Colombia pide respeto a derechos humanos en frontera con Venezuela

La decisión del Gobierno venezolano de cerrar la frontera con Colombia y decretar medidas de excepción y de emergencia para “combatir el paramilitarismo” ha generado diferencias entre Bogotá y Caracas ante la deportación de ciudadanos en la zona de frontera.

Los deportados colombianos, de acuerdo con las autoridades de ese país, ya superan los 2.000 y, según sus quejas, han sido expulsados dejando a sus hijos y bienes materiales. Ayer medios de comunicación transmitieron imágenes de familias cargando sus enseres y denunciando el maltrato de la guardia venezolana.

Caracas ha denunciado una amenaza a su seguridad nacional por la presencia de ‘paramilitares’ colombianos en su territorio. Bogotá en cambio pide que se respeten los derechos humanos de  su ciudadanos.

El presidente Juan Manuel Santos respondió los cuestionamientos en su contra por no prever esta situación. Aseguró que el gobierno atenderá a los afectados por el cierre de la frontera venezolana y que este asunto será “prioridad”.

Pero también, señaló, mantendrá abiertos los canales del diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. “No desistiremos en una solución diplomática”, aseveró.

Esta es una de las peores crisis que se ha presentado en la región fronteriza que es una de las más extensas (2.219 kilómetros) y más poblada de América del Sur. El movimiento es intenso a  diario a través de los pasos fronterizos. Sin embargo, la falta de control ha incrementado el contrabando. 

Alto índice de delincuencia

Maduro aseguró que paramilitares colombianos están detrás de la ola de delincuencia que sufre Venezuela, con una tasa que supera los 60 homicidios por 100.000 habitantes (Colombia está en 26). Caracas considera que ese incremento es parte de un complot internacional para crear caos en el país y derrocar al presidente.

Lo cierto es que la justicia colombiana determinó que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) intentaron, a comienzos de la década pasada, crear un grupo armado en Venezuela, pero la intención nunca prosperó.

Posteriormente, altos funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe, declarado enemigo de Hugo Chávez y Maduro, tuvieron nexos con los paramilitares.

Pero a pesar de la desarticulación de los grupos paramilitares a mediados de la década pasada, producto del proceso de paz y de los avances judiciales en Colombia, la supuesta ‘amenaza paramilitar’ ha sido señalada por Venezuela. Maduro ha hablado de un eje Miami - Madrid - Bogotá en su contra.

De hecho, hace dos meses, cuando el expresidente español, Felipe González, estaba en Caracas para defender al dirigente opositor Leopoldo López, fue evacuado en el avión presidencial colombiano.

El gobernador del estado Táchira  en Venezuela, Vielma Mora, afirmó que Uribe, se dirige a la frontera colombo-venezolana con la intención de generar caos, terror paramilitar y desestabilización, además destacó que su presencia en ella es sinónimo de respaldo al paramilitarismo.

Esa declaración se produjo ante el anuncio que realizó el también senador colombiano, a través de su cuenta en Twitter, en la que informó sobre su visita a la población de Cúcuta, ciudad colombiana fronteriza con Venezuela, para este lunes.

El internacionalista Jorge Bermeo señaló a EL TELÉGRAFO que “en la política venezolana y para la opinión pública de ese país, la agenda con Colombia tiene mucha importancia. Históricamente, en buena medida por el diferendo limítrofe aún sin resolver, agitar la bandera del nacionalismo en contra del país ha producido réditos en esa nación, a diferencia de lo que tradicionalmente ha sucedido en la política colombiana”.

El experto señaló que “en Colombia el tema venezolano puede ser usado políticamente -como el fantasma del ‘castrochavismo’ que es recurrente en el discurso del Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe-, pero no produce votos”.

Sin embargo, para las voces de diversos sectores que piden una posición dura del presidente Juan Manuel Santos, que son las que tienen mejor acogida entre la opinión, la experiencia ha mostrado que lo más conveniente es no caer en provocaciones y procurar entendimientos bilaterales o en el marco de la diplomacia regional (la OEA y Unasur).  

De hecho, la exigencia de Maduro para obtener mayor colaboración colombiana en la investigación del supuesto movimiento paramilitar en Venezuela podría ser aprovechada a su vez para demandar que Caracas colabore para detener a  los jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que estarían en el país.

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, dijo que el Gobierno colombiano adelanta las gestiones necesarias para atender a los colombianos. “Firmeza y serenidad es la posición del Gobierno colombiano, del presidente (Juan Manuel) Santos, así nos ha dado las instrucciones”, manifestó.

Según él en la frontera se vive  una crisis humanitaria por la supuesta deportación masiva de colombianos, pero garantizó que a través de un puesto de mando unificado, además de las gestiones humanitarias que se adelantan, los  ciudadanos recibirán asistencia social.

Cristo hizo un llamado al Gobierno de Venezuela para que respete los derechos de las personas que son separadas de sus familias y que incluso, muchos de ellos legalmente, se encontraban en territorio del vecino país. Asimismo, pidió respeto por las pertenencias y las viviendas. (I)