La destitución del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, generó una controversia jurídica en Colombia, que acrecienta la presión sobre el presidente Juan Manuel Santos, quien, según algunos constitucionalistas, tiene potestad para aprobar o rechazar la decisión.

“Hay una tensión entre dos normas”, explicó el abogado constitucionalista Manuel Quinche, en referencia a dos artículos de la Constitución: uno que afirma que Bogotá tiene un estatuto especial y que su alcalde tiene que ser destituido por el presidente del país y un epígrafe que señala que el procurador tiene competencias para remover de su cargo a funcionarios.

Así, mientras el alcalde Gustavo Petro insiste en que solo Santos puede hacer efectiva su destitución, el gobierno asegura que el Presidente no tiene tales facultades.

“Para el gobierno es claro que el presidente no tiene ninguna facultad para destituir por sí y ante sí a ningún alcalde elegido”, dijo el ministro de Justicia, Alfonso Gómez, en su cuenta de Twitter.

La semana pasada Petro fue destituido por la Procuraduría, un órgano de control para los funcionarios, en una decisión controvertida que llevó a la Fiscalía a anunciar el sábado una indagación para determinar si la sanción fue proporcional.

Para el fiscal general, Eduardo Montealegre, es el presidente quien tiene la llave maestra en esta controversia. “El balón lo tiene el presidente”, dijo el funcionario.

Según el abogado Gustavo Zafra, profesor de Derecho Constitucional que fue parte del comité que redactó la Carta Magna, el papel del mandatario en la destitución es clave en el debate.

“El debate es, como se dice, si el presidente es solo un notificador de la decisión del procurador o si tiene una competencia constitucional él mismo”, precisó Zafra.

En este sentido, Quinche explicó que la tesis de que el presidente simplemente sanciona la decisión del procurador es “una interpretación más política que jurídica”. “A mí me extraña porque equivaldría a decir que la competencia del presidente (en este caso) sería como ser un ‘firmón’ del procurador”, dijo.

Además, Quinche destacó que en la Constitución se establece una diferencia de trato específica para el alcalde de Bogotá, capital de Colombia.

Según Petro, el fallo del procurador rompió la Constitución y le corresponde a Santos hacer cumplir la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que establece que se puede consultar a la CIDH sobre la compatibilidad o no de las leyes internas de un país con ese tratado.

“No es cierto que el presidente solo ejecuta el fallo del procurador, él tiene la opción de hacer cumplir el artículo 64 de la Convención y consultar si el fallo de la Procuraduría está violando los derechos del voto popular”, dijo Petro en una entrevista a W Radio.

Sin embargo, Juan Carlos Monge, representante de Naciones Unidas para Colombia (ONU), dijo tras reunirse con el procurador que es él quien debe tomar una decisión al respecto.

PETRO RECUSARÁ AL PROCURADOR ORDÓÑEZ

El lunes 30 de diciembre, el abogado del alcalde de Bogotá,  Julio César Ortiz, presentará  el recurso de reposición en contra de la decisión del procurador Alejandro Ordóñez, que lo destituyó e inhabilitó por 15 años, informó el diario El Tiempo. Ortiz  solicitará que se nombre un procurador ad hoc para que resuelva esa segunda instancia, en un plazo de dos.