Colombia traza el camino para la participación política de las FARC
La firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se ve cada vez más cerca. Las partes avanzan en las negociaciones y ayer establecieron un convenio sobre la participación política de los insurgentes en el posconflicto y la “apertura democrática para la paz”.
Todavía quedó en el aire la gran duda sobre cuántas curules en el Congreso les asignarán a las FARC de forma directa como resultado de la negociación. Este fue un ofrecimiento del presidente Juan Manuel Santos, el año pasado.
En el comunicado conjunto las partes señalan que “como resultado de la revisión se eliminaron la mayoría de los pendientes” y acordaron redactar un “estatuto de garantías para el ejercicio de la oposición política”, para el cual “los partidos y movimientos con personería jurídica serán convocados en una comisión para definir los lineamientos del estatuto de garantías para las agrupaciones que se declaren en oposición”.
La senadora Claudia López, de la Alianza Verde, indicó a EL TELÉGRAFO que “este no debe ser solamente un estatuto de la oposición sino un conjunto de normas para garantizar la independencia y la controversia”.
La presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, manifestó que “aquí estamos amarrados por las maquinarias financieras que se hacen con dineros de la corrupción, con dineros del narcotráfico, y con ejércitos privados”.
Entre tanto, el copresidente del Partido de La U, el senador Armando Benedetti, sostuvo que “la paz se hace para que dejen las armas y se vayan realmente al Estado social de derecho, la justicia que vamos a usar es restaurativa”.
Para garantizar la participación de todos los sectores políticos “la comisión, a través de un evento, escuchará a los voceros de las organizaciones y movimientos sociales, expertos y académicos. Sobre la base de estos lineamientos el Gobierno elaborará un proyecto de ley con el acompañamiento de delegados de la comisión de partidos y movimientos políticos”.
Sectores sociales participan
Otro punto que anunciaron el Gobierno y las FARC es solicitar que se convoque para integrar la comisión a la Marcha Patriótica y Congreso de los Pueblos, así como a dos expertos delegados por la Mesa de Negociaciones.
El Gobierno, por su parte, tendrá que elaborar un proyecto de ley de garantías y promoción de la participación ciudadana, “sobre la base de lineamientos establecidos en el acuerdo, que serán discutidos a nivel nacional, que contará con la participación de los voceros de las organizaciones y movimientos sociales más representativos”.
Además, plantean una profunda reforma del régimen y de la organización electoral con la finalidad de asegurar mayor autonomía e independencia de la organización electoral. En ese sentido, señalan, el Consejo Nacional Electoral será modificado para modernizar y hacer más transparente el sistema electoral, para de esa manera dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia.
Para esta reforma se nombrará una misión, conformada por siete expertos, que contará con un representante de la Misión de Observación Electoral (MOE), que seguramente será su directora, Alejandra Barrios, y seis miembros más que formarán parte del Centro Carter, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes y el Instituto Holandés para la Democracia Multipartidaria (NIMD).
De acuerdo al ministro encargado del Interior, Guillermo Rivera, este nuevo acuerdo profundiza la democracia y aclara asuntos que estaban pendientes en el punto 2 de la agenda de paz con las FARC. “Se trata de mejorar las reglas del juego del sistema electoral, pero no se refiere a la participación política de las FARC, este punto no trata nada de esto”. (I)
Las FARC piden a Santos reorientar política fiscal
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que suprimió el lunes su impuesto de guerra en el país, exhortó ayer al Gobierno a tomar una similar medida y reorientar su política fiscal hacia la inversión social.
La decisión insurgente “debe conllevar al Gobierno Nacional a reorientar su política fiscal, finalizando cualquier impuesto destinado para la guerra, priorizando la inversión social y garantizando los recursos necesarios para afrontar los desafíos de la implementación de lo acordado en el proceso de paz”, señaló en un comunicado enviado a la AFP.
El lunes, Rodrigo Londoño, alias ‘Timoleón Jiménez’ o ‘Timochenko’, jefe máximo de las FARC, explicó en una entrevista con la agencia colombiana Prensa Rural, que las FARC utilizaban esa recaudación como forma de financiamiento y que “con lo que tenemos ahí (recursos) logramos llegar al final del acuerdo” de paz, que se negocia en La Habana desde noviembre de 2012.
El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, calificó la decisión de las FARC como un “paso importantísimo” para la culminación de la guerra y que “hay que valorar”.
El comunicado de la delegación de paz en La Habana de ayer indicó que la orden de suspensión de cobro de impuesto “es de inmediato cumplimiento para todas las estructuras de la organización”.
El 23 de junio las partes sellaron las condiciones del cese al fuego y de hostilidades bilateral. (I)
