Comisión de la Verdad funcionará cuando se pacte el fin del conflicto

El jefe del equipo negociador del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, aseguró que la Comisión de la Verdad tiene como objetivos la convivencia y que “no mata la justicia” sino permite que quien acuda a esta tenga derecho a obtener un tratamiento penal especial.

“Es necesario asumir las responsabilidades. El que quiere valerse de la justicia para tener un tratamiento penal debe acudir a esta comisión para reparar de esa manera y de otras a las víctimas”, afirmó De la Calle aclarando que presentarse en dicha comisión es de carácter voluntario.

De la Calle dijo que esta puede convertirse en uno de los mecanismos de refrendación. “Lo que hemos pactado con las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) es un primer elemento, con la guerrilla continuamos estudiando los demás instrumentos de justicia para aplicar y atribuir responsabilidades de carácter penal”, añadió.

No es judicial

El exvicepresidente indicó que esto no quiere decir que la comisión asuma funciones judiciales. Dentro del esquema integral de justicia está la vía del esclarecimiento (es la comisión) y la vía de la imputación penal -a la que aún no se ha llegado a un acuerdo con las FARC- en el marco de la justicia transicional.

“En el documento ambas partes reconocen la necesidad de un sistema integral judicial, que es el paso más trascendental de lo que se hizo ayer, por la disposición de ambas partes para crear un sistema que contenga verdad y justicia”, aseguró.

Respecto a quienes integrarán este mecanismo extrajudicial, aunque no reveló nombres dijo que los miembros serán escogidos por un comité del Gobierno y las FARC, y que podrán postularse organismos sociales y personas con alto valor ético “para que se garantice la transparencia”.  

“Esto lo elegirá un comité de selección compuesto por 9 personas, 3 de ellos delegados de instituciones de gran reputación nacional e internacional”.

El negociador señaló que este podría ser un sistema de posible justicia con las FARC, pero aún no se ha discutido. “Hay distintas opciones, una hipótesis sería una Fiscalía especializada que recoja las imputaciones de carácter penal, seleccione los máximos responsables y aplique la justicia a los altos responsables”.

Recordó a los colombianos que la Comisión de la Verdad solo funcionará cuando se pacte el fin del conflicto porque “nada está convenido hasta que no esté todo convenido; la comisión hace parte del acuerdo que estamos construyendo en La Habana”.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos consideró que el acuerdo logrado en Cuba sobre la Comisión de la Verdad es “significativo” y es el primer paso para la aceptación de un acuerdo sobre justicia transicional.

“Hemos avanzado en otros frentes, pero el de la justicia, la aceptación de la justicia transicional, es fundamental, necesarísimo, para poder llegar al final del conflicto”, consideró el jefe de Estado.

Al respecto sostuvo que el acuerdo sobre la Comisión de la Verdad es “un paso importante en la aceptación del principio de la justicia transicional o justicia integral”.

Recordó que el tema de la denominada justicia transicional es fundamental para poder llegar al final del conflicto armado en Colombia.

Las víctimas

Un año después de que el Gobierno y las FARC se pusieran de acuerdo en los principios que regirían la discusión del quinto punto de la agenda entre las dos partes, referente a la satisfacción de los derechos de las víctimas, por fin se vio humo blanco en la mesa de diálogos de paz.

La creación de la Comisión de la Verdad es un paso importante en el proceso. Sin embargo, esta sólo empezará a ejercer una vez se firme el acuerdo final.

Dicha comisión, de la que no se ha explicado específicamente cómo se conformará, hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición que se ha de acordar en la mesa para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz.

De igual forma, tanto el gobierno colombiano como la guerrilla advierten que este acuerdo no puede darse completamente por cerrado, pues está sujeto al resto de mecanismos que la mesa de diálogos acuerde para el fin del conflicto armado, y además, porque aún quedan algunos asuntos por precisar. Sin embargo, para las partes es claro que tendrá tres objetivos fundamentales.     

El primero es contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido con motivo de la existencia del conflicto armado, ofreciendo una explicación amplia sobre su complejidad. El segundo es el reconocimiento, tanto de las víctimas como de las responsabilidades colectivas e individuales, de quienes tuvieron participación directa e indirecta en la confrontación. El tercero es promover la convivencia en los territorios. (I)

Los delegados regirán su trabajo con 13 criterios            

Las partes pactaron 13 criterios orientadores del trabajo de la comisión, entre los que se destacan la centralidad en las víctimas, la imparcialidad, el carácter transitorio, la participación activa de la sociedad, el enfoque territorial, diferencial y de género, las garantías para los comisionados, el potencial reconciliador de la comisión, la metodología de equilibrio y contraste de información y la naturaleza extrajudicial de dicha medida.  

El mandato trazado por los negociadores está discriminado en diez subpuntos que buscan que de este ejercicio se desprenda un reconocimiento cabal de lo sucedido, de los responsables y de los afectados. Por ejemplo, pretende el esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por los distintos actores del conflicto, poniendo especial énfasis en aquellas que han tenido un carácter masivo o sistemático.

El marco temporal que ocupará la comisión se ajustará a la duración del conflicto y podrá buscar sus orígenes y marcos en los trabajos elaborados por la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, que entregó sus textos en diciembre pasado.    

Entre sus funciones estará investigar lo ocurrido en la larga confrontación, crear audiencias públicas con víctimas y distintos sectores sociales, concebir actos públicos de reconocimiento de la responsabilidad y ofrecimiento de perdón, elaborar un informe final que contenga conclusiones y recomendaciones y buscar mecanismos de difusión. (I)