Miles de personas -unas 40.000- se congregaron en Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona en la segunda jornada de protestas por la condena contra nueve líderes independentistas.

El Tribunal Supremo español (TS) les impuso el lunes penas de entre 9 y 13 años de cárcel por el proceso independentista ilegal de 2017 en la región española, que goza de amplia autonomía.

El embajador de España en Ecuador, Carlos Abella y de Arístegui, destacó que la sentencia contra los líderes catalanes “es el resultado de un proceso judicial con todas las garantías” y “transparencia”.

El diplomático, mediante un comunicado, apuntó que la Constitución española garantiza el pluralismo político, “por tanto nadie es juzgado por sus ideas ni proyectos políticos, sino por delitos recogidos en nuestro ordenamiento jurídico”.

El Gobierno español, tras la sentencia, desea abrir una nueva etapa de concordia en Cataluña, indicó. (I)