Bachelet aspira a crear 2 universidades estatales y 15 centros técnicos

La idea era comenzar el segundo año de su segundo gobierno con viento en popa, con las promesas de campaña más emblemáticas ya concretadas: la reforma al sistema tributario y de educación. Pero 2 escándalos no solo le han empañado el inicio del año político a Michelle Bachelet (el 11 de marzo), sino que la obligaron a cambiar las prioridades de La Moneda.

Fue un verano muy movido en Chile. Primero estalló el caso Penta, sobre financiamiento ilegal de campañas políticas de conocidas figuras de la oposición chilena, con sendas acusaciones contra una serie de empresarios que esta semana fueron sometidos a prisión preventiva. Luego se conoció un negocio de compra de tierras presuntamente irregular y nada ético, nada menos que de Sebastián Dávalos, el hijo de Bachelet, por lo que debió renunciar a su cargo de asesor socio-cultural.

Esta última controversia es la que más ha golpeado a la mandataria, porque afecta al corazón de su discurso: la lucha contra la desigualdad.

El mayor cuestionamiento al hijo de Bachelet es que habría buscarse enriquecerse aprovechando su posición de privilegio, es decir, todo lo contrario a lo que propone el gobierno de su madre.

En un mensaje televisado transmitido la noche del martes, Bachelet hizo frente a ambos escándalos y además delineó sus propuestas para el segundo año del gobierno de la Nueva Mayoría. “Hemos visto cómo algunos usan el poder de su dinero para influir las decisiones de la democracia. Y hemos visto también cómo algunos usan la influencia que otorgan los cargos democráticos y públicos”, y anunció un Consejo Asesor contra los conflictos de interés, el tráfico de influencias y la corrupción, que tendrá 15 miembros y un plazo de 45 días para presentar propuestas.

“Debemos hacer que estos casos no vuelvan a repetirse”, dijo la gobernante socialista. En un consejo de gabinete realizado el sábado, definió las prioridades para 2015, que ya fueron transmitidas a los jefes de los partidos políticos que integran la alianza oficialista Nueva Mayoría.

Una de las mayores novedades es que fijó el próximo 21 de mayo como fecha tope para aprobar en el Congreso el proyecto que perfecciona el sistema de financiamiento de la política. En Chile, los presidentes dan cuenta al país el 21 de mayo, día en que se conmemora el Combate Naval de Iquique. Esta nueva normativa propone eliminar los aportes de empresas para las campañas políticas y suprimir la figura de donaciones reservadas a los candidatos. Además, plantea un financiamiento estatal a los partidos políticos y si un congresista recibe financiamiento irregular, será destituido.

La apuesta es también aprobar 15 proyectos de ley “que impacten positivamente la vida de los chilenos”, en palabras del vocero de gobierno, Alvaro Elizalde. Entre las principales propuestas figura la reforma laboral, cuyo proyecto fue presentado en diciembre y que reconoce a los sindicatos como los actores responsables de encausar los procesos de negociación colectiva, prohíbe reemplazar a los trabajadores en huelga y fortalece los derechos de las mujeres trabajadoras.

Al mismo tiempo busca crear 2 universidades estatales y 15 centros de formación técnica y una serie de beneficios para el retiro de profesores. Respecto de este último punto, se discutirá en el Legislativo la “segunda parte” de la reforma laboral que debería incluir la carrera docente, demandas históricas.

Pero el principal desafío del gobierno y también del sistema político, es recuperar la credibilidad tras el caso Penta y el escándalo del hijo de Bachelet, estima el analista político chileno Patricio Navia.