no fueron desaparecidos, pero son sobrevivientes y sufrieron graves violaciones a los derechos humanos en la dictadura.

Desde 2009, el joven lucha en la justicia para que le restituyan sus verdaderos apellidos, Maulín y Pratto. “Soy José Luis Maulín, pero estoy obligado aún a nombrarme como José Luis Segretín”, escribió el hombre en una carta a los jueces del tribunal que inició la semana pasada el juicio por su apropiación.

Rubén Maulín, padre de José Luis, era un militante de izquierda que fue secuestrado de su casa en 1976 durante un operativo militar en la ciudad de Reconquista (Santa Fe), delante de su esposa Luisa Pratto, quien estaba embarazada, y sus dos pequeños hijos.

Según Abuelas, “los represores se ensañaron con Luisa que fue torturada en su domicilio, frente a sus hijos, y violada en reiteradas ocasiones”.

Cuando dio a luz en un sanatorio privado local, el 26 de marzo de 1977, Luisa fue registrada con el nombre de quien después se apropió del bebé, Cecilia Góngora de Segretín, que lo inscribió con una partida de nacimiento fraguada. (I)