La herencia de la dictadura militar fragmenta a Chile

- 12 de septiembre de 2019 - 00:00
Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos durante la dictadura pide verdad y justicia al gobierno.

Las mujeres denunciaron las atrocidades que vivieron hace 46 años en la dictadura de Pinochet, mientras 60 personas publicaron un inserto donde justificaron el golpe militar.

Cuarenta y seis años después del golpe militar y 29 años del regreso de la democracia, Chile aún se recupera de los efectos del brutal gobierno de Augusto Pinochet.

Las organizaciones de derechos humanos denuncian que seguidores de la dictadura ejercen un cargo en el gobierno de Sebastián Piñeira y rechazan un inserto en defensa de la dictadura publicado en el diario El Mercurio.

Mientras millones condenan el golpe militar en el gobierno de Salvador Allende, 60 personas firmaron ayer en la publicación  que se adjuntó en El Mercurio que respaldan a Pinochet, la página indica: “Chile se salvó de ser como es hoy Venezuela”.

De los 23 ministros que integran el gabinete del gobierno derechista de Piñera más de ocho son familiares directos de funcionarios de la dictadura, entre ellos, Juan Andrés Fontaine, hijo de Arturo Fontaine Aldunate, director de El Mercurio y también embajador de Chile en Argentina (1984 y 1988).

A este se suma, Marcela Cubillos Sigall, de la cartera de Medio Ambiente. Ella es hija de Hernán Cubillos, el primer civil que asumió de canciller en el régimen de Pinochet (1978-1980); Emilio Santelices Cuevas en la cartera de Salud, su hermano Gonzalo es vinculado a la caravana de la muerte; y, Andrés Chadwick en la cartera de Interior. Este es uno de los 77 jóvenes del recordado acto del Cerro Chacarillas y de quien hay testimonios de cómo golpeaba a los opositores de la dictadura.

Las mujeres claman por justicia
Las chilenas ayer denunciaron nuevamente las atrocidades sexuales que sufrieron en la dictadura de Pinochet.

Vestidas de luto recorrieron las calles del centro de Santiago para reclamar memoria y visibilizar las violaciones a los derechos humanos y los abusos sexuales de cientos de prisioneras de la dictadura.

La procesión de las mujeres fue el primero de varios actos organizados por los colectivos chilenos, en contraposición con la decisión del gobierno de no realizar ceremonias oficiales.

Beatriz Bataszew, exdetenida y vocera de memoria de la Coordinadora 8M, detalló en una entrevista con diario El Clarín: “Hemos decidido hacer una procesión por seis lugares que fueron centros de tortura, secuestro y violencia política y sexual en la dictadura, y que hoy día están absolutamente invisibilizados e incluso algunos son locales comerciales”.

De acuerdo con el informe policial, entre 1973 y 1974,  3.200 personas murieron a manos de agentes del Estado, de quienes 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron encarcelados y torturados por causas políticas. De esta última cifra, a 30 personas las torturaron con violaciones sexuales.

El informe realizado hace 15 años por una comisión investigadora, presidida por el obispo Sergio Valech, determinó: “De acuerdo con los testimonios, las violaciones hetero y homosexuales se cometieron de manera individual o colectiva. En algunos casos se ha denunciado, además, que dicha violación se produjo ante familiares, como un recurso para obligarlos a hablar”. 

El tributo a Allende
Asimismo, ayer diversos representantes políticos de la oposición al gobierno, entre ellos miembros del Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD), homenajearon a Allende en la puerta Morandé 80, en un costado de la sede de gobierno.

Por ese lugar, Allende ingresaba y salía del Palacio de La Moneda, y por ella sacaron su cadáver el día del golpe de Estado, tras la destrucción del inmueble por los bombardeos, después de que rechazara rendirse.

Cuando La Moneda fue reconstruida, aún en la dictadura, la puerta desapareció, pero el presidente Ricardo Lagos (2000-2006) dispuso su reconstrucción en 2003.

En ese lugar depositaron claveles rojos en memoria del expresidente socialista, una tradición que cada año reúne a políticos y representantes sociales y de agrupaciones de derechos humanos. (I) 

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