Brasil apuesta a más crédito público y menos juicio político para afrontar la crisis

Mientras espera que en febrero el Congreso pueda sepultar el proceso de juicio político abierto en su contra por la oposición, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció líneas de crédito de la banca pública de unos $ 21.000 millones. El dinero será para reactivar la economía en recesión y que sufre con la baja del precio internacional de las materias primas y el freno a la inversión generado por la investigación de corrupción en Petrobras.

En ese marco, el dinero perdido por el ingreso de las materias primas -acompañada por la reducción del ritmo de compra de China, primer socio comercial desde 2009 de Brasil- deberá ser recompensado por una medida resistida por las élites industriales del país, el llamado el impuesto a las transacciones financieras.

La mandataria ganó musculatura política la semana que pasó: tras visitar por primera vez oficialmente Ecuador y participar en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Quito, que reunió al Consejo Económico y Social, donde se agrupa el arco ideológico del país. Allí anunció las medidas para retomar el crédito.

La inyección mediante los bancos públicos al consumo interno es una fórmula ya usada en Brasil y con mucho éxito. En 2009, Brasil percibió la crisis financiera originada en Estados Unidos y el entonces presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, abrió el grifo del crédito productivo mediante los públicos Caixa Economica Federal y Banco do Brasil y evitó la recesión. Es más, el país se preparaba para consolidar una clase media emergente de 100 millones de personas.

Pero 2015, uno de los peores años en resultados macroeconómicos (caída del PIB estimada en 3,7%), inflación fuera de la meta de 6,5% (casi 11%). El ajuste fiscal del año anterior fue cercano a los $ 30.000 millones.

“Hicimos un ajuste fiscal manteniendo nuestras políticas sociales de dimensión inédita en nuestra historia. Para el mediano y largo plazo será necesario realizar reformas en el gasto público para que aseguren un ritmo constante de inversiones y de programas sociales”, dijo la mandataria.

El público del Consejo Económico y Social incluye desde banqueros hasta líderes indígenas, pasando por cierta frivolidad, como el actor Wagner Moura, famoso por su rol en los filmes ‘Tropa de élite’ y en la serie ‘Narcos’.

Rousseff afirmó que confía en que este año el Congreso apruebe el nuevo impuesto que tasaría las operaciones financieras con el 0,2% y permitiría al gobierno equilibrar sus cuentas, que cerraron 2015 con un déficit en torno a los 115.000 millones de reales ($ 28.750 millones).

El presidente del Banco Central, Alexandre Tombini, afirmó que en cuanto al bolsillo de los brasileños la inflación tocó su techo en 2015. Se espera cerrar 2016 con un aumento de precios del 6,5% dentro de las metas.

El gobierno tiene dos frentes: el de la recuperación económica y el del juicio político. “Confiamos en poder dar vuelta la página rápidamente con el juicio político”, dijo el jefe de ministros, Jacques Wagner.

El jefe de la Cámara de Diputados, el opositor Eduardo Cunha, perdió fuerza por las denuncias de corrupción en su contra y eso lo arrastró a una venganza personal hacia Rousseff para iniciarle un proceso de destitución. El gobierno confía en que el momento político del ‘golpismo’ fue superado y tendrá los votos suficientes en la Cámara Baja para enterrar el juicio político.

La gran duda es si la Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en Petrobras, seguirá golpeando la actividad en el país. Desde el gobierno se calcula que más de 2,5 puntos de la caída del PIB en 2005 se debe a la paralización de las grandes empresas (cuyos directivos están presos por pagar sobornos) que tenían grandes obras de infraestructura contratadas.

La presidenta recordó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) incluyó esta investigación que paralizó a las empresas de infraestructura como uno de los motivos de la caída de la economía brasileña.

A la par, el frente político está mezclado por una ola opositora dentro de algunas fiscalías que buscan conexiones entre el tráfico de influencias y el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuando magistrados abrieron investigaciones que involucran a la oposición al comprobarse que el sistema de corrupción en Petrobras había comenzado en la década del 90 en el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Lula da Silva, presidente entre 2003 y 2010, es reclamado por el Partido de los Trabajadores (PT) como el candidato para suceder a Rousseff en 2018. (I)