Con una votación de 99 a favor y 10 en contra la plenaria de la Cámara de Representantes de Colombia aprobó este lunes la prohibición constitucional del paramilitarismo.

El Proyecto de Acto Legislativo 015/2017 Cámara- 004/2017 Senado quedó aprobado y a través del mismo "se dictan posiciones para asegurar el monopolio legítimo de la fuerza y del uso de las armas por parte del Estado".

Para el director de Indepaz, Camilo Gonzalez Posso, es necesario "consagrar un pacto de adiós a las armas en la política y en los negocios para que Colombia tenga un cierre al periodo de violencia sistemática y de guerra".

Por otra parte, el senador Iván Cepeda sostuvo que "el paramilitarismo es un flagelo que ha sacudido la historia del país desde hace décadas como una política del desdoblamiento del Estado en organizaciones que sembraron el terror".

El director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón, respondió al argumento de algunos detractores de la propuesta que afirmaron que prohibir el paramilitarismo sería un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado. Gallón planteó que a ningún Estado lo condenan porque prohíba en su Constitución un hecho atroz que ocurrió en su territorio.

Alrededor de 70 organizaciones de Derechos Humanos sustentan que el paramilitarismo se convirtió en una práctica sistemática que provocó miles de víctimas en su accionar por el territorio colombiano, además de ser una amenaza latente y actual dada la cantidad de defensores de DD.HH. asesinados y las evidencias de presencia de estos grupos en amplias regiones del país cafetero.

La prohibición del paramilitarismo es "indispensable para estimular el desarrollo de una sólida política estatal en la materia", señalaron las organizaciones y añadieron que el paramilitarismo "tuvo su origen en el Estado que lo ha prolongado como instrumento de discriminación por las opiniones políticas y las acciones de reivindicación de derechos y su impacto a lo largo de varias décadas".

Las organizaciones concluyeron que tal hecho "afectó al país en términos humanitarios, económicos y políticos, deteriorando los bienes jurídicos pilares de una sociedad democrática". (I)