Chile traza hoja de ruta para nueva Carta Magna

El Gobierno convocará un plebiscito para abril de 2020. El pueblo decidirá sobre el mecanismo para sustituir la Constitución aprobada en 1980 bajo la dictadura militar.
16 de noviembre de 2019 00:00

El Congreso chileno llegó a un histórico acuerdo para convocar en abril de 2020 un plebiscito para diseñar una nueva Constitución que sustituya la vigente desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), tras casi un mes de protestas.

“Es una respuesta de la política con mayúscula, que piensa en Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad”, afirmó el presidente del Senado, Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia (centroizquierda). Estuvo flanqueado por dirigentes de las principales formaciones políticas del país, a excepción del Partido Comunista.

Después de horas de intensas negociaciones, los principales partidos de la oposición y la coalición del gobierno del derechista Sebastián Piñera firmaron el Acuerdo por la paz y la nueva Constitución. En este, se comprometieron a la aprobación de un llamado a plebiscito.

En virtud de este acuerdo, necesario para modificar la actual Carta Magna, que no permite llamar a plebiscito para estos fines, se impulsará la realización de una consulta en abril de 2020 que resuelva dos preguntas: si se quiere o no una nueva Constitución y qué tipo de órgano debiera redactar ese nuevo documento: “una comisión mixta constitucional, una convención constitucional o Asamblea constituyente”, explicó Quintana.  

La convención mixta constitucional, defendida por los partidos de la coalición de gobierno derechista, será integrada en partes iguales por miembros elegidos para este efecto y parlamentarios en ejercicio. Mientras que en la “convención constitucional”, promovida por los partidos de la oposición, sus integrantes serán elegidos específicamente para esta ocasión.

Si el proyecto es aprobado en plebiscito, la elección de los miembros de una u otra instancia se realizará en octubre de 2020, junto con las elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal y se hará con voto voluntario. Pero la ratificación de la nueva Constitución se realizará con sufragio universal y voto obligatorio.

“Nosotros estamos contentos de contribuir a aprobar un acuerdo que derrote la violencia”, afirmó Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la ultraconservadora Unión Demócrata Independiente (UDI), el principal partido de la coalición de partidos del gobierno de Sebastián Piñera.

“La gente fue capaz de mover las barreras de la política, de mover las barreras de lo posible. Sí podemos soñar con una Asamblea constituyente”, dijo Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática (izquierda radical).

El acuerdo se alcanzó tras casi un mes de protestas para reclamar profundas reformas sociales al Gobierno. Las manifestaciones estuvieron acompañadas de episodios violentos que dejaron 22 muertos, miles de heridos y detenidos en multitudinarias manifestaciones callejeras, saqueos, incendios y enfrentamientos con la Policía.

Frente a un país que ardía, Piñera apostó por un acuerdo por la paz, en vez de volver a sacar a los militares a las calles, tal como hizo en los primeros nueve días de la crisis social.

Las manifestaciones se iniciaron tras un llamado a evadir el pago del pasaje del metro de Santiago, después de un alza en las tarifas, y rápidamente se transformó en la mayor revuelta en tres décadas en el país.

“Este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto social. En ello la ciudadanía va a tener un rol protagónico”, dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

La Constitución de Pinochet se situaba en primera línea de las críticas de los chilenos, que pidieron en las calles mayor participación en la toma de decisiones y reformas sociales en sectores claves, como la educación, la salud, pensiones y educación.

Aprobada en 1980 en un cuestionado plebiscito, la dictadura la diseñó como un traje a su medida para que su influencia y la de los sectores conservadores pudiera mantenerse, incluso tras el retorno de la democracia, en 1990. (I)

Manifestantes participan en una marcha durante otra jornada de protestas, en Santiago de Chile.
Foto: EFE
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