Camino hacia la paz está en el agro

La sociedad civil colombiana demanda al Gobierno una pronta solución a temas como el despojo violento de tierras, la apropiación que mantienen los grandes terratenientes y la búsqueda de la equidad en materia rural como eje principal del conflicto armado.

Esas son las conclusiones que se desprenden de las más de 400 mil  propuestas que presentaron 1.200 representantes  de 15 sectores de la sociedad  civil durante el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral que se realizó la semana anterior en la capital cubana, La Habana.

Las propuestas,  que serán entregadas a la mesa de diálogo entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 8 de enero, fueron presentadas por los representantes de campesinos, estudiantes, indígenas, afrocolombianos, gremios y empresarios, quienes en sus intervenciones mostraron la realidad del  agro colombiano.

El diálogo fue organizado por  la Oficina de las Naciones Unidas en el país andino y al Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional.

El rector de  la Universidad Nacional, Ignacio Mantilla, recordó que Colombia ha vivido desde hace casi medio siglo un conflicto armado interno que ha producido dolor y sufrimiento a la sociedad, así como heridas difíciles de sanar.

“Este esfuerzo debe prepararnos para la construcción de una solución a este largo enfrentamiento y para examinar y preparar una sociedad colombiana pos-conflicto”, sostuvo Mantilla.

El académico dijo que se deben sumar los aportes en temas de paz, reforma agraria, reforma territorial y desarrollo sostenible, entre otros. “Decidimos asumir el compromiso de contribuir al proceso desde la academia y, con tal fin, creamos el Centro de Pensamiento y Seguimiento a los Diálogos de Paz para realizar los foros”, explicó Mantilla.

Por su parte, Bruno Moro, coordinador residente y humanitario de las Naciones Unidas en Colombia, señaló que “Colombia ha tomado una decisión histórica y ha optado por el diálogo como instrumento para  superar el conflicto armado”.

Para el diplomático es crucial “contribuir a crear condiciones para una paz sostenible,  porque el tema de la tierra constituye la raíz histórica principal del conflicto armado colombiano. Y porque su finalidad es fomentar la participación de la sociedad civil en la transformación del conflicto hacia la paz”.

Moro resaltó que “no existe una receta única para la paz y para el desarrollo rural: la solución tiene que nacer a través de la participación activa, crítica, constructiva y plural de todos los actores de la sociedad colombiana”.

Precisamente, para aliviar la situación de la tierra en Colombia, el Gobierno implementó  la Ley 1448 de 2011, que es conocida como Ley de Restitución de Tierras. Sobre su desarrollo, el profesor Darío Fajardo, de la Universidad Nacional, indicó a El Telégrafo que “está dirigida a devolver las tierras a las víctimas del despojo, pero en su aplicación se hace evidente que además de las dificultades técnicas se enfrentan a capacidades políticas, armadas y burocráticas para impedir su aplicación. “La titulación sería una manera de protección, pero en condiciones de guerra es explicable que la mayoría de víctimas  del conflicto no quieran regresar”, dijo.

Otro punto crítico corresponde a los créditos, ya que los predios se convertirían en las garantías y, dada la incertidumbre en el sector agrícola, es necesario contar con normas que protejan a los productores, que existan intereses manejables y otras formas de pago.

Aun así, los expertos consideran que el Gobierno y los campesinos podrían acordar titulaciones colectivas. Es necesario contar con la colaboración de las comunidades para la identificación de las tierras usurpadas y buscar condiciones de sostenibilidad ambiental.

Esta visión sobre el problema de la tierra contrasta con la opinión del sector empresarial agrario, representado por Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, quien sostiene que deben aplicarse políticas que armonicen enfoques territoriales globales y locales. Para el dirigente gremial, las necesidades del campo deben ser inversión privada y pública que permita cerrar la brecha rural-urbana, así como la construcción de vías adecuadas, inversión y seguridad social, educación de calidad.

Por su parte, Luis Fernando Arias, consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, recordó que “la solución del conflicto armado es una necesidad para todo el país y de manera prioritaria para quienes ante la degradación del mismo y la violación de los derechos humanos por todos los actores armados, sufrimos las muertes y masacres, junto con la desestructuración de nuestras comunidades, economías, infraestructuras, culturas, territorios y procesos organizativos y de gobernabilidad”.

Sin embargo, para Eberto Díaz Montes, de la Mesa Nacional de Unidad Agraria, “es  necesario  el reconocimiento político del campesinado como sujeto de derechos específicos y actor social  con identidad propia y pluricultural.

Respecto a la  seguridad alimentaria que afecta al país y que también surge como punto clave en la política agraria, Díaz Montes señaló que el Estado debe propiciar la producción de alimentos en forma sostenible con el medio ambiente. “La tierra es un derecho fundamental para las comunidades rurales”, afirmó.