Bachelet apuesta por una nueva Constitución en Chile

Con un 30% de respaldo popular y en medio de los escándalos de presunta corrupción de figuras de la oposición y del oficialismo, entre estos su propio hijo, la presidenta Michelle Bachelet dio esta semana un golpe de timón, intentando retomar la agenda política en Chile. Mientras en 2014 las reformas y la desaceleración económica dominaron la ruta, de enero a esta parte la crisis por sendas acusaciones de corrupción y tráfico de influencias ha monopolizado la discusión política, generando una gran crisis de desconfianza ciudadana.

Por eso, en un discurso transmitido por cadena nacional, Bachelet no solo dio a conocer los resultados de una comisión asesora que se creó para concretar una serie de medidas anticorrupción, sino que de manera totalmente sorpresiva la mandataria socialista anunció que en septiembre se iniciará un proceso para cambiar la Constitución de 1980, heredada del régimen de Augusto Pinochet.

Con este importante anuncio, Bachelet retomó una de las principales promesas de su campaña, pero al mismo tiempo está intentando cambiar el eje de la agenda política. Esto también se suma a la nueva ley que cambiará el sistema electoral chileno después de 25 años de democracia. Aunque la presidenta no especificó el mecanismo mediante el cual será transformada la Carta Magna, sí dijo que “daremos inicio al Proceso Constituyente abierto a la ciudadanía, a través de diálogos, debates, consultas y cabildos, que deberá desembocar en la Nueva Carta Fundamental”.

Para los analistas políticos, si bien el anuncio es de alto impacto, resulta un poco ambiguo. Ello, porque no se especifica, por ejemplo, si lo que se quiere hacer es convocar a una asamblea constituyente, para lo cual se necesitaría el visto bueno de dos tercios del Congreso, o bien se podría optar por un plebiscito ciudadano para cambiar la Constitución.

La izquierda ha presionado hace tiempo por una asamblea constituyente, como el único mecanismo válido y democrático para cambiar la Constitución, mientras que otros sectores estiman que debe ser el Congreso donde se discuta todo esto. El problema es que muchos legisladores están involucrados en sendos escándalos de corrupción, por lo que para muchos no es un ente legítimo.

Lo que sí está claro es que Bachelet quiere que sea la ciudadanía la que participe en este proceso, pero es una incógnita el modelo que se usará, así como también su validez legal. El Chile republicano ha tenido tres constituciones. La Carta Magna de 1833  permitió la consolidación del presidencialismo; la de 1925, generada por la crisis económica de esa década y la de 1980, impuesta por Pinochet mediante un “plebiscito”. Desde 1990 en adelante, los gobiernos de la Concertación han llevado a cabo una serie de modificaciones, por lo que ahora no pocos ciudadanos temen que la idea de Bachelet termine siendo una reforma más y no un cambio total a la Constitución.

La Carta Magna chilena tiene una serie de “amarres” y sesgos autoritarios. Si bien la Constitución consagra tradiciones republicanas y derechos individuales, la propia Bachelet reconoce que la mayoría de los chilenos desconfía de su Carta Magna. Aparte del sistema binominal (recién reformado) y el rechazo a la “democracia protegida”, en varias de sus disposiciones la Constitución de Pinochet exige una mayoría de 4/7 en el Congreso para reformar votaciones en temas clave, como educación, partidos políticos y Fuerzas Armadas.

El analista político chileno Patricio Navia plantea que “como devolver el poder a los ciudadanos es una condición para tener una verdadera nueva Constitución, la Asamblea Constituyente es la única opción que permitirá producir una nueva Constitución. Cualquier otra cosa sería solo reformar la Constitución de Pinochet”.

“El cambio a la Constitución le permite a Bachelet situarse en la posición que más la acomoda: del lado de la ciudadanía y al frente de la derecha”, escribió en su columna en el diario La Tercera el analista político Max Colodro. Tanto empresarios como la oposición de centroderecha criticaron el anuncio de Bachelet, especialmente por el momento que escogió para hacerlo, ya que –a juicio de esos sectores- distrae de la discusión por los casos de supuesta corrupción política. (I)