Francisco Guzmán se despertó junto a una pila de excrementos. No una, sino varias veces. No es inusual que alguien haga sus necesidades al lado del lugar que usa para dormir. En los 35 años que ha vivido en la calle, él mismo ha entrado muchas veces a una casa vacía para agacharse sobre una bolsa de plástico. Después, siempre tiró el paquete a la basura. 

Así lo cuenta este hombre de 61 años en una esquina del barrio de Los Mártires, en el sur de Bogotá. Esta parte de la capital colombiana se caracteriza por sus bolsas de basura reventadas.

“La vergüenza desapareció en algún momento”, cuenta Guzmán. Pero del miedo a ser pillado nunca se libró del todo. Orinar y defecar en público se castiga en Colombia con una multa de hasta 936.323 pesos. Esto corresponde a unos 234 dólares y 32 veces el ingreso mínimo diario en Colombia.

Pero las personas sin hogar no suelen tener otra opción: los baños públicos son escasos, y en momentos de intimidad, las personas sin hogar ofrecen un objetivo fácil a los grupos armados, la Policía o los transeúntes.

En 2018, 12 personas sin hogar fueron asesinadas en Colombia mientras hacían sus necesidades o se lavaban.

“A estas personas se les niega prácticamente el derecho a existir”, dice Sebastián Lanz, de 25 años, cofundador de la ONG Temblores.

La Fundación ha publicado un informe que se centra en la falta de baños públicos. Llega a una conclusión chocante: por miedo a los asaltos, muchos sin hogar se alivian en su propio lugar de dormir o incluso en su propia vestimenta.

“Están siendo constantemente criminalizados. Las cifras oficiales muestran que los miembros de las autoridades públicas son los principales agresores”, dice Lanz.

En algún momento, José Luis Barrientos Díaz ya no sintió el miedo. Se sube el jersey azul y muestra tres cicatrices en la piel. Dos pinchazos en las costillas y un largo desgarro que va del esternón al ombligo. “Esos eran tres hombres que disfrutaban viéndome sangrar”, dice.

Terminó en las calles a los 14 años, cuando ya era adicto al bazuco, una droga altamente adictiva basada en la pasta de cocaína, a menudo diluida con polvo de ladrillo o cemento. “Ya no estaba cuerdo, ya no te importa tu vida, tu humanidad”, relata.

Guzmán y Barrientos Díaz tienen experiencias con la violencia policial. Los dos hombres apenas se conocen, pero describen experiencias similares: la Policía recoge a una persona sin hogar y la obliga a desvestirse, la riega con un chorro de agua fría, y a menudo eso seguido de golpes. El simple delito de orinar en público sirve para desatar una espiral de violencia.

Según Temblores, Bogotá tiene 7,42 baños públicos por cada 10.000 habitantes, y el acceso a las pocas instalaciones suele estar limitado para las personas sin hogar.

En el Parque Metropolitano Cayetano Cañizares, por ejemplo, las personas sin hogar solo pueden entrar durante tres horas al día, según un cartel en los baños.

En el Parque Tercer Milenio, en Los Mártires, donde tienen su base Guzmán y Barrientos Díaz, también hay baños públicos. El parque está rodeado por altas vallas. La Policía y el personal de seguridad están omnipresentes.

En 2018 hubo un proyecto piloto para instalar más baños públicos bajo la alcaldía de Enrique Peñalosa. Sin embargo, la autoridad responsable no da información sobre los resultados.

“El gobierno de Peñalosa ha manipulado las cifras”, dice Sebastián Lanz. “En la cifra se incluyeron los baños de los estadios deportivos y centros comerciales. Y esos lugares se reservan el derecho de entrar, lo que perjudica directamente a los ciudadanos sin hogar”.

La organización Temblores planea presentar un caso ante el Tribunal Supremo antes de finales de este año, para endurecer los castigos a las operaciones policiales violentas contra las personas sin hogar.

Lanz también ha presentado el informe sobre los baños públicos a las autoridades de la recién elegida alcaldesa Claudia López.

Aún no hay respuestas concretas, dice el activista, “pero esperamos que mantengan más alta la dignidad de las personas sin hogar”.

Francisco Guzmán ya no duerme en la calle. Desde hace más de un año acude a uno de los seis refugios para personas sin hogar. Allí tiene una ducha y un baño.

En un pueblo a las afueras de Bogotá viven algunos de sus primos. Una oportunidad a una nueva vida que no quiere desperdiciar. “No voy a ir allí hasta que no haya dejado esta vida completamente atrás”, dice.

Cifras de personas sin casa en otros países
Según la organización Médicos del Mundo, los datos recogidos en la Estrategia Nacional Integral para Personas Sin Hogar 2015-2020 señala que el número de personas sin hogar ha aumentado en todos los países de la Unión Europea durante el período de crisis económica.

En su página web (medicosdelmundo.org), la agrupación señala que las políticas europeas han centrado sus esfuerzos en reducir los efectos de la crisis desde las necesidades y requisitos del neoliberalismo.

Esto ha creado un escenario institucional de aceptación de la exclusión social como parte del sistema.

“Las personas sin hogar ven reducida su esperanza media de vida en 20 años respecto el resto de la población. Y presentan entre 2 y 50 veces más problemas de salud físicos que el resto de la población”, dice la publicación.

Además, las condiciones de vida de este colectivo son un agravante, dando lugar a enfermedades o cronificando las ya existentes.

La prevalencia de enfermedades como la tuberculosis o el VIH son elevadas en relación al resto de la población. En España, diversos estudios sobre salud mental entre personas en situación de sin hogar sitúan la tasa de esquizofrenia entre un 4% y un 13% y la de depresión mayor entre un 2% y un 20%.

La mayoría de las personas sin hogar no acceden a los servicios de atención primaria, sino que son atendidas a través de los servicios de urgencias en una situación grave o extrema.

El Instituto Nacional de Estadística de España señala que en este país, 24,3% de las personas sin hogar de nacionalidad española y 75,7% de otras nacionalidades, no tenía tarjeta sanitaria.

Los problemas de salud específicos, así como las peores condiciones de salud y hábitos de este colectivo, se ven agravados por la aplicación de medidas que impiden el acceso a servicios de atención primaria a personas que se encuentran en situación irregular, señala Médicos del Mundo. (I)