Argentina se endeuda para pagar a los 'buitre'

Cercado por una inflación que este mes amenaza alcanzar 7% y un creciente descontento social por un severo ajuste y una oleada de despidos tanto en el sector público como en el privado, el gobierno de Mauricio Macri presentó como un éxito ‘increíble’ la demanda por $ 67.000 millones alcanzada por tres nuevos bonos de deuda que en parte se destinarán para pagar a los ‘fondos buitre’. Finalmente el país resolvió endeudarse en $ 16.500 millones, la emisión más grande de deuda soberana en 20 años de un país en desarrollo después de México.

“La demanda fue por más de $60.000 millones, la demanda más grande de la historia argentina para un bono y está posiblemente entre las 20 más grandes de la historia. Para un país que está en default es increíble. Es pasar de la oscuridad a la posibilidad de volver a conectarnos con el mundo”, afirmó el ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat-Gay.

Si bien la deuda a pagar a los ‘holdouts’ asciende a $ 12.500 millones (1.000% más que el monto invertido en la compra de bonos basura), el gobierno decidió tomar $16.500 millones, 4.000 millones más de los necesarios. El pago a gran parte de los fondos especulativos, que se efectivizaría este viernes, permitirá al país austral salir del default selectivo en que cayó en 2014.

Para los bonos a tres años, la tasa a pagar será de 6,25%, con una toma de deuda de $ 2.750 millones, mientras que para los títulos a cinco años se pagará 6,875% y se tomaron $ 4.500 millones. Para los de 10 años se convalidó una tasa de 7,5%  con un capital de $ 6.500 millones y finalmente para los de 30 años la tasa será de 8% con un monto de $2.750 millones.

Pero la euforia oficial fue contrastada por analistas. “La alta demanda por los bonos locales está explicada en gran parte por los atractivos rendimientos y consecuentemente no debe ser interpretada como un “ya estamos, ya hicimos el trabajo sucio, el mercado ya lo reconoció. Por el contrario, queda mucho por hacer en ese sentido. Por eso mismo, hemos tenido que ofrecer esos relativamente altos rendimientos”, dijo Gabriel Caamaño Gómez, economista-jefe de la consultora Ledesma.

Buenos Aires tiene que pagar antes del viernes próximo la deuda con los tenedores de bonos en default, según el acuerdo alcanzado con los ‘holdouts’ tras el fallo desfavorable del juez neoyorquino Thomas Griessa, que puso a la Argentina contra las cuerdas.

En las últimas semanas, un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York allanó el camino para salir del default al levantar las restricciones que pesaban sobre el país para cumplir con el acuerdo.

Pero no todas son rosas en el camino que augura el gobierno. Son cada vez más los expertos que advierten que el acuerdo con los ‘fondos buitre’ será una plataforma para una nueva ola de juicios contra el país.

Los nuevos reclamos podrían englobar a los bonistas que ingresaron a los canjes del 2005 y 2010.

Según el Centro de Estudios Sociales y Económicos Sacalabrini Ortiz  (CESO), los juicios podrían alcanzar cifras que van de un piso de $ 70.000 millones a más de $200.000 millones. “Las posibilidades legales corren por dos carriles. Por un lado, por la aplicación de la cláusula RUFO que daba a quienes ingresaron a los canjes 2005 y 2010 el derecho a acceder a una futura oferta mejor”, como la que obtuvieron los holdouts, sostuvo el trabajo liderado por el economista Andrés Asiain. Los viejos bonistas sufrieron quitas de hasta 65%.

El estudio precisó: “Si bien esta cláusula venció en diciembre de 2014, su aplicación podría ser restablecida si un juez interpreta que Argentina solo pospuso el pago de una sentencia que estuvo firme cuando la cláusula no había vencido” ya que durante aquel año el anterior gobierno de Cristina Fernández de Kirchner evitó pagarles a los ‘holdouts’ precisamente para no disparar la llamada cláusula RUFO.

El  argumento del centro de estudios fue el mismo que utilizó el kirchnerismo para rechazar el acuerdo con los fondos especulativos en el Congreso. Otra posibilidad, según el estudio, es que las demandas se apoyen sobre el entramado legal que dio sustento a las reestructuraciones de deuda.

Pero otros analistas respaldan la visión del gobierno que minimiza ese riesgo afirmando que se trata de una interpretación “bastante poco probable” si se tiene en cuenta que hubo un cambio de gobierno y que la cláusula RUFO no debiera aplicarse al pago de sentencias. (I)